Cementos Mexicanos (Cemex) informó ayer por la noche que interpondrá una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias por Inversiones, “debido a la confiscación de los bienes y privación de derechos” de su filial en Venezuela “y el posterior inicio del procedimiento de expropiación” realizado por el gobierno de aquel país.
En una comunicación a la prensa dada a conocer a las 22:30 horas, Cemex calificó las medidas adoptadas por el gobierno venezolano “como una violación flagrante a la Constitución, la Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela”, además de señalar que el gobierno del presidente Hugo Chávez “no respeta los principios del derecho internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones aplicables al caso, que prohíben la ocupación de bienes y privación de derechos, sin previa indemnización, justa y efectiva, y sin previo procedimiento de expropiación”.
La compañía mexicana, con presencia en más de 50 países, afirmó en su comunicado que “siempre ha mantenido una posición de respeto a las decisiones soberanas de los Estados donde opera”, por lo que destacó que “como empresa pública internacional tiene la obligación, ante sus accionistas, de defender los intereses de la empresa”.
Por primera vez desde la medianoche del 18 de agosto, cuando tropas de la Guardia Nacional de Venezuela tomaron el control de sus instalaciones, el corporativo dio a conocer su posición frente a las medidas de nacionalización de sus plantas en aquel país.
Explicó: “Cemex no pudo aceptar la propuesta de compensación ofrecida por el gobierno de Venezuela en el proceso de nacionalización de sus activos en ese país después de un cuidadoso análisis, ya que considera que la oferta de 650 millones de dólares por su participación está muy alejada del valor real de la misma”.
Además, la oferta presentada a Cemex “es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de EBITDA” (flujo de efectivo).
Sin perjuicio de lo anterior, concluyó el comunicado, “Cemex siempre ha estado diosponible para el diálogo con el gobierno de Venezuela y continuará con la intención de llegar a una solución aceptable para las partes”.
Por su parte, el gobierno de Venezuela decretó la adquisición forzosa de la filial de Cementos Mexicanos en su territorio, luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo en medio del proceso de nacionalización de las principales empresas de ese sector en el país sudamericano.
Además, el gobierno extendió por 24 horas la suspensión de las operaciones accionarias de Cemex Venezuela en la Bolsa de Caracas, con el argumento de preservar los intereses de los accionistas minoritarios.
El decreto, con fecha 19 de agosto, fue publicado en la Gaceta Oficial que circuló el miércoles y que indica que la compra ordenada por el presidente Hugo Chávez alcanza a las acciones de la empresa, filiales y afiliadas, los derechos, bienes muebles e inmuebles, maquinarias y equipos, entre otros.
La adquisición forzosa de los activos de Cemex Venezuela le permite al gobierno controlar 90 por ciento del mercado del cemento en el país.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asumió el martes el control de Cemex, luego de que el Ejecutivo firmó el lunes acuerdos con la francesa Lafarge y la suiza Holcim para su estatización, pero no con la mexicana.
El gobierno venezolano negoció la adquisición de 89 por ciento de las acciones de Lafarge por 257 millones de dólares, así como de 85 por ciento de Holcim por 572 millones de dólares.
Las acciones de Cemex cerraron el miércoles sin cambios respecto al martes a 20.92 pesos en la bolsa mexicana, mientras en el mercado de Nueva York ganaron 0.63 por ciento, a 20.78 dólares.
La compra forzosa fue oficializada un día después de que tropas de la Guardia Nacional ocuparon las cuatro plantas de Cemex en el país, en una medida de expropiación generada por el desacuerdo en el precio de venta.
El decreto indica que se procede a la adquisición forzosa de Cemex, ya que está vinculada “con actividades estratégicas para el desarrollo de la nación”.
En una comunicación a la prensa dada a conocer a las 22:30 horas, Cemex calificó las medidas adoptadas por el gobierno venezolano “como una violación flagrante a la Constitución, la Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela”, además de señalar que el gobierno del presidente Hugo Chávez “no respeta los principios del derecho internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones aplicables al caso, que prohíben la ocupación de bienes y privación de derechos, sin previa indemnización, justa y efectiva, y sin previo procedimiento de expropiación”.
La compañía mexicana, con presencia en más de 50 países, afirmó en su comunicado que “siempre ha mantenido una posición de respeto a las decisiones soberanas de los Estados donde opera”, por lo que destacó que “como empresa pública internacional tiene la obligación, ante sus accionistas, de defender los intereses de la empresa”.
Por primera vez desde la medianoche del 18 de agosto, cuando tropas de la Guardia Nacional de Venezuela tomaron el control de sus instalaciones, el corporativo dio a conocer su posición frente a las medidas de nacionalización de sus plantas en aquel país.
Explicó: “Cemex no pudo aceptar la propuesta de compensación ofrecida por el gobierno de Venezuela en el proceso de nacionalización de sus activos en ese país después de un cuidadoso análisis, ya que considera que la oferta de 650 millones de dólares por su participación está muy alejada del valor real de la misma”.
Además, la oferta presentada a Cemex “es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de EBITDA” (flujo de efectivo).
Sin perjuicio de lo anterior, concluyó el comunicado, “Cemex siempre ha estado diosponible para el diálogo con el gobierno de Venezuela y continuará con la intención de llegar a una solución aceptable para las partes”.
Por su parte, el gobierno de Venezuela decretó la adquisición forzosa de la filial de Cementos Mexicanos en su territorio, luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo en medio del proceso de nacionalización de las principales empresas de ese sector en el país sudamericano.
Además, el gobierno extendió por 24 horas la suspensión de las operaciones accionarias de Cemex Venezuela en la Bolsa de Caracas, con el argumento de preservar los intereses de los accionistas minoritarios.
El decreto, con fecha 19 de agosto, fue publicado en la Gaceta Oficial que circuló el miércoles y que indica que la compra ordenada por el presidente Hugo Chávez alcanza a las acciones de la empresa, filiales y afiliadas, los derechos, bienes muebles e inmuebles, maquinarias y equipos, entre otros.
La adquisición forzosa de los activos de Cemex Venezuela le permite al gobierno controlar 90 por ciento del mercado del cemento en el país.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) asumió el martes el control de Cemex, luego de que el Ejecutivo firmó el lunes acuerdos con la francesa Lafarge y la suiza Holcim para su estatización, pero no con la mexicana.
El gobierno venezolano negoció la adquisición de 89 por ciento de las acciones de Lafarge por 257 millones de dólares, así como de 85 por ciento de Holcim por 572 millones de dólares.
Las acciones de Cemex cerraron el miércoles sin cambios respecto al martes a 20.92 pesos en la bolsa mexicana, mientras en el mercado de Nueva York ganaron 0.63 por ciento, a 20.78 dólares.
La compra forzosa fue oficializada un día después de que tropas de la Guardia Nacional ocuparon las cuatro plantas de Cemex en el país, en una medida de expropiación generada por el desacuerdo en el precio de venta.
El decreto indica que se procede a la adquisición forzosa de Cemex, ya que está vinculada “con actividades estratégicas para el desarrollo de la nación”.
Juan Antoni Zúñiga, Reuters, Notimex, DPA y AFP, La Jornada, 21 de agosto.
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