El gobierno federal asumirá la propuesta de cinco puntos para combatir a las bandas criminales que planteó la organización México Unido contra la Delincuencia, en la que se propone un trato “especializado” para enfrentar el secuestro.
El pasado 13 de agosto, luego de la trágica muerte del joven Fernando Martí, la organización civil hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “escuchen a la sociedad y tomen una decisión de Estado de reducir drásticamente este delito”.
En respuesta, el gobierno federal informó a MILENIO que se comprometió a asumir los cinco puntos propuestos por esta ONG. El primero es la creación de un observatorio ciudadano del secuestro, que servirá para evaluar el desempeño de las autoridades, y permitirá conocer los índices delictivos y el avance en los procesos legales de las diferentes instituciones involucradas.
El segundo es una “estrategia nacional de combate al secuestro” que implica la creación de un centro que reúna toda la información de inteligencia sobre el plagio, que estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
México Unido también exige la aprobación de una “ley general antisecuestro” que defina con precisión las obligaciones y responsabilidades de todas las autoridades involucradas en la prevención, investigación y sanción de ese delito.
El cuarto punto es la creación de un “reclusorio de máxima seguridad especializado para secuestradores”, que tiene sustento en el artículo 18 constitucional. Plantean que los sentenciados no tengan los beneficios de preliberación o análogos.
La quinta propuesta se refiere a la “reglamentación del uso de la telefonía celular”. Aquí se proponen esquemas para impedir el uso de estos aparatos como herramientas del delito, además de contar con recursos tecnológicos para rastrear y ubicar dichos dispositivos.
Por separado, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, señaló que el gobierno federal está analizando algunas propuestas provenientes de organizaciones sociales, como la de México Unido contra la Delincuencia, con el fin de empatarlas con la oficial.
Cuando se le preguntó si el presidente Calderón también prevé la exigencia de algunos sectores de la ciudadanía de que renuncie el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el funcionario aclaró que no hay ninguna intención en ese sentido.
En tanto, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, señaló que en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del próximo 21 de agosto se “dejarán de lado los protocolos, a fin de perfilar la participación de todo el gobierno en el combate a la violencia y el consumo de drogas”. Se pretende no dar “palos de ciego”, sino armonizar tareas para combatir a la delincuencia entre los tres niveles de gobierno.
“Con ánimo constructivo”
Ante las críticas que se han dado respecto a la inseguridad en el país, el secretario de Gobernación advirtió que el gobierno federal no caerá en provocaciones “de quienes quieren lucrar políticamente” con el tema.
Agregó que lejos de la reyerta, Felipe Calderón asistirá a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el próximo jueves con “ánimo constructivo, de colaboración, con el fin de alcanzar compromisos concretos y verificables por la sociedad civil organizada.
“Para cada uno de los objetivos, para cada una de las metas, para cada uno de los compromisos, la intención es ponerle un plazo concreto para que pueda ser evaluado y revisado por la sociedad misma”, enfatizó el encargado de la política interna.
Cambia la ruta
Los organizadores de la marcha contra la inseguridad y la delincuencia, programada para el próximo 30 de agosto, anunciaron que el itinerario cambió. Ahora será del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y no del Auditorio Nacional al monumento de Reforma, como se tenía previsto inicialmente. La protesta comenzará las 18 horas.
Invitaron a la sociedad a asistir con ropa blanca y llevar velas, que se encenderán a partir de las 20 horas.
También reiteraron su invitación a políticos y partidos para que no asistan al recorrido, pues recordaron que éste tienen un carácter ciudadano.
El pasado 13 de agosto, luego de la trágica muerte del joven Fernando Martí, la organización civil hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “escuchen a la sociedad y tomen una decisión de Estado de reducir drásticamente este delito”.
En respuesta, el gobierno federal informó a MILENIO que se comprometió a asumir los cinco puntos propuestos por esta ONG. El primero es la creación de un observatorio ciudadano del secuestro, que servirá para evaluar el desempeño de las autoridades, y permitirá conocer los índices delictivos y el avance en los procesos legales de las diferentes instituciones involucradas.
El segundo es una “estrategia nacional de combate al secuestro” que implica la creación de un centro que reúna toda la información de inteligencia sobre el plagio, que estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
México Unido también exige la aprobación de una “ley general antisecuestro” que defina con precisión las obligaciones y responsabilidades de todas las autoridades involucradas en la prevención, investigación y sanción de ese delito.
El cuarto punto es la creación de un “reclusorio de máxima seguridad especializado para secuestradores”, que tiene sustento en el artículo 18 constitucional. Plantean que los sentenciados no tengan los beneficios de preliberación o análogos.
La quinta propuesta se refiere a la “reglamentación del uso de la telefonía celular”. Aquí se proponen esquemas para impedir el uso de estos aparatos como herramientas del delito, además de contar con recursos tecnológicos para rastrear y ubicar dichos dispositivos.
Por separado, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, señaló que el gobierno federal está analizando algunas propuestas provenientes de organizaciones sociales, como la de México Unido contra la Delincuencia, con el fin de empatarlas con la oficial.
Cuando se le preguntó si el presidente Calderón también prevé la exigencia de algunos sectores de la ciudadanía de que renuncie el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, el funcionario aclaró que no hay ninguna intención en ese sentido.
En tanto, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, señaló que en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad del próximo 21 de agosto se “dejarán de lado los protocolos, a fin de perfilar la participación de todo el gobierno en el combate a la violencia y el consumo de drogas”. Se pretende no dar “palos de ciego”, sino armonizar tareas para combatir a la delincuencia entre los tres niveles de gobierno.
“Con ánimo constructivo”
Ante las críticas que se han dado respecto a la inseguridad en el país, el secretario de Gobernación advirtió que el gobierno federal no caerá en provocaciones “de quienes quieren lucrar políticamente” con el tema.
Agregó que lejos de la reyerta, Felipe Calderón asistirá a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el próximo jueves con “ánimo constructivo, de colaboración, con el fin de alcanzar compromisos concretos y verificables por la sociedad civil organizada.
“Para cada uno de los objetivos, para cada una de las metas, para cada uno de los compromisos, la intención es ponerle un plazo concreto para que pueda ser evaluado y revisado por la sociedad misma”, enfatizó el encargado de la política interna.
Cambia la ruta
Los organizadores de la marcha contra la inseguridad y la delincuencia, programada para el próximo 30 de agosto, anunciaron que el itinerario cambió. Ahora será del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino y no del Auditorio Nacional al monumento de Reforma, como se tenía previsto inicialmente. La protesta comenzará las 18 horas.
Invitaron a la sociedad a asistir con ropa blanca y llevar velas, que se encenderán a partir de las 20 horas.
También reiteraron su invitación a políticos y partidos para que no asistan al recorrido, pues recordaron que éste tienen un carácter ciudadano.
Milenio, 19 de agosto.
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