San José, 7 de agosto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy la audiencia final de una demanda contra Venezuela presentada por periodistas de la televisora Radio Caracas Televisión (RCTV), por agresiones y amenazas sufridas mientras cubrían manifestaciones callejeras.
Tres testigos –entre ellos dos camarógrafos de RCTV– declararon en la audiencia en la sede de la Corte en San José, presidida por el juez Sergio García Ramírez debido a una “leve y transitoria indisposición” de la presidenta del tribunal, Cecilia Medina.
La audiencia, que representa un nuevo capítulo en la larga disputa entre RCTV y el gobierno del presidente Hugo Chávez, comenzó con la declaración del camarógrafo Carlos Colmenares, quien relató un incidente ocurrido la noche del 19 de agosto de 2003 cuando –según su testimonio– fue herido por un policía en Caracas durante una manifestación.
Colmenares indicó que tras ser herido reclamó de inmediato por lo sucedido al jefe del escuadrón policial en el lugar, que desestimó sus quejas.
Los abogados de ambas partes y un representante de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, hicieron preguntas a los testigos.
Asimismo, los representantes legales de ambas partes, y el de la CIDH presentarán sus “alegatos finales orales” del caso antes de que la Corte dicte su fallo, lo que podría tomar de cuatro a seis meses.
Los otros testigos citados fueron el camarógrafo Antonio Monroy y, por la parte contraria, el ministro de Información, Andrés Izarra.
Venezuela ha insistido en que no existen pruebas de que las agresiones y amenazas hayan sido obra de agentes del Estado, y que el gobierno de Chávez no ha afectado el derecho a la libre información.
El abogado de Venezuela, Germán Sanstron, así como los de los demandantes, Pedro Nikken y Carlos Ayala, estaban optimistas en esta audiencia.
“Creemos que este es un caso muy importante para establecer estándares en este continente de que los periodistas no pueden ser impunemente agredidos”, dijo Ayala. “Queremos que se establezcan las responsabilidades internacionales del Estado y se respete el derecho a la libertad de expresión”, agregó.
Una veintena de reporteros y camarógrafos de RCTV presentaron la demanda, aduciendo que fueron amenazados y agredidos mientras cubrían manifestaciones, sin que las autoridades investigaran adecuadamente los hechos ni sancionaran a los responsables.
Chávez decidió en 2007 no renovar la concesión de RCTV para transmitir en señal abierta, al acusarla de haber difundido informaciones falsas sobre el fallido golpe de Estado de 2002, y ahora su programación sólo llega a suscriptores de televisión por cable.
Tres testigos –entre ellos dos camarógrafos de RCTV– declararon en la audiencia en la sede de la Corte en San José, presidida por el juez Sergio García Ramírez debido a una “leve y transitoria indisposición” de la presidenta del tribunal, Cecilia Medina.
La audiencia, que representa un nuevo capítulo en la larga disputa entre RCTV y el gobierno del presidente Hugo Chávez, comenzó con la declaración del camarógrafo Carlos Colmenares, quien relató un incidente ocurrido la noche del 19 de agosto de 2003 cuando –según su testimonio– fue herido por un policía en Caracas durante una manifestación.
Colmenares indicó que tras ser herido reclamó de inmediato por lo sucedido al jefe del escuadrón policial en el lugar, que desestimó sus quejas.
Los abogados de ambas partes y un representante de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, hicieron preguntas a los testigos.
Asimismo, los representantes legales de ambas partes, y el de la CIDH presentarán sus “alegatos finales orales” del caso antes de que la Corte dicte su fallo, lo que podría tomar de cuatro a seis meses.
Los otros testigos citados fueron el camarógrafo Antonio Monroy y, por la parte contraria, el ministro de Información, Andrés Izarra.
Venezuela ha insistido en que no existen pruebas de que las agresiones y amenazas hayan sido obra de agentes del Estado, y que el gobierno de Chávez no ha afectado el derecho a la libre información.
El abogado de Venezuela, Germán Sanstron, así como los de los demandantes, Pedro Nikken y Carlos Ayala, estaban optimistas en esta audiencia.
“Creemos que este es un caso muy importante para establecer estándares en este continente de que los periodistas no pueden ser impunemente agredidos”, dijo Ayala. “Queremos que se establezcan las responsabilidades internacionales del Estado y se respete el derecho a la libertad de expresión”, agregó.
Una veintena de reporteros y camarógrafos de RCTV presentaron la demanda, aduciendo que fueron amenazados y agredidos mientras cubrían manifestaciones, sin que las autoridades investigaran adecuadamente los hechos ni sancionaran a los responsables.
Chávez decidió en 2007 no renovar la concesión de RCTV para transmitir en señal abierta, al acusarla de haber difundido informaciones falsas sobre el fallido golpe de Estado de 2002, y ahora su programación sólo llega a suscriptores de televisión por cable.
AFP, La Jornada, 8 de agosto.
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