Entre los objetivos del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados rumbo al próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión destaca impulsar un paquete integral de reformas secundarias en materia de justicia penal, con el fin de completar los cambios constitucionales aprobados recientemente.
César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, explicó que urge la aprobación de dos nuevas leyes: la de Extinción de Dominio y la de Atención a Víctimas del Delito, así como expedir la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública antes del próximo 18 de diciembre.
A decir del mexiquense, la reforma constitucional al sistema de justicia penal es la respuesta legislativa del Estado mexicano al mandato original de garantizar la seguridad, y consideró que si existe genuina voluntad política, en el contexto del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, los plazos previstos para la plena entrada en vigor de la reforma constitucional de justicia penal pueden acortarse.
Camacho Quiroz precisó que a partir del próximo 1 de septiembre habrán de concretarse los cambios al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal Federal, así como a la Ley de la Policía Federal Preventiva, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para acompasarlas con la nueva letra de la Constitución en materia de justicia penal.
Sugirió también que la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá incluir reglas estrictas para la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, evaluación y reconocimiento de policías, además de establecer la creación de una base nacional de datos criminalísticos.
César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, explicó que urge la aprobación de dos nuevas leyes: la de Extinción de Dominio y la de Atención a Víctimas del Delito, así como expedir la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública antes del próximo 18 de diciembre.
A decir del mexiquense, la reforma constitucional al sistema de justicia penal es la respuesta legislativa del Estado mexicano al mandato original de garantizar la seguridad, y consideró que si existe genuina voluntad política, en el contexto del Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública, los plazos previstos para la plena entrada en vigor de la reforma constitucional de justicia penal pueden acortarse.
Camacho Quiroz precisó que a partir del próximo 1 de septiembre habrán de concretarse los cambios al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Penal Federal, así como a la Ley de la Policía Federal Preventiva, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para acompasarlas con la nueva letra de la Constitución en materia de justicia penal.
Sugirió también que la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá incluir reglas estrictas para la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, evaluación y reconocimiento de policías, además de establecer la creación de una base nacional de datos criminalísticos.
Rolando Ramos, El Economista, 25 de agosto.
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