Calderón convoca a consejo; Ebrard quiere su cumbre

En atención a la demanda de la asociación civil México Unido contra la Delincuencia, Felipe Calderón convocó a los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública —la plenaria en la que Federación, entidades y municipios articulan las estrategias contra el crimen— a una reunión para el próximo 24 de agosto.

Sin embargo, Marcelo Ebrard, uno de los convocados en tanto gobernante de la Ciudad de México, evadió confirmar su asistencia a ese encuentro, normado en la Ley del Sistema de Seguridad Nacional Pública, e insistió en su idea de organizar una “cumbre” en la que participen, además de los encargados de seguridad de la Federación y los estados, representantes de los poderes Legislativo y Judicial. Incluso, pidió a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que organice el cónclave.

El miércoles, México Unido contra la Delincuencia, que encabeza María Elena Morera, llamó a Presidencia, gobernadores y al jefe de Gobierno, así como al Legislativo y el Judicial, a una reunión urgente, a más tardar en 30 días, para tomar decisiones nacionales contra los secuestros. Exigió, asimismo, que las autoridades escuchen las propuestas de las organizaciones civiles para combatir ese delito.

Tanto Calderón como Ebrard, quien ha manifestado renuencia a compartir un foro con el Presidente, respondieron afirmativamente a la solicitud de Morera; sin embargo, el titular del GDF aclaró el miércoles que asistirá a un encuentro con el Presidente y su equipo de seguridad si se trata de una “cumbre”.

Ayer a las ocho de la mañana, Ebrard propuso que esa “cumbre” sea organizada por la Conago y se incluyan en la agenda 10 temas. Añadió que con ese propósito ya se habían enviado misivas a todos los mandatarios estatales.

Luego de que Ebrard expuso ese plan, Calderón convocó “de inmediato” a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrado por los 32 gobernantes, los secretarios de Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y Comunicaciones y Transportes, y el procurador general de la República.

“En atención a esta exigencia legítima de los ciudadanos para que nos reunamos los gobernantes y la sociedad civil organizada a analizar estos temas y a ponernos de acuerdo, he instruido a que de inmediato convoquen al consejo, donde estamos reunidas las autoridades locales y ciudadanos para analizar esos temas”, expresó.

El consejo, aclaró Calderón en Puebla, es el instrumento legal para acordar acciones sobre seguridad pública. Antes de su gira por esa entidad, el titular del Ejecutivo recibió a Morera en Los Pinos.

Por la noche, los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, pusieron en Bucareli fecha, lugar y hora de la plenaria: el próximo jueves, a las cinco de la tarde, en Palacio Nacional.

El consejo, ratificó Mouriño en un mensaje emitido desde Bucareli, es el ámbito institucional del Estado para tomar las decisiones de política pública para enfrentar el fenómeno de la inseguridad.

La agenda, aclaró, se integrará a partir de diversas reuniones que el Presidente sostendrá con gobernadores, representantes del Poder Judicial y miembros de organizaciones civiles.

Ebrard, sin embargo, dejó en el aire su asistencia al cónclave. En un chat se le preguntó si acudirá, pero respondió con otra pregunta: “¿Él (Calderón) va ir a la cumbre?”.

Un cibernauta también le cuestionó qué gobernadores prevé que asistan a la “cumbre” propuesta por él, y respondió: “Todos”.

Otro usuario le preguntó porqué trata de poner condiciones a la reunión con Calderón, cuando lo que se requiere son acciones y no palabras.

“No pongo condiciones; propongo una agenda para que la cumbre sirva de algo. ¿O qué, vamos a ir a escuchar un discurso, como los consejos de seguridad que ha habido?”, reviró el gobernante.


Los 10 puntos de jefe de Gobierno

1. Construir penales de alta seguridad para secuestradores y evitar que delincuentes del orden federal estén en penales locales.

2. Regular la telefonía celular (propuesta desde 2007 a la Cofetel y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes) para abatir las extorsiones telefónicas.

3. Autorizar las frecuencias requeridas para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia.

4. Garantizar que las procuradurías estatales tengan acceso a la información federal relacionada con secuestros y viceversa.

5. Detener el creciente tráfico de armas a México desde la frontera norte.

6. Instalar cámaras de videovigilancia en las carreteras federales para impedir el tránsito de delincuentes.

7. Crear una unidad de inteligencia financiera a la que tengan acceso las autoridades locales.

8. Instrumentar un sistema de evaluación de los órganos de seguridad y procuración de justicia y de la eficacia de la inversión pública en la prevención de actos delictivos de alto impacto como el secuestro.

9. Crear un programa de empleo en zonas de alta incidencia delictiva para revertir los efectos negativos de la actual situación económica.

10. Integrar un órgano ciudadano nacional de seguridad pública y procuración de justicia para supervisar los procesos de selección de policías.
Silvia Arellano, Lorena López y Vicente Hernández, Milenio, 15 de agosto.

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