Horas después de que cientos de trabajadores petroleros venezolanos con camisas rojas llegaron a fábricas de cemento a lo largo del país, la mexicana Cemex SA, el último bastión contra la más reciente ola de nacionalizaciones en Venezuela, comenzó a preparar su defensa contra la estatización en los tribunales internacionales.
Cemex, la tercera cementera del mundo, rechazó una oferta del gobierno venezolano de US$500 millones por sus activos en el país, que valoró entre US$1.400 millones y US$1.800 millones, según fuentes al tanto. La compañía está contemplando el llevar la demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal del Banco Mundial.
A última hora del lunes, cientos de empleados de la estatal Petróleos de Venezuela, el ministro de Energía Rafael Ramírez y el gobernador local cantaron el himno nacional mientras el reloj se acercaba a la medianoche en las instalaciones de Cemex en el estado de Anzoátegui. Al cumplirse las doce, los trabajadores asumieron el control de las instalaciones. Obreros de PDVSA y soldados venezolanos ocuparon otras instalaciones de Cemex en el país.
Mientras Cemex rechazó la oferta estatal por considerarla demasiado baja, la francesa Lafarge SA aceptó US$267 millones por el 89% de su filial local, al paso que la suiza Holcim Ltd. recibió US$552 millones por el 85% de su división venezolana.
Las nacionalizaciones constituyen el último intento de Hugo Chávez para consolidar el poder estatal sobre lo que considera industrias estratégicas. En los últimos dos años, el presidente venezolano ha comprado las principales compañías de telecomunicaciones y energía. También ha amenazado con apropiarse de las procesadoras de alimentos. El gobierno venezolano controlará el 90% de la industria cementera. En agosto de 2007, Venezuela nacionalizó Cementos Andino, una subsidiaria de la colombiana Cementos Argos. Doce meses después, las partes aún discuten la compensación.
Chávez culpó a las cementeras por la escasez que, en su opinión, estaba obstruyendo los esfuerzos del gobierno para resolver la aguda crisis inmobiliaria del país al exportar cemento en vez de producirlo para uso local. Cemex niega la acusación e insiste que en los últimos dos años un 98% de su producción en Venezuela se destinó al uso doméstico. Chávez anunció las nacionalizaciones en un discurso televisado en abril. Hasta entonces, Cemex había estado entre las firmas extranjeras que más habían apoyado la agenda social del gobierno al promover subsidios habitacionales a los pobres a través de tres fundaciones conocidas.
Fuentes al tanto dicen que la falta de experiencia del gobierno en la industria cementera implicaría que la nueva gerencia podría agudizar la escasez. "La gente cree que va a obtener cemento gratis, pero podría enfrentar una mayor escasez", dijo una fuente cercana. Las multinacionales no siempre se resisten a la expropiación. Muchas consideran que puede ser una salida viable de un país volátil, siempre y cuando el gobierno pague un precio adecuado. La semana pasada, por ejemplo, Ternium SA, la matriz del grupo argentino de acero y construcción Techint SA, acordó recibir US$1.650 millones por su 60% en la siderúrgica Sidor, según un diario argentino. El caso de Cemex es complicado por los activos fuera de Venezuela que pertenecían a su subsidiaria venezolana, como sus participaciones en cementeras de Panamá y la República Dominicana.
Cemex, la tercera cementera del mundo, rechazó una oferta del gobierno venezolano de US$500 millones por sus activos en el país, que valoró entre US$1.400 millones y US$1.800 millones, según fuentes al tanto. La compañía está contemplando el llevar la demanda al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal del Banco Mundial.
A última hora del lunes, cientos de empleados de la estatal Petróleos de Venezuela, el ministro de Energía Rafael Ramírez y el gobernador local cantaron el himno nacional mientras el reloj se acercaba a la medianoche en las instalaciones de Cemex en el estado de Anzoátegui. Al cumplirse las doce, los trabajadores asumieron el control de las instalaciones. Obreros de PDVSA y soldados venezolanos ocuparon otras instalaciones de Cemex en el país.
Mientras Cemex rechazó la oferta estatal por considerarla demasiado baja, la francesa Lafarge SA aceptó US$267 millones por el 89% de su filial local, al paso que la suiza Holcim Ltd. recibió US$552 millones por el 85% de su división venezolana.
Las nacionalizaciones constituyen el último intento de Hugo Chávez para consolidar el poder estatal sobre lo que considera industrias estratégicas. En los últimos dos años, el presidente venezolano ha comprado las principales compañías de telecomunicaciones y energía. También ha amenazado con apropiarse de las procesadoras de alimentos. El gobierno venezolano controlará el 90% de la industria cementera. En agosto de 2007, Venezuela nacionalizó Cementos Andino, una subsidiaria de la colombiana Cementos Argos. Doce meses después, las partes aún discuten la compensación.
Chávez culpó a las cementeras por la escasez que, en su opinión, estaba obstruyendo los esfuerzos del gobierno para resolver la aguda crisis inmobiliaria del país al exportar cemento en vez de producirlo para uso local. Cemex niega la acusación e insiste que en los últimos dos años un 98% de su producción en Venezuela se destinó al uso doméstico. Chávez anunció las nacionalizaciones en un discurso televisado en abril. Hasta entonces, Cemex había estado entre las firmas extranjeras que más habían apoyado la agenda social del gobierno al promover subsidios habitacionales a los pobres a través de tres fundaciones conocidas.
Fuentes al tanto dicen que la falta de experiencia del gobierno en la industria cementera implicaría que la nueva gerencia podría agudizar la escasez. "La gente cree que va a obtener cemento gratis, pero podría enfrentar una mayor escasez", dijo una fuente cercana. Las multinacionales no siempre se resisten a la expropiación. Muchas consideran que puede ser una salida viable de un país volátil, siempre y cuando el gobierno pague un precio adecuado. La semana pasada, por ejemplo, Ternium SA, la matriz del grupo argentino de acero y construcción Techint SA, acordó recibir US$1.650 millones por su 60% en la siderúrgica Sidor, según un diario argentino. El caso de Cemex es complicado por los activos fuera de Venezuela que pertenecían a su subsidiaria venezolana, como sus participaciones en cementeras de Panamá y la República Dominicana.
José de Córdoba, Joel Millman y Darcy Crowe, Reforma, 20 de agosto.
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