Cemex presentará una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, debido a la confiscación de los bienes y privación de derechos de su filial en Venezuela y el posterior inicio del procedimiento de expropiación, realizada por el gobierno de Hugo Chávez.
“Cemex califica la confiscación y el posterior inicio del procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela, además de no respetar los principios del derecho internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones aplicables al caso, que prohíben la ocupación de bienes y privación de derechos sin previa indemnización, justa y efectiva y sin previo procedimiento de expropiación”, dijo la empresa en un comunicado.
Agregó que no pudo aceptar la propuesta de compensación ofrecida por el gobierno de Venezuela en el proceso de nacionalización de sus activos en ese país después de un cuidadoso análisis, ya que considera que la oferta de 650 millones de dólares por su participación está muy alejada del valor real.
Además, la oferta presentada a Cemex es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de flujo operativo.
“Sin perjuicio de lo anterior, Cemex siempre ha estado disponible para el diálogo con el gobierno de Venezuela y continuará con la intención de llegar a una solución aceptable para las partes”, reveló la compañía.
En entrevista con analistas del sector, que prefirieron el anonimato, expresaron que las cortes internacionales parecen ser hoy la única opción de la cementera mexicana para buscar una mejor oferta económica por sus activos expropiados.
Hay que recordar que el pasado 18 de marzo el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez recibió un fallo a favor en una corte internacional (Reino Unido) en un litigio de este tipo. El caso que enfrentó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el gigante estadunidense Exxon Mobile, siendo este último el que tenía congelados activos por 12 mil millones de dólares. Lo anterior, fue la medida que la empresa con sede en Irving, Texas, tomó para exigir una compensación justa por sus activos luego de que el jefe de Estado pronunciara la nacionalización de un proyecto petrolero en 2007.
Analistas del sector habían anticipado que el motivo de acudir a una corte internacional representaría para Exxon un movimiento estratégico para presionar a Caracas y continuar con las negociaciones para alcanzar un mejor precio por sus activos.
“Cemex califica la confiscación y el posterior inicio del procedimiento de expropiación como una violación flagrante a la Constitución, Ley de Expropiación y otras leyes de Venezuela, además de no respetar los principios del derecho internacional y los tratados para la protección recíproca de inversiones aplicables al caso, que prohíben la ocupación de bienes y privación de derechos sin previa indemnización, justa y efectiva y sin previo procedimiento de expropiación”, dijo la empresa en un comunicado.
Agregó que no pudo aceptar la propuesta de compensación ofrecida por el gobierno de Venezuela en el proceso de nacionalización de sus activos en ese país después de un cuidadoso análisis, ya que considera que la oferta de 650 millones de dólares por su participación está muy alejada del valor real.
Además, la oferta presentada a Cemex es menor, proporcionalmente, a lo ofrecido a las empresas europeas, considerando índices de valor por tonelada de capacidad instalada y múltiplos de flujo operativo.
“Sin perjuicio de lo anterior, Cemex siempre ha estado disponible para el diálogo con el gobierno de Venezuela y continuará con la intención de llegar a una solución aceptable para las partes”, reveló la compañía.
En entrevista con analistas del sector, que prefirieron el anonimato, expresaron que las cortes internacionales parecen ser hoy la única opción de la cementera mexicana para buscar una mejor oferta económica por sus activos expropiados.
Hay que recordar que el pasado 18 de marzo el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez recibió un fallo a favor en una corte internacional (Reino Unido) en un litigio de este tipo. El caso que enfrentó a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el gigante estadunidense Exxon Mobile, siendo este último el que tenía congelados activos por 12 mil millones de dólares. Lo anterior, fue la medida que la empresa con sede en Irving, Texas, tomó para exigir una compensación justa por sus activos luego de que el jefe de Estado pronunciara la nacionalización de un proyecto petrolero en 2007.
Analistas del sector habían anticipado que el motivo de acudir a una corte internacional representaría para Exxon un movimiento estratégico para presionar a Caracas y continuar con las negociaciones para alcanzar un mejor precio por sus activos.
Juan Miguel Vélez en Monterrey, Milenio, 21 de agosto.
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