CARACAS.— El presidente Hugo Chávez calificó el jueves como “irrespetuosos” e “irresponsables” a los directivos de la cementera mexicana Cemex, que su gobierno expropió a inicios de semana.
“No les importa contaminar gente, playa y vegetación y animales y todo. Lo de ellos es ganancia, dinero. Pero no para invertirlo aquí; para llevárselo, saqueando las riquezas del país y vendiendo el cemento más caro del mundo”, dijo el gobernante a la televisora estatal durante una reunión de ministros en el palacio presidencial, al fustigar a la compañía mexicana.
Manifestó que “los irresponsables de Cemex, nunca invirtieron en tecnología. ¿Para qué?, para eliminar ese polvillo (la contaminación)”.
Mientras se definen los términos de expropiación de la empresa, el ente regulador del mercado de capitales prorrogó hasta la semana próxima la suspensión de la venta de las acciones de la filial de Cemex.
La toma de la cementera que realizó el gobierno a inicios de semana, se dio en medio de fuertes diferencias con Cemex, la accionista mayoritaria de la compañía, que anunció en la víspera que acudirá al arbitraje del Banco Mundial para denunciar las acciones ilegales que se cometieron en la expropiación.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que amplió la paralización de la venta en la Bolsa de Valores de Caracas de los títulos de Cemex, que es la mayor cementera del país para permitir que los accionistas minoritarios tengan “claro conocimiento y perfecto alcance” de la expropiación. Los títulos no se venden desde el martes. Reactivó el miércoles la venta de las acciones de la Fábrica Nacional de Cementos de Lafarge, que fue paralizada por 24 horas después que los representantes de la empresa firmaron para vender al gobierno 89% de las acciones de la compañía por 267 millones de dólares (mdd). Holcim también firmó para transferir al Estado 85% de las acciones de su filial venezolana por 552 mdd. Con la nacionalización de Lafarge y Holcim y la expropiación de Cemex el gobierno aseguró el control de 90% de la producción de cemento del país. Cemex informó en un comunicado que la confiscación de sus activos representa una “violación flagrante” de la Constitución de Venezuela y sus leyes de expropiación. Afirmó que la oferta de pago de 650 millones de dólares, como compensación, es “significativamente” inferior al valor real de sus negocios en Venezuela.
“No les importa contaminar gente, playa y vegetación y animales y todo. Lo de ellos es ganancia, dinero. Pero no para invertirlo aquí; para llevárselo, saqueando las riquezas del país y vendiendo el cemento más caro del mundo”, dijo el gobernante a la televisora estatal durante una reunión de ministros en el palacio presidencial, al fustigar a la compañía mexicana.
Manifestó que “los irresponsables de Cemex, nunca invirtieron en tecnología. ¿Para qué?, para eliminar ese polvillo (la contaminación)”.
Mientras se definen los términos de expropiación de la empresa, el ente regulador del mercado de capitales prorrogó hasta la semana próxima la suspensión de la venta de las acciones de la filial de Cemex.
La toma de la cementera que realizó el gobierno a inicios de semana, se dio en medio de fuertes diferencias con Cemex, la accionista mayoritaria de la compañía, que anunció en la víspera que acudirá al arbitraje del Banco Mundial para denunciar las acciones ilegales que se cometieron en la expropiación.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que amplió la paralización de la venta en la Bolsa de Valores de Caracas de los títulos de Cemex, que es la mayor cementera del país para permitir que los accionistas minoritarios tengan “claro conocimiento y perfecto alcance” de la expropiación. Los títulos no se venden desde el martes. Reactivó el miércoles la venta de las acciones de la Fábrica Nacional de Cementos de Lafarge, que fue paralizada por 24 horas después que los representantes de la empresa firmaron para vender al gobierno 89% de las acciones de la compañía por 267 millones de dólares (mdd). Holcim también firmó para transferir al Estado 85% de las acciones de su filial venezolana por 552 mdd. Con la nacionalización de Lafarge y Holcim y la expropiación de Cemex el gobierno aseguró el control de 90% de la producción de cemento del país. Cemex informó en un comunicado que la confiscación de sus activos representa una “violación flagrante” de la Constitución de Venezuela y sus leyes de expropiación. Afirmó que la oferta de pago de 650 millones de dólares, como compensación, es “significativamente” inferior al valor real de sus negocios en Venezuela.
AP, El Universal, 22 de agosto.
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