Mérida, Yuc., 19 de agosto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actualmente somete a juicio al Estado mexicano, por violaciones a las garantías individuales del indígena maya Ricardo Ucán Seca, quien, tras un proceso irregular, fue sentenciado a 22 años de prisión.
Equipo Indignación, organización promotora de los derechos humanos, se reunió este martes con diputados estatales y les exigió aprobar una ley de indulto en favor de Ucán Seca. Condenó la inacción del Poder Legislativo yucateco, en el caso del indígena.
La ONG indicó a los legisladores que “la CIDH consideró que hay pruebas y argumentos ofrecidos por la misma ONG, que exhiben las violaciones a la obligación de dotar de intérprete-traductor a cualquier procesado que lo requiera, a la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y la obligación del Estado para dotar de recursos judiciales que protejan a las personas de violaciones a sus derechos”.
El maya Ricardo Ucán fue sentenciado en 2000 a 22 años de prisión, acusado de dar muerte a balazos a Bernardino Ek, otro indígena, que presuntamente intentó despojarlo de sus tierras. Durante su breve juicio, Ucán Seca no recibió asesoría legal adecuada, tampoco tuvo intérpretes de lengua maya, y recibió trato discriminatorio de las autoridades por ser indígena, aseguró la ONG.
El reo declaró varias veces que mató en defensa propia a Bernardino Ek, quien “intentó asesinarlo por la espalda”, y despojarlo de sus tierras ejidales.
Representantes de Indignación, entre ellos Martha Capetillo y Cristina Muñoz, explicaron a los diputados que a finales de julio pasado la CIDH determinó que hay elementos suficientes para analizar el caso de Ucán Seca.
El asunto también llegó a Amnistía Internacional, la Comisión Permanente de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión, y al ex relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos Rodolfo Stavenhagen.
Equipo Indignación, organización promotora de los derechos humanos, se reunió este martes con diputados estatales y les exigió aprobar una ley de indulto en favor de Ucán Seca. Condenó la inacción del Poder Legislativo yucateco, en el caso del indígena.
La ONG indicó a los legisladores que “la CIDH consideró que hay pruebas y argumentos ofrecidos por la misma ONG, que exhiben las violaciones a la obligación de dotar de intérprete-traductor a cualquier procesado que lo requiera, a la garantía de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación, y la obligación del Estado para dotar de recursos judiciales que protejan a las personas de violaciones a sus derechos”.
El maya Ricardo Ucán fue sentenciado en 2000 a 22 años de prisión, acusado de dar muerte a balazos a Bernardino Ek, otro indígena, que presuntamente intentó despojarlo de sus tierras. Durante su breve juicio, Ucán Seca no recibió asesoría legal adecuada, tampoco tuvo intérpretes de lengua maya, y recibió trato discriminatorio de las autoridades por ser indígena, aseguró la ONG.
El reo declaró varias veces que mató en defensa propia a Bernardino Ek, quien “intentó asesinarlo por la espalda”, y despojarlo de sus tierras ejidales.
Representantes de Indignación, entre ellos Martha Capetillo y Cristina Muñoz, explicaron a los diputados que a finales de julio pasado la CIDH determinó que hay elementos suficientes para analizar el caso de Ucán Seca.
El asunto también llegó a Amnistía Internacional, la Comisión Permanente de la 59 Legislatura del Congreso de la Unión, y al ex relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos Rodolfo Stavenhagen.
Luis A. Boffil Gómez, La Jornada, 20 de agosto.
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