Este es el México que obligó a la firma del Acuerdo por la Seguridad y la Justicia: policías sin licencia de portación de armas, aduanas sin tecnología ni infraestructura para evitar el contrabando y el tráfico de drogas, gobiernos sin instrumentos para controlar giros negros, subprocuradurías contra la delincuencia sin recursos suficientes para operar.
Se trata de la radiografía del país formulada por autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por mandatarios del orden federal, estatal y municipal, y que sirvió después para diseñar 74 compromisos de acción dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En el diagnóstico, al cual Crónica tuvo acceso, se establece que “diversas corporaciones policiacas no cuentan con licencias actualizadas de portación de armas expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional”, permisos que aún vencidos son utilizados por ex policías en actos del crimen organizado.
Se reconoce la “falta de equipamiento de instituciones con armas automáticas y de calibre superior”, como las utilizadas por los delincuentes.
En torno al trabajo de la Auditoria Superior de la Federación se consigna que “no realiza revisiones ni auditorías a las entidades federativas sobre aplicación de recursos en materia de seguridad pública y procuración de justicia”.
Las aduanas, se describe, “no tienen la tecnología e infraestructura para reducir contrabando, tráfico de armas, drogas y precursores químicos”.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada aparece como un área “sin los suficientes recursos financieros, capacitación, servicios periciales, infraestructura y equipamiento para realizar su tarea”.
En asuntos judiciales se identifica la falta de tribunales y juzgados federales para hacer frente a la carga de trabajo en el renglón penal, así como fallas en los procedimientos que derivan en “la preliberación de secuestradores y otros delincuentes violentos”. También se admite que en algunos casos “el poder de la delincuencia, las amenazas y la violencia afectan las decisiones de juzgadores”.
Otros de los rezagos enlistados son los siguientes: descontrol en prisiones de los acusados por delincuencia organizada y narcotráfico, fracaso de las unidades para el combate al secuestro y el Narcomenudeo, carencias en el registro y base de datos de teléfonos móviles y fijos, así como de la ubicación física de teléfonos involucrados en actividades delictivas.
Además, falta de actualización de las bases de datos de vehículos, licencias de conducir, policías y ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos y armamento, así como de disposiciones en materia de establecimientos mercantiles, giros negros, espectáculos públicos y justicia de barandilla, así como irregularidades en los registros de personas al padrón único de Registro Nacional de Población, lo que ha originado fraudes y robos de identidad.
De manera general, se asientan deficiencias en la evaluación y control de confianza de quienes laboran en instituciones policiales, de procuración de justicia, en el Instituto Nacional de Migración, en el sistema de Aduanas y en los Centros de Readaptación Social.
También se reconocen fallas en la gestión y medición de la aplicación del gasto y de su eficiencia operativa, en la medición del desempeño institucional y en los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de personal.
Exigen ciudadanos resultados en 100 días
Aunque líderes de organizaciones ciudadanas exigieron a las autoridades resultados en materia de seguridad en un plazo no mayor a 100 días, sólo el 10% de los 74 compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia están contemplados para arrancar en este lapso.
El restante 90% de los puntos está diseñado para cumplirse o implementarse en un periodo que va de los seis meses a los tres años.
De hecho, más de la tercera parte de lo establecido en Palacio Nacional requiere para materializarse de al menos 10 reformas o proyectos de ley a nivel nacional, con sus respectivas réplicas a nivel estatal.
Entre los compromisos que sí se ajustan al plazo fijado, entre otros actores, por María Elena Morera de México Unido Contra la Delincuencia, están la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile el cumplimiento de los acuerdos (tres meses), la concentración de personas acusadas de delincuencia organizada y narcotráfico en reclusorios de alta seguridad (30 días) y la elaboración de cinco proyectos de ley o de reformas (antes de octubre).
Además, la instrumentación de campañas para promover la cultura de la legalidad (tres meses), el establecimiento de indicadores de evaluación y seguimiento de instituciones (tres meses), la inclusión de mecanismos de observación ciudadana en la investigación de la denuncia.
Se trata de la radiografía del país formulada por autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por mandatarios del orden federal, estatal y municipal, y que sirvió después para diseñar 74 compromisos de acción dentro del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
En el diagnóstico, al cual Crónica tuvo acceso, se establece que “diversas corporaciones policiacas no cuentan con licencias actualizadas de portación de armas expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional”, permisos que aún vencidos son utilizados por ex policías en actos del crimen organizado.
Se reconoce la “falta de equipamiento de instituciones con armas automáticas y de calibre superior”, como las utilizadas por los delincuentes.
En torno al trabajo de la Auditoria Superior de la Federación se consigna que “no realiza revisiones ni auditorías a las entidades federativas sobre aplicación de recursos en materia de seguridad pública y procuración de justicia”.
Las aduanas, se describe, “no tienen la tecnología e infraestructura para reducir contrabando, tráfico de armas, drogas y precursores químicos”.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada aparece como un área “sin los suficientes recursos financieros, capacitación, servicios periciales, infraestructura y equipamiento para realizar su tarea”.
En asuntos judiciales se identifica la falta de tribunales y juzgados federales para hacer frente a la carga de trabajo en el renglón penal, así como fallas en los procedimientos que derivan en “la preliberación de secuestradores y otros delincuentes violentos”. También se admite que en algunos casos “el poder de la delincuencia, las amenazas y la violencia afectan las decisiones de juzgadores”.
Otros de los rezagos enlistados son los siguientes: descontrol en prisiones de los acusados por delincuencia organizada y narcotráfico, fracaso de las unidades para el combate al secuestro y el Narcomenudeo, carencias en el registro y base de datos de teléfonos móviles y fijos, así como de la ubicación física de teléfonos involucrados en actividades delictivas.
Además, falta de actualización de las bases de datos de vehículos, licencias de conducir, policías y ex policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos y armamento, así como de disposiciones en materia de establecimientos mercantiles, giros negros, espectáculos públicos y justicia de barandilla, así como irregularidades en los registros de personas al padrón único de Registro Nacional de Población, lo que ha originado fraudes y robos de identidad.
De manera general, se asientan deficiencias en la evaluación y control de confianza de quienes laboran en instituciones policiales, de procuración de justicia, en el Instituto Nacional de Migración, en el sistema de Aduanas y en los Centros de Readaptación Social.
También se reconocen fallas en la gestión y medición de la aplicación del gasto y de su eficiencia operativa, en la medición del desempeño institucional y en los mecanismos de reclutamiento, selección, capacitación, promoción y retiro de personal.
Exigen ciudadanos resultados en 100 días
Aunque líderes de organizaciones ciudadanas exigieron a las autoridades resultados en materia de seguridad en un plazo no mayor a 100 días, sólo el 10% de los 74 compromisos firmados en el Acuerdo Nacional para la Seguridad y la Justicia están contemplados para arrancar en este lapso.
El restante 90% de los puntos está diseñado para cumplirse o implementarse en un periodo que va de los seis meses a los tres años.
De hecho, más de la tercera parte de lo establecido en Palacio Nacional requiere para materializarse de al menos 10 reformas o proyectos de ley a nivel nacional, con sus respectivas réplicas a nivel estatal.
Entre los compromisos que sí se ajustan al plazo fijado, entre otros actores, por María Elena Morera de México Unido Contra la Delincuencia, están la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile el cumplimiento de los acuerdos (tres meses), la concentración de personas acusadas de delincuencia organizada y narcotráfico en reclusorios de alta seguridad (30 días) y la elaboración de cinco proyectos de ley o de reformas (antes de octubre).
Además, la instrumentación de campañas para promover la cultura de la legalidad (tres meses), el establecimiento de indicadores de evaluación y seguimiento de instituciones (tres meses), la inclusión de mecanismos de observación ciudadana en la investigación de la denuncia.
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 23 de agosto.
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