Desarrollar y complementar el marco normativo del país en materia de seguridad pública, depurar las policías de los tres órdenes de gobierno y fortalecer los mecanismos de información e inteligencia, son entre otros, los compromisos contenidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado ayer por autoridades de los tres poderes de la Unión, los diferentes órdenes de gobierno y representantes de la sociedad.
El Acuerdo, cuyos compromisos tienen tiempos de ejecución de tres meses a dos años en promedio, y prevé que en seis meses se contará con una estrategia contra el secuestro, fue suscrito en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en el Palacio Nacional.
La presentación del documento de 17 compromisos corrió a cargo del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, quien señaló que el Acuerdo es parte del proceso de construcción de "una nueva institucionalidad".
"El Estado enfrenta el deterioro de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, problemas desatendidos por décadas.
"Se ha agravado por la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de autoridades con criminales. Es necesario poner un alto al crimen, la sociedad pide poner fin a impunidad y corrupción y hacerles frente de manera decisiva", dijo el funcionario.
Añadió que hoy más que nunca se debe consolidar a la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todas las autoridades y la sociedad y los una en un frente común contra la violencia y la criminalidad.
La reunión del CNSP convocó a los tres poderes de la Unión, gobernadores, religiosos y representantes del sector social, y Campa Cifrián remarcó que el tema de la seguridad pública es una causa que debe estar por encima de las diferencias políticas, ideológicas o sociales.
"Porque una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos, todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la nación por recuperar las condiciones de seguridad."
El acuerdo busca, dijo el funcionario federal, no sólo atender lo coyuntural y lo urgente, sino sobre todo los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia.
Señaló que parte fundamental del acuerdo, dijo, es que ciudadanos, empresarios y religiososo evalúen y vigilen el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Al hacer un breve balance de la situación en materia de seguridad, Campa Cifrián refirió que el Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica por el aumento en la delincuencia común y organizada, que trasciende fronteras y que no será fácil ni rápido superar.
Resaltó que la coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno es condición indispensable para garantizar la seguridad y destacó que se requiere la participación de los medios para promover la cultura de la legalidad, la denuncia y participación ciudadana, la prevención de adicciones y transparencia en las acciones de autoridades.
Compromisos
Del Poder Ejecutivo
* Crear en un año, un modelo nacional de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
* Evaluar en un año al personal de sus secretarías y áreas sensibles, dar seguimiento a elementos dados de baja y comunicar los resultados a un observador ciudadano.
* Perfeccionar en dos años, mecanismos de reclutamiento y capacitación de personal en la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR.
* Reasignar, para 2009, recursos y partidas especiales para los sistemas de seguridad.
* Apoyar en la creación, en seis meses, de unidades estatales para el combate al secuestro.
* Formular, en seis meses, una estrategia nacional contra narcomenudeo
* Fortalecer, en 18 meses, a la SIEDO con recursos financieros e infraestructura.
* Diseñar, en seis meses, una estrategia contra el lavado de dinero.
* Consolidar, en seis meses, las redes de atención a víctimas del delito
* Regular, en seis meses, el registro y acceso a bases de datos de equipos de telefonía móvil y fija.
* Asegurar, en seis meses, la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias, el 066, y servicio de denuncia ciudadana anónima, 089.
* Actualizar licencias colectivas de portación de armas entre los cuerpos de seguridad.
* Recuperar por lo menos mil espacios públicos en un año.
* Incorporar, en un año, a 13 mil 500 escuelas al Programa Escuela Segura.
* Promover, en tres meses, la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile el cumplimiento de los compromisos.
Del Poder Legislativo
* Tramitar iniciativas que en materia de seguridad pública y justicia sean presentadas antes del 1 de octubre en el Congreso de la Unión
* Legislar en materia de narcomenudeo durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
* Prever reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como secuestro y otros cometidos con violencia.
* Impulsar una ley general del delito de secuestro.
Del Poder Judicial
* Transparentar, en cuatro meses, el desempeño de órganos del Poder Judicial y sus titulares.
* Instalar, en 14 meses, nuevos juzgados y tribunales federales.
* Establecer, en cuatro meses, juzgados con jurisdicción en todo el país, facultados para emitir órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones.
* Fortalecer, en 30 meses, los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
De las entidades federativas
* Depurar, en un año, las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
* Conformar, en seis meses, unidades especializadas en combate al secuestro
* Implementar, en un año, el Sistema Único de Información Criminal de la Plataforma México.
Del sector productivo
* Promover entre sus actores la denuncia sistemática de cualquier ilícito o injusticia laboral.
* Adaptar, en dos años, registros electrónicos de trabajadores, proveedores y clientes a las normas del Padrón Único del Registro Nacional de Población para prevenir fraude y robo de identidad.
De las asociaciones religiosas
* Fomentar en sus programas de difusión, edificios, iglesias y lugares de oración la cultura de la legalidad y la práctica de la denuncia.
De las organizaciones civiles
* Participar en la creación de mecanismos de monitoreo de autoridades.
* Instrumentar programas ciudadanos en las vertientes de educación, salud y desarrollo social congruentes con la estrategia de seguridad.
De los medios de comunicación
* Incrementar contenidos que fomenten la prevención y atención de adicciones.
El Acuerdo, cuyos compromisos tienen tiempos de ejecución de tres meses a dos años en promedio, y prevé que en seis meses se contará con una estrategia contra el secuestro, fue suscrito en sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), en el Palacio Nacional.
La presentación del documento de 17 compromisos corrió a cargo del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Roberto Campa Cifrián, quien señaló que el Acuerdo es parte del proceso de construcción de "una nueva institucionalidad".
"El Estado enfrenta el deterioro de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, problemas desatendidos por décadas.
"Se ha agravado por la penetración de la delincuencia en los órganos de seguridad y a la complicidad de autoridades con criminales. Es necesario poner un alto al crimen, la sociedad pide poner fin a impunidad y corrupción y hacerles frente de manera decisiva", dijo el funcionario.
Añadió que hoy más que nunca se debe consolidar a la seguridad pública como una política de Estado, que convoque a todas las autoridades y la sociedad y los una en un frente común contra la violencia y la criminalidad.
La reunión del CNSP convocó a los tres poderes de la Unión, gobernadores, religiosos y representantes del sector social, y Campa Cifrián remarcó que el tema de la seguridad pública es una causa que debe estar por encima de las diferencias políticas, ideológicas o sociales.
"Porque una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos, todos los actores deben ser capaces de subordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente de la nación por recuperar las condiciones de seguridad."
El acuerdo busca, dijo el funcionario federal, no sólo atender lo coyuntural y lo urgente, sino sobre todo los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuración e impartición de justicia.
Señaló que parte fundamental del acuerdo, dijo, es que ciudadanos, empresarios y religiososo evalúen y vigilen el cumplimiento de los compromisos establecidos.
Al hacer un breve balance de la situación en materia de seguridad, Campa Cifrián refirió que el Estado y la sociedad enfrentan una situación crítica por el aumento en la delincuencia común y organizada, que trasciende fronteras y que no será fácil ni rápido superar.
Resaltó que la coordinación, cooperación e intercambio de información entre los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno es condición indispensable para garantizar la seguridad y destacó que se requiere la participación de los medios para promover la cultura de la legalidad, la denuncia y participación ciudadana, la prevención de adicciones y transparencia en las acciones de autoridades.
Compromisos
Del Poder Ejecutivo
* Crear en un año, un modelo nacional de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
* Evaluar en un año al personal de sus secretarías y áreas sensibles, dar seguimiento a elementos dados de baja y comunicar los resultados a un observador ciudadano.
* Perfeccionar en dos años, mecanismos de reclutamiento y capacitación de personal en la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR.
* Reasignar, para 2009, recursos y partidas especiales para los sistemas de seguridad.
* Apoyar en la creación, en seis meses, de unidades estatales para el combate al secuestro.
* Formular, en seis meses, una estrategia nacional contra narcomenudeo
* Fortalecer, en 18 meses, a la SIEDO con recursos financieros e infraestructura.
* Diseñar, en seis meses, una estrategia contra el lavado de dinero.
* Consolidar, en seis meses, las redes de atención a víctimas del delito
* Regular, en seis meses, el registro y acceso a bases de datos de equipos de telefonía móvil y fija.
* Asegurar, en seis meses, la cobertura de un número único en todo el país para el sistema de atención de emergencias, el 066, y servicio de denuncia ciudadana anónima, 089.
* Actualizar licencias colectivas de portación de armas entre los cuerpos de seguridad.
* Recuperar por lo menos mil espacios públicos en un año.
* Incorporar, en un año, a 13 mil 500 escuelas al Programa Escuela Segura.
* Promover, en tres meses, la creación de un Observatorio Ciudadano que vigile el cumplimiento de los compromisos.
Del Poder Legislativo
* Tramitar iniciativas que en materia de seguridad pública y justicia sean presentadas antes del 1 de octubre en el Congreso de la Unión
* Legislar en materia de narcomenudeo durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
* Prever reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como secuestro y otros cometidos con violencia.
* Impulsar una ley general del delito de secuestro.
Del Poder Judicial
* Transparentar, en cuatro meses, el desempeño de órganos del Poder Judicial y sus titulares.
* Instalar, en 14 meses, nuevos juzgados y tribunales federales.
* Establecer, en cuatro meses, juzgados con jurisdicción en todo el país, facultados para emitir órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones.
* Fortalecer, en 30 meses, los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
De las entidades federativas
* Depurar, en un año, las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
* Conformar, en seis meses, unidades especializadas en combate al secuestro
* Implementar, en un año, el Sistema Único de Información Criminal de la Plataforma México.
Del sector productivo
* Promover entre sus actores la denuncia sistemática de cualquier ilícito o injusticia laboral.
* Adaptar, en dos años, registros electrónicos de trabajadores, proveedores y clientes a las normas del Padrón Único del Registro Nacional de Población para prevenir fraude y robo de identidad.
De las asociaciones religiosas
* Fomentar en sus programas de difusión, edificios, iglesias y lugares de oración la cultura de la legalidad y la práctica de la denuncia.
De las organizaciones civiles
* Participar en la creación de mecanismos de monitoreo de autoridades.
* Instrumentar programas ciudadanos en las vertientes de educación, salud y desarrollo social congruentes con la estrategia de seguridad.
De los medios de comunicación
* Incrementar contenidos que fomenten la prevención y atención de adicciones.
Blanca Estela Botello y Daniel Blancas, Crónica, 22 de agosto.
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