Poco puede hacer ahora el IFE para acotar el activismo político de funcionarios, con cargo al erario público.
A ocho meses de que entró en vigor la reforma al Artículo 134 constitucional y a cuatro de vigencia del reglamento de propaganda institucional, ha recibido 150 quejas contra diferentes gobernantes, entre mandatarios, alcaldes y legisladores, que presuntamente violaron tal ordenamiento.
Una tercera parte de ellas (50), motivaron vistas o notificaciones a órganos de control locales, en particular de los congresos estatales, para que inicien los procedimientos a que haya lugar para investigar y fundamentar las denuncias. Hasta ahí llega el IFE.
Sin señales positivas
Poco tiempo queda. Faltan 60 días a partir del 11 de julio pasado para diseñar y aprobar la ley reglamentaria y mes y medio para que arranque el proceso electoral 2008-2009 y no hay señales positivas para el IFE.
Por tanto, el consejero Virgilio Andrade anunció a El Economista que la autoridad electoral no esperará al legislador y subsanará las lagunas prevalecientes.
Septiembre es irrelevante para el Instituto si no hay decisiones, asegura. “No operaremos en función del Congreso”, enfatiza tajante.
El eje central de la normatividad será, dijo, el fortalecimiento de los supuestos de actos anticipados de campaña, con disposiciones coercitivas para evaluar su impacto e impedir, en su caso, el registro de los infractores que aspiren a cargos de elección popular en la siguiente elección federal.
La lupa del IFE tiene la mira sobre presuntos responsables. Hasta ahora figuran los gobernadores panistas Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes; Emilio González, de Jalisco, y Francisco Garrido Patrón, de Querétaro. El 9 de marzo pasado, el Consejo General del IFE había acordado por consenso ya no esperar los ajustes legislativos a la normatividad secundaria en la materia, ante el imperativo de “fortalecer el principio de certeza y los valores de equidad y transparencia en la competencia política”.
A ocho meses de que entró en vigor la reforma al Artículo 134 constitucional y a cuatro de vigencia del reglamento de propaganda institucional, ha recibido 150 quejas contra diferentes gobernantes, entre mandatarios, alcaldes y legisladores, que presuntamente violaron tal ordenamiento.
Una tercera parte de ellas (50), motivaron vistas o notificaciones a órganos de control locales, en particular de los congresos estatales, para que inicien los procedimientos a que haya lugar para investigar y fundamentar las denuncias. Hasta ahí llega el IFE.
Sin señales positivas
Poco tiempo queda. Faltan 60 días a partir del 11 de julio pasado para diseñar y aprobar la ley reglamentaria y mes y medio para que arranque el proceso electoral 2008-2009 y no hay señales positivas para el IFE.
Por tanto, el consejero Virgilio Andrade anunció a El Economista que la autoridad electoral no esperará al legislador y subsanará las lagunas prevalecientes.
Septiembre es irrelevante para el Instituto si no hay decisiones, asegura. “No operaremos en función del Congreso”, enfatiza tajante.
El eje central de la normatividad será, dijo, el fortalecimiento de los supuestos de actos anticipados de campaña, con disposiciones coercitivas para evaluar su impacto e impedir, en su caso, el registro de los infractores que aspiren a cargos de elección popular en la siguiente elección federal.
La lupa del IFE tiene la mira sobre presuntos responsables. Hasta ahora figuran los gobernadores panistas Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes; Emilio González, de Jalisco, y Francisco Garrido Patrón, de Querétaro. El 9 de marzo pasado, el Consejo General del IFE había acordado por consenso ya no esperar los ajustes legislativos a la normatividad secundaria en la materia, ante el imperativo de “fortalecer el principio de certeza y los valores de equidad y transparencia en la competencia política”.
Humberto Ortiz, El Economista, 25 de agosto.
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