“Nos caló hondo”, admitió Eduardo Medina-Mora al referirse a los mensajes de Alejandro Martí y María Elena Morera en el Consejo Nacional de Seguridad Pública realizado el jueves, y refirió que el gobierno federal enfrenta una situación crítica por los embates criminales.
Medina-Mora insistió en que Martí, cuyo hijo adolescente fue secuestrado y asesinado, ha dado a los políticos una lección moral, humana y ciudadana, y reconoció también que los crímenes recientes que han conmovido a la sociedad mexicana "han sido un acicate para abrir una nueva época de colaboración entre autoridades y ciudadanía.
"Los ciudadanos nos están exigiendo un freno definitivo a la delincuencia. No podemos cerrar los ojos, tenemos que asumir nuestras limitaciones y errores de no haberla atendido por décadas", expresó.
Al preguntársele su postura sobre el desafío del empresario a la clase política de renunciar en caso de no poder con la violencia, defendió su trabajo al frente de la PGR, así como el de sus compañeros de gabinete, y dejó cualquier cambio en manos del presidente Felipe Calderón.
"Servir a los ciudadanos y al país nos obliga a ser efectivos, quien no tenga esta capacidad no merece estar en una posición así. Entiendo el reclamo de Martí, pero yo pongo todas mis capacidades en la tarea que realizo y asumo que así lo hacen mis colegas en el gabinete. El Presidente tiene el privilegio de determinar si estamos o no atendiendo nuestros compromisos", indicó.
Durante el VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia del país, habló con optimismo del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado por todos los sectores nacionales: "No es una expresión ilusa o ingenua, sino documentada", aseguró.
Explicó que el documento establece compromisos concretos, así como responsables y fechas para su cumplimiento: "Se trata del mayor esfuerzo hecho hasta hoy para coordinar acciones. Sabremos cumplir los compromisos asumidos".
Aceptó que la lucha anticrimen impulsada desde el gobierno federal ha tenido "complicaciones, dificultades, retrasos y situaciones críticas en la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno… En estos problemas se encuentra una de las raíces de la insatisfacción ciudadana, pero con el Acuerdo los problemas deberán irse resolviendo paso a paso".
Sobre el porqué la mayoría de los puntos fue planteada a mediano y largo plazo, argumentó: "Los ciudadanos quieren que las cosas cambien rápido, pero los cambios no se hacen con discursos… No puede ser una tarea de corto plazo, porque implica cambiar de raíz. De cumplir los acuerdos tendremos capacidades institucionales muy diferentes a las del pasado… Lo único que no puede ocurrir es que se pierda la batalla contra el crimen".
Fueron los procuradores, en el marco de su encuentro nacional, los primeros en comenzar a trabajar en torno a lo signado en Palacio Nacional. Entre otras cosas, en crear mecanismos para la depuración de ministerios públicos y peritos, en fortalecer unidades especializadas de combate al secuestro y en diseñar centros certificados de evaluación y control de confianza del personal de procuración de justicia.
Oposición. Frente al gobernador chihuahuense José Reyes Baeza, quien a principios de semana había sugerido revisar el esquema de libertades y garantías ciudadanas para frenar la violencia, Medina-Mora se mostró en contra de tal propuesta y señaló que en su estrategia el gobierno federal tendrá que defender "de manera sustantiva la garantía y protección de los derechos fundamentales de víctimas e indiciados, así como la reparación del daño a las víctimas".
“Se hace el mayor esfuerzo”
El procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, afirmó que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un instrumento para llevar a México al estado de seguridad y tranquilidad que reclama la población.
Durante la inauguración del VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales del país, señaló que se trata del mayor esfuerzo hecho hasta ahora para hacer efectiva la obligación del Estado.
Ésta es "garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como una persecución efectiva del delito y la aplicación de castigos justos a quienes ofenden a la sociedad realizando conductas ilícitas". (Notimex en Chihuahua)
Medina-Mora insistió en que Martí, cuyo hijo adolescente fue secuestrado y asesinado, ha dado a los políticos una lección moral, humana y ciudadana, y reconoció también que los crímenes recientes que han conmovido a la sociedad mexicana "han sido un acicate para abrir una nueva época de colaboración entre autoridades y ciudadanía.
"Los ciudadanos nos están exigiendo un freno definitivo a la delincuencia. No podemos cerrar los ojos, tenemos que asumir nuestras limitaciones y errores de no haberla atendido por décadas", expresó.
Al preguntársele su postura sobre el desafío del empresario a la clase política de renunciar en caso de no poder con la violencia, defendió su trabajo al frente de la PGR, así como el de sus compañeros de gabinete, y dejó cualquier cambio en manos del presidente Felipe Calderón.
"Servir a los ciudadanos y al país nos obliga a ser efectivos, quien no tenga esta capacidad no merece estar en una posición así. Entiendo el reclamo de Martí, pero yo pongo todas mis capacidades en la tarea que realizo y asumo que así lo hacen mis colegas en el gabinete. El Presidente tiene el privilegio de determinar si estamos o no atendiendo nuestros compromisos", indicó.
Durante el VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia del país, habló con optimismo del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado por todos los sectores nacionales: "No es una expresión ilusa o ingenua, sino documentada", aseguró.
Explicó que el documento establece compromisos concretos, así como responsables y fechas para su cumplimiento: "Se trata del mayor esfuerzo hecho hasta hoy para coordinar acciones. Sabremos cumplir los compromisos asumidos".
Aceptó que la lucha anticrimen impulsada desde el gobierno federal ha tenido "complicaciones, dificultades, retrasos y situaciones críticas en la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno… En estos problemas se encuentra una de las raíces de la insatisfacción ciudadana, pero con el Acuerdo los problemas deberán irse resolviendo paso a paso".
Sobre el porqué la mayoría de los puntos fue planteada a mediano y largo plazo, argumentó: "Los ciudadanos quieren que las cosas cambien rápido, pero los cambios no se hacen con discursos… No puede ser una tarea de corto plazo, porque implica cambiar de raíz. De cumplir los acuerdos tendremos capacidades institucionales muy diferentes a las del pasado… Lo único que no puede ocurrir es que se pierda la batalla contra el crimen".
Fueron los procuradores, en el marco de su encuentro nacional, los primeros en comenzar a trabajar en torno a lo signado en Palacio Nacional. Entre otras cosas, en crear mecanismos para la depuración de ministerios públicos y peritos, en fortalecer unidades especializadas de combate al secuestro y en diseñar centros certificados de evaluación y control de confianza del personal de procuración de justicia.
Oposición. Frente al gobernador chihuahuense José Reyes Baeza, quien a principios de semana había sugerido revisar el esquema de libertades y garantías ciudadanas para frenar la violencia, Medina-Mora se mostró en contra de tal propuesta y señaló que en su estrategia el gobierno federal tendrá que defender "de manera sustantiva la garantía y protección de los derechos fundamentales de víctimas e indiciados, así como la reparación del daño a las víctimas".
“Se hace el mayor esfuerzo”
El procurador general de la República, Eduardo Medina-Mora, afirmó que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un instrumento para llevar a México al estado de seguridad y tranquilidad que reclama la población.
Durante la inauguración del VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales del país, señaló que se trata del mayor esfuerzo hecho hasta ahora para hacer efectiva la obligación del Estado.
Ésta es "garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como una persecución efectiva del delito y la aplicación de castigos justos a quienes ofenden a la sociedad realizando conductas ilícitas". (Notimex en Chihuahua)
Daniel Blancas Madrigal, Crónica, 23 de agosto.
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