El secuestro en el país se ha incrementado en los meses recientes básicamente por la concentración de poder que se le ha dado desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón a las corporaciones policiacas federales, lo que afectó la operatividad en la Procuraduría General de la República (PGR), coincidieron en señalar ex fiscales y abogados consultados por La Jornada.
Los expertos añadieron que otro factor que ha impactado a favor de las bandas delincuenciales es la falta de coordinación entre autoridades ministeriales de los tres niveles de gobierno.
El penalista Miguel Cruz, ex delegado de la PGR en Tamaulipas, aseguró que a partir de la propuesta de Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal, respecto de crear una policía nacional unificada, los cuerpos policiacos han concentrado poder, incluso por encima del Ministerio Público, al que constitucionalmente compete tener el control de las fuerzas del orden público.
Añadió que los cuerpos policiacos locales “tienen poca preparación, están mal pagados, carecen de códigos de ética y, por si fuera poco, encontraron un negocio lucrativo en la protección de bandas delictivas y el resultado es lamentable para la sociedad”.
De su lado, Renato Sales Heredia, ex subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría del Distrito Federal, responsabilizó del repunte en los plagios a las autoridades federales, porque hace nueve años, como parte de una depuración de la policía judicial, expulsaron a cerca de mil 500 agentes y comandantes, quienes encontraron en las empresas de seguridad privada y en el secuestro la forma de hacer dinero rápido, aprovechando sus vínculos con delincuentes.
“Otra cuestión es que se debe terminar con este tipo de seguros antisecuestro que manejan empresas extranjeras de seguridad privada, en cuyas cláusulas se contiene la obligación de que no se denuncie”, puntualizó.
Asimismo, dijo que buena parte del aumento estadístico sobre los secuestros que se registran en el país de 2007 a la fecha obedece a la falta de control de las empresas de seguridad privada, “pero también se debe al abandono del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus bases de datos integradas, que es una base común de datos integrales sobre delincuencia”.
Finalmente, Salvador Cosío Gaona, doctor en derecho, sostuvo que aunado a lo anterior está la falta de coordinación entre cuerpos policiacos federales, estatales y municipales. Añadió que otra de las causas que han favorecido a los secuestradores es que las policías estatales están vulneradas cada día más en su integridad y en su estructura.
Los gobiernos trabajan cada uno por su cuenta, “y no ha habido una política eficaz, ni siquiera un plan global e integral de cómo formar cuerpos policiacos especializados”.
Los expertos añadieron que otro factor que ha impactado a favor de las bandas delincuenciales es la falta de coordinación entre autoridades ministeriales de los tres niveles de gobierno.
El penalista Miguel Cruz, ex delegado de la PGR en Tamaulipas, aseguró que a partir de la propuesta de Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública federal, respecto de crear una policía nacional unificada, los cuerpos policiacos han concentrado poder, incluso por encima del Ministerio Público, al que constitucionalmente compete tener el control de las fuerzas del orden público.
Añadió que los cuerpos policiacos locales “tienen poca preparación, están mal pagados, carecen de códigos de ética y, por si fuera poco, encontraron un negocio lucrativo en la protección de bandas delictivas y el resultado es lamentable para la sociedad”.
De su lado, Renato Sales Heredia, ex subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la Procuraduría del Distrito Federal, responsabilizó del repunte en los plagios a las autoridades federales, porque hace nueve años, como parte de una depuración de la policía judicial, expulsaron a cerca de mil 500 agentes y comandantes, quienes encontraron en las empresas de seguridad privada y en el secuestro la forma de hacer dinero rápido, aprovechando sus vínculos con delincuentes.
“Otra cuestión es que se debe terminar con este tipo de seguros antisecuestro que manejan empresas extranjeras de seguridad privada, en cuyas cláusulas se contiene la obligación de que no se denuncie”, puntualizó.
Asimismo, dijo que buena parte del aumento estadístico sobre los secuestros que se registran en el país de 2007 a la fecha obedece a la falta de control de las empresas de seguridad privada, “pero también se debe al abandono del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus bases de datos integradas, que es una base común de datos integrales sobre delincuencia”.
Finalmente, Salvador Cosío Gaona, doctor en derecho, sostuvo que aunado a lo anterior está la falta de coordinación entre cuerpos policiacos federales, estatales y municipales. Añadió que otra de las causas que han favorecido a los secuestradores es que las policías estatales están vulneradas cada día más en su integridad y en su estructura.
Los gobiernos trabajan cada uno por su cuenta, “y no ha habido una política eficaz, ni siquiera un plan global e integral de cómo formar cuerpos policiacos especializados”.
Alfredo Méndez, La Jornada, 7 de agosto.
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