El Gobierno de Hugo Chávez procedió ayer a expropiar las operaciones de Cemex en ese país, al no ponerse de acuerdo con el monto para la indemnización, a diferencia de lo que sí logró con otras dos cementeras involucradas en el proceso de nacionalización, la suiza Holcim y la francesa Lafarge.
Hasta ayer, Cemex manejaba en Venezuela tres plantas de cemento -con una capacidad de producción de 4.6 millones de toneladas métricas al año-, 33 plantas de concreto, 10 centros de distribución terrestre y 4 terminales marítimas.
A las 18:00 horas de Caracas, la Guardia Nacional de Venezuela inició el proceso con la toma de la planta cementera en el estado Zulia.
Ramón Carrizales, vicepresidente venezolano, declaró que Cemex había exigido el pago de mil 300 millones de dólares, "una cantidad por encima de su valor real".
El Gobierno había ofrecido una compensación de sólo 800 millones de dólares.
El 3 de abril el Presidente Hugo Chávez anunció la estatización de las empresas cementeras en su país, argumentando que estaban encareciendo la construcción de vivienda.
Luego, el 19 de junio, publicó los términos del proceso fijando un plazo de 60 días, que ayer venció, para que las empresas decidieran si permanecerían como accionistas minoritarias, mientras que el Estado asumiría no menos del 60 por ciento de ellas.
La expropiación de las operaciones de Cemex en Venezuela representa una situación negativa para la compañía, ya que tendrá una posición de negociación muy débil, aunque podrá recurrir a otras instancias internacionales, coincidieron analistas financieros.
Abelardo Daza, editor del reporte Análisis Venezuela y profesor invitado en el IESA, en Caracas, precisó que la empresa mexicana tiene dos opciones legales para pelear el caso, el arbitraje internacional del Banco Mundial, o el Acuerdo Comercial del llamado G3, que Venezuela tenía con México y Colombia, el cual todavía sigue vigente, en su periodo de transición, luego de que Chávez renunció a este.
Hasta ayer, Cemex manejaba en Venezuela tres plantas de cemento -con una capacidad de producción de 4.6 millones de toneladas métricas al año-, 33 plantas de concreto, 10 centros de distribución terrestre y 4 terminales marítimas.
A las 18:00 horas de Caracas, la Guardia Nacional de Venezuela inició el proceso con la toma de la planta cementera en el estado Zulia.
Ramón Carrizales, vicepresidente venezolano, declaró que Cemex había exigido el pago de mil 300 millones de dólares, "una cantidad por encima de su valor real".
El Gobierno había ofrecido una compensación de sólo 800 millones de dólares.
El 3 de abril el Presidente Hugo Chávez anunció la estatización de las empresas cementeras en su país, argumentando que estaban encareciendo la construcción de vivienda.
Luego, el 19 de junio, publicó los términos del proceso fijando un plazo de 60 días, que ayer venció, para que las empresas decidieran si permanecerían como accionistas minoritarias, mientras que el Estado asumiría no menos del 60 por ciento de ellas.
La expropiación de las operaciones de Cemex en Venezuela representa una situación negativa para la compañía, ya que tendrá una posición de negociación muy débil, aunque podrá recurrir a otras instancias internacionales, coincidieron analistas financieros.
Abelardo Daza, editor del reporte Análisis Venezuela y profesor invitado en el IESA, en Caracas, precisó que la empresa mexicana tiene dos opciones legales para pelear el caso, el arbitraje internacional del Banco Mundial, o el Acuerdo Comercial del llamado G3, que Venezuela tenía con México y Colombia, el cual todavía sigue vigente, en su periodo de transición, luego de que Chávez renunció a este.
César Sánchez, Reforma, 19 de agosto.
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