Gordillo y Deschamps restan credibilidad al pacto nacional por la seguridad, señalan

La incongruencia de las propuestas que se firmaron el jueves en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es que no se ataca de fondo el problema de la criminalidad; es decir, ni por asomo se abordaron la situación económica y el rezago educativo ni se dice cómo se va a atacar la impunidad, consideró René Jiménez Ornelas, coordinador de la unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Detalló que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia es un documento bien estructurado, pero pierde credibilidad con la participación, entre otros personajes, de los dirigentes Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, y los gobernadores de Puebla, Mario Marín, y de Oaxaca, Ulises Ruiz.

Expuso que el texto signado por unanimidad en Palacio Nacional –en el que mediante 75 puntos se pretende depurar y fortalecer las instituciones policiales y de procuración de justicia, con énfasis en el combate al secuestro, lavado de dinero y crimen organizado– “carece de una visión estructural porque no se habla del ataque a la impunidad, cómo mejorar las condiciones salariales de los policías y de evaluaciones a las fuerzas militares.

“Si realmente se quiere atacar el problema de la inseguridad hay que abordarlo desde la economía y atender el problema estructural educativo, que son los ejes centrales para construir un país hacia el futuro. En sus encuentros en materia de seguridad, el gobierno federal, los estatales y el capitalino no han ofrecido una movilidad social para los jóvenes; al contrario, los han criminalizado.”

Lamentó que luego de la reunión, la mayor parte de los gobernadores hayan regresado a sus “frivolidades”.

“Esto es de miedo, porque están perdiendo el momento histórico de tratar de incidir” en la solución del problema, “ya que no tienen propuestas estructuradas para atender el nivel de inseguridad que estamos viviendo. Lo han querido hacer como Augusto Pinochet, pero después de varios años la ciudadanía recuperará su posición”, acotó.

Destacó que el documento tuvo como punto positivo haber juntado a todos para hablar de coordinación, “aunque no nos dicen cómo”, y estableció tiempos para que la sociedad pueda exigir el cumplimiento de lo firmado.

Gabriel León Zaragoza, La Jornada, 24 de agosto.


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