La propuesta plantea cambios a siete legislaciones

La iniciativa ciudadana de reforma energética del FAP plantea reformas a siete leyes, entre ellas, a la legislación reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, donde se establece:
“Los contratos de obras y prestación de servicios serán siempre en efectivo y en ningún caso concederán porcentajes en los productos, participación de los resultados de las exploraciones o sus equivalentes en efectivo”.

En la contratación de obras y servicios, Pemex dará preferencia, en igualdad de condiciones, a los inversionistas mexicanos.

Pemex tendrá el mayor grado de autonomía de gestión, para lo cual se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Pemex no se someterá, en ningún caso, a la jurisdicción de tribunales foráneos, tratándose de controversias referidas a contratos de obras y prestación de servicios en el territorio nacional.

La segunda reforma es una nueva Ley Orgánica para Pemex, donde se propone un Consejo de Administración para la paraestatal integrado por 11 miembros que determinará los criterios para la fijación de los costos de las transacciones entre las áreas operativas del organismo.

El director de Pemex será propuesto por el Ejecutivo, pero ratificado por las dos terceras partes del Senado.

El presupuesto para Pemex deberá incluirse en rubros por separado, en el Presupuesto, y el superávit de operación de la paraestatal, al final de un ejercicio fiscal, será aplicado en el siguiente presupuesto como ingreso propio de esa institución.

El tercer planteamiento de reforma es al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se plantea la creación del Consejo Nacional de Energía para la planeación y seguimiento de la política energética.

La cuarta es una reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para fijar la autonomía presupuestaria de Pemex y que en caso de superávit en la operación de áreas estratégicas como hidrocarburos, petroquímica básica, energía nuclear y electricidad, se destinará a las mismas.

La quinta es una reforma a la Ley Federal de Derechos para reducir la carga fiscal de Pemex y que sólo pague el derecho ordinario sobre hidrocarburos, aplicando la tasa de 71.5 %

La sexta es una reforma a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para presentar en la cuenta pública anual un informe, que incluya los permisos otorgados así como la deliberación y fundamentación de las decisiones adoptadas para otorgarlos.

La séptima reforma, es a la Ley de Planeación para que las entidades relativas a las áreas estratégicas del petróleo relativas a hidrocarburos, petroquímica básica, energía nuclear y electricidad, integren el programa sectorial, así como sus programas institucionales y anuales a través del Consejo Nacional de Energía.
Crónica, 25 de agosto.

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