La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso a disposición de cualquier interesado, el proyecto contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal antes de las 12 semanas de gestación.
Las 610 páginas con sus 68 anexos de la consulta que propone declarar inconstitucionales las reformas que permiten esa práctica, fueron publicadas el mediodía del viernes en el sitio electrónico del alto tribunal, dentro del apartado creado para ese tema.
Este proyecto puede ser aprobado, rechazado o modificado por los demás integrantes de la Corte, pero para invalidar estas reformas se necesita que una mayoría calificada de ocho de los 11 ministros que integran el pleno, respalden la propuesta de Sergio Aguirre Anguiano.
El documento que se encuentra en el enlace donde también se pueden consultar los argumentos a favor y en contra de estas modificaciones, establece que se deben invalidar diversas porciones normativas que no castigan a las mujeres que aborten antes de las 12 semanas.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso conservar las sanciones “de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o permita que otro la haga abortar”, sin hacer diferencia entre el periodo de gestación.
De igual forma, el ministro ponente propuso declarar válido el artículo 16 bis-6, tercer párrafo, de la Ley de Salud para el Distrito Federal, que establece que el gobierno capitalino atenderá las solicitudes de interrupción del embarazo, con la precisión de que se hará en los casos conocidos como aborto necesario.
Aguirre Anguiano rechazó la solicitud contenida en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), de invalidar el último párrafo del artículo 16 bis-8 de la Ley de Salud local, que habla de los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva.
Dicha porción normativa contiene además las obligaciones del gobierno local para ofrecer de forma permanente servicios gratuitos de información y orientación en la materia, así como el suministro de los métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente.
Las 610 páginas con sus 68 anexos de la consulta que propone declarar inconstitucionales las reformas que permiten esa práctica, fueron publicadas el mediodía del viernes en el sitio electrónico del alto tribunal, dentro del apartado creado para ese tema.
Este proyecto puede ser aprobado, rechazado o modificado por los demás integrantes de la Corte, pero para invalidar estas reformas se necesita que una mayoría calificada de ocho de los 11 ministros que integran el pleno, respalden la propuesta de Sergio Aguirre Anguiano.
El documento que se encuentra en el enlace donde también se pueden consultar los argumentos a favor y en contra de estas modificaciones, establece que se deben invalidar diversas porciones normativas que no castigan a las mujeres que aborten antes de las 12 semanas.
El ministro Sergio Aguirre Anguiano propuso conservar las sanciones “de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o permita que otro la haga abortar”, sin hacer diferencia entre el periodo de gestación.
De igual forma, el ministro ponente propuso declarar válido el artículo 16 bis-6, tercer párrafo, de la Ley de Salud para el Distrito Federal, que establece que el gobierno capitalino atenderá las solicitudes de interrupción del embarazo, con la precisión de que se hará en los casos conocidos como aborto necesario.
Aguirre Anguiano rechazó la solicitud contenida en las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), de invalidar el último párrafo del artículo 16 bis-8 de la Ley de Salud local, que habla de los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva.
Dicha porción normativa contiene además las obligaciones del gobierno local para ofrecer de forma permanente servicios gratuitos de información y orientación en la materia, así como el suministro de los métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas científicamente.
Notimex, Crónica, 16 de agosto.
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