La Presidencia de la República advirtió que la sociedad mexicana, sobre todo la urbana, está marcada por procesos sociales que fomentan el individualismo, la indiferencia y la apatía por asuntos de interés común.
"Actividades que lastiman el desarrollo mismo de la sociedad; por ejemplo, la irregularidad y la ilicitud se convierten en hábitos de nuestra convivencia", establece un avance del "Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad", entregado a los coordinadores parlamentarios del Senado.
Según el texto, del que REFORMA tiene copia, el deber del Estado de otorgar seguridad y justicia a los ciudadanos se encuentra afectado por la situación de inseguridad, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.
Indica que esas condiciones generan falta de credibilidad de la sociedad en las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia.
"La inseguridad es un problema que afecta a todo el País y, aunque no es reciente, se convierte en asunto de percepción pública alimentado por la alarma que causan hechos extremadamente violentos.
"Pese a los esfuerzos, no se ha logrado contener del todo", reconoce.
Sin propuestas concretas para combatir la inseguridad, se explica que el objetivo del acuerdo es convocar al País entero a sumarse, comprometerse a cumplir y respetar las leyes, para enfrentar la inseguridad objetivamente.
"Conscientes y ciertos de que el beneficio es para todos, los firmantes de este Acuerdo hacemos pública nuestra determinación de convencer con nuestra acciones, que nuestros hechos inspiren la voluntad de los demás y los inviten a transformar nuestra realidad", dice.
El cabildeo
La Secretaría de Gobernación cabildea con la bancada del PAN en el Senado la aprobación prioritaria de un paquete de reformas en materia de justicia y seguridad pública.
De acuerdo con un documento interno de la fracción, el Ejecutivo tiene interés en impulsar cambios al Código Penal Federal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y la creación de una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública.
"Derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, es necesaria la modificación de un alto número de ordenamientos", señala el texto entregado a los legisladores.
En el informe, la dependencia también habla de crear una "instancia de coordinación", con la participación de los tres poderes de la Unión, la sociedad civil y el sector académico.
En esa instancia también participarán las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y hasta los presidentes de los tribunales "para coadyuvar y apoyar a las autoridades locales que así lo soliciten".
En el documento, Gobernación defiende los avances de la reforma constitucional en materia de justicia que, afirma, permitirá adoptar un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados.
En materia de seguridad nacional, se pronuncia por impulsar un nuevo modelo de formación policial, que contemple la depuración y el fortalecimiento de los cuerpos policiales, con controles de confianza, polígrafo, exámenes socioeconómicos y de adicciones.
Compromisos
Principios comunes que tendrán los firmantes del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad
· Respeto a la ley: dar eficacia a los derechos y libertades.
· Combate a la impunidad: sancionar de manera efectiva toda trasgresión a la ley para generar confianza
· Transparencia: Difundir información pública, en especial la relativa a cuentas públicas para evaluar actuación del Estado.
· Combate a la corrupción: detectar y sancionar todo abuso del poder público.
· Cultura de la denuncia: denunciemos a la autoridad todo delito, infracción o ilícito del que sea víctima o testigo.
· Prevención: desarrollar y aplicar programas y acciones de prevención del delito.
· Derechos Humanos: respetar y defender los derechos humanos.
· Participación ciudadana: para mejorar la administración y el Gobierno y orientar la cultura de la legalidad.
· Corresponsabilidad: reconocer que la suma de esfuerzos de Gobierno y sociedad incrementará la seguridad.
· Coordinación y concertación: para trabajar juntos en el cumplimiento de los compromisos anteriores.
"Actividades que lastiman el desarrollo mismo de la sociedad; por ejemplo, la irregularidad y la ilicitud se convierten en hábitos de nuestra convivencia", establece un avance del "Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad", entregado a los coordinadores parlamentarios del Senado.
Según el texto, del que REFORMA tiene copia, el deber del Estado de otorgar seguridad y justicia a los ciudadanos se encuentra afectado por la situación de inseguridad, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.
Indica que esas condiciones generan falta de credibilidad de la sociedad en las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia.
"La inseguridad es un problema que afecta a todo el País y, aunque no es reciente, se convierte en asunto de percepción pública alimentado por la alarma que causan hechos extremadamente violentos.
"Pese a los esfuerzos, no se ha logrado contener del todo", reconoce.
Sin propuestas concretas para combatir la inseguridad, se explica que el objetivo del acuerdo es convocar al País entero a sumarse, comprometerse a cumplir y respetar las leyes, para enfrentar la inseguridad objetivamente.
"Conscientes y ciertos de que el beneficio es para todos, los firmantes de este Acuerdo hacemos pública nuestra determinación de convencer con nuestra acciones, que nuestros hechos inspiren la voluntad de los demás y los inviten a transformar nuestra realidad", dice.
El cabildeo
La Secretaría de Gobernación cabildea con la bancada del PAN en el Senado la aprobación prioritaria de un paquete de reformas en materia de justicia y seguridad pública.
De acuerdo con un documento interno de la fracción, el Ejecutivo tiene interés en impulsar cambios al Código Penal Federal, la Ley contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y la creación de una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública.
"Derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, es necesaria la modificación de un alto número de ordenamientos", señala el texto entregado a los legisladores.
En el informe, la dependencia también habla de crear una "instancia de coordinación", con la participación de los tres poderes de la Unión, la sociedad civil y el sector académico.
En esa instancia también participarán las conferencias de seguridad pública, procuración de justicia y hasta los presidentes de los tribunales "para coadyuvar y apoyar a las autoridades locales que así lo soliciten".
En el documento, Gobernación defiende los avances de la reforma constitucional en materia de justicia que, afirma, permitirá adoptar un sistema de justicia penal plenamente acusatorio, con juicios orales y procesos simplificados.
En materia de seguridad nacional, se pronuncia por impulsar un nuevo modelo de formación policial, que contemple la depuración y el fortalecimiento de los cuerpos policiales, con controles de confianza, polígrafo, exámenes socioeconómicos y de adicciones.
Compromisos
Principios comunes que tendrán los firmantes del Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad
· Respeto a la ley: dar eficacia a los derechos y libertades.
· Combate a la impunidad: sancionar de manera efectiva toda trasgresión a la ley para generar confianza
· Transparencia: Difundir información pública, en especial la relativa a cuentas públicas para evaluar actuación del Estado.
· Combate a la corrupción: detectar y sancionar todo abuso del poder público.
· Cultura de la denuncia: denunciemos a la autoridad todo delito, infracción o ilícito del que sea víctima o testigo.
· Prevención: desarrollar y aplicar programas y acciones de prevención del delito.
· Derechos Humanos: respetar y defender los derechos humanos.
· Participación ciudadana: para mejorar la administración y el Gobierno y orientar la cultura de la legalidad.
· Corresponsabilidad: reconocer que la suma de esfuerzos de Gobierno y sociedad incrementará la seguridad.
· Coordinación y concertación: para trabajar juntos en el cumplimiento de los compromisos anteriores.
Claudia Guerrero, Reforma, 20 de agosto.
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