Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, reveló ayer que para el cumplimiento de los 74 compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad existen dos plazos. El de 30 días que fijó el presidente Felipe Calderón para “replantear la estrategia” anticrimen y 100 días de la sociedad civil para cumplir los “objetivos”.
El abogado de la nación expresó que el de 100 días es el más relevante porque “en ese vamos a revisar puntualmente avances en relación con el acuerdo, en el sentido de si hemos puesto todas las cosas que tenemos que realizar precisamente para cumplir con los objetivos y haber cumplido los que tienen un plazo menor de 100 días”.
Tenemos, agregó Medina Mora, dos reuniones que se convinieron el día del acuerdo -21 de agosto- “no se trata de una colección de intenciones políticas, sino de cuestiones concretas que van a permitir aumentar de manera significativa capacidades del Estado mexicano para cumplir con su obligación básica: la seguridad”.
El responsable de la Procuraduría General de la República (PGR), reiteró que el primer elemento de la problemática fue identificar la inseguridad, “una debilidad institucional acumulada por muchas razones, porque no hemos hecho como país la tarea durante muchas décadas”.
Explicó que primero se deberá replantear la estrategia del Estado contra la delincuencia organizada y qué se puede hacer para mejorar, desde la perspectiva de los apoyos federales; y la segunda, cumplir antes del plazo con los compromisos que tienen un tiempo menor.
El abogado de la nación expresó que el de 100 días es el más relevante porque “en ese vamos a revisar puntualmente avances en relación con el acuerdo, en el sentido de si hemos puesto todas las cosas que tenemos que realizar precisamente para cumplir con los objetivos y haber cumplido los que tienen un plazo menor de 100 días”.
Tenemos, agregó Medina Mora, dos reuniones que se convinieron el día del acuerdo -21 de agosto- “no se trata de una colección de intenciones políticas, sino de cuestiones concretas que van a permitir aumentar de manera significativa capacidades del Estado mexicano para cumplir con su obligación básica: la seguridad”.
El responsable de la Procuraduría General de la República (PGR), reiteró que el primer elemento de la problemática fue identificar la inseguridad, “una debilidad institucional acumulada por muchas razones, porque no hemos hecho como país la tarea durante muchas décadas”.
Explicó que primero se deberá replantear la estrategia del Estado contra la delincuencia organizada y qué se puede hacer para mejorar, desde la perspectiva de los apoyos federales; y la segunda, cumplir antes del plazo con los compromisos que tienen un tiempo menor.
Rubén Torres, El Economista, 27 de agosto.
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