Bogotá, 21 de agosto. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, reconoció hoy haber hablado con varios congresistas para “persuadirlos” de que votaran en favor de una enmienda constitucional que le permitió la relección en 2006, pero negó haber sobornado a los legisladores para lograr su objetivo.
El mandatario compareció durante dos horas ante una comisión parlamentaria para responder por una acusación de cohecho a una legisladora hace cuatro años, interpuesta por el senador Luis Carlos Avellaneda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
En la comparecencia, Uribe no sólo negó haber ofrecido dádivas a los congresistas para conseguir los votos aprobatorios al proyecto de reforma constitucional, sino que además se lanzó contra un periodista por haber dilatado unos tres años la difusión de la noticia sobre cohecho a la diputada Yidis Medina, según un reporte del sitio en Internet del diario El Tiempo.
Daniel Coronell, periodista de una televisora local, dio a conocer a principios de año una entrevista a Medina en que ésta confesó haber recibido ofertas de puestos públicos y prebendas del presidente, en 2004, cuando se discutía en el Poder Legislativo la iniciativa para autorizar al presidente en turno la relección inmediata.
La ex congresista del Partido Conservador pidió entonces a Coronell, director de Noticias Uno, que hiciera pública la grabación hasta que resultara pertinente.
Según el congresista Edgar Ulises Torres, coordinador de los investigadores del caso, Uribe pidió a la Comisión de Acusación del Congreso que enviara “una copia del video y de lo actuado a la fiscalía (general de Colombia), porque el presidente cree que el señor Coronell debió, inmediatamente, haberlo publicado y puesto en consideración de la opinión pública”.
La entrevista –difundida hasta que Medina lo autorizó, según testimonio de Coronell– provocó un revuelo político; el asunto fue llevado al Poder Judicial y como resultado de ello la legisladora purga desde hace un par de meses una sentencia de cuatro años en prisión, después de que la Corte Suprema de Justicia investigara y dictaminara sobre su caso.
La ex congresista sostiene que en 2004 estaba en contra de la relección inmediata, pero que cambió de parecer durante los debates y una reñida votación en el comité, que permitió que la propuesta siguiera su trámite legislativo.
En declaraciones ante la corte, Medina involucró al ex legislador Teodolino Avendaño, también detenido por cohecho, a quien acusó de ausentarse en el momento de la votación para que los sufragios en favor de la enmienda fueran mayoritarios, pues el parlamentario tampoco estaba de acuerdo.
Después de la diligencia ante legisladores, Avellaneda dijo desconfiar de las decisiones de los tres miembros de la Comisión de Acusación, pues dos de ellos son de partidos políticos que conforman la coalición de gobierno.
Este conflicto enfrentado por el presidente se agregó al de la narcoparapolítica, que ha llevado a unos 30 legisladores –muchos de ellos vinculados con la coalición en el poder– a ser condenados a penas carcelarias. Los parlamentarios tienen conexiones con paramilitares y narcotraficantes, que han trasladado sus intereses hasta el Poder Legislativo.
En otro revés para el gobierno de Uribe, el fiscal general, Mario Iguarán, destituyó al director de Fiscalías, Guillermo Valencia, hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, luego que este jueves la revista Cambio dio a conocer grabaciones que involucran al ahora ex funcionario con el narcotraficante Daniel Rendón, alias Don Mario.
En tanto, los servicios informativos Anncol, cercanos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informaron que la guerrilla propuso el “intercambio humanitario” de 29 personas (tres civiles y 26 uniformados), cautivos en zonas guerrilleras, a cambio de insurgentes presos. El gobierno, sin embargo, no respondió al planteamiento.
El mandatario compareció durante dos horas ante una comisión parlamentaria para responder por una acusación de cohecho a una legisladora hace cuatro años, interpuesta por el senador Luis Carlos Avellaneda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo.
En la comparecencia, Uribe no sólo negó haber ofrecido dádivas a los congresistas para conseguir los votos aprobatorios al proyecto de reforma constitucional, sino que además se lanzó contra un periodista por haber dilatado unos tres años la difusión de la noticia sobre cohecho a la diputada Yidis Medina, según un reporte del sitio en Internet del diario El Tiempo.
Daniel Coronell, periodista de una televisora local, dio a conocer a principios de año una entrevista a Medina en que ésta confesó haber recibido ofertas de puestos públicos y prebendas del presidente, en 2004, cuando se discutía en el Poder Legislativo la iniciativa para autorizar al presidente en turno la relección inmediata.
La ex congresista del Partido Conservador pidió entonces a Coronell, director de Noticias Uno, que hiciera pública la grabación hasta que resultara pertinente.
Según el congresista Edgar Ulises Torres, coordinador de los investigadores del caso, Uribe pidió a la Comisión de Acusación del Congreso que enviara “una copia del video y de lo actuado a la fiscalía (general de Colombia), porque el presidente cree que el señor Coronell debió, inmediatamente, haberlo publicado y puesto en consideración de la opinión pública”.
La entrevista –difundida hasta que Medina lo autorizó, según testimonio de Coronell– provocó un revuelo político; el asunto fue llevado al Poder Judicial y como resultado de ello la legisladora purga desde hace un par de meses una sentencia de cuatro años en prisión, después de que la Corte Suprema de Justicia investigara y dictaminara sobre su caso.
La ex congresista sostiene que en 2004 estaba en contra de la relección inmediata, pero que cambió de parecer durante los debates y una reñida votación en el comité, que permitió que la propuesta siguiera su trámite legislativo.
En declaraciones ante la corte, Medina involucró al ex legislador Teodolino Avendaño, también detenido por cohecho, a quien acusó de ausentarse en el momento de la votación para que los sufragios en favor de la enmienda fueran mayoritarios, pues el parlamentario tampoco estaba de acuerdo.
Después de la diligencia ante legisladores, Avellaneda dijo desconfiar de las decisiones de los tres miembros de la Comisión de Acusación, pues dos de ellos son de partidos políticos que conforman la coalición de gobierno.
Este conflicto enfrentado por el presidente se agregó al de la narcoparapolítica, que ha llevado a unos 30 legisladores –muchos de ellos vinculados con la coalición en el poder– a ser condenados a penas carcelarias. Los parlamentarios tienen conexiones con paramilitares y narcotraficantes, que han trasladado sus intereses hasta el Poder Legislativo.
En otro revés para el gobierno de Uribe, el fiscal general, Mario Iguarán, destituyó al director de Fiscalías, Guillermo Valencia, hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, luego que este jueves la revista Cambio dio a conocer grabaciones que involucran al ahora ex funcionario con el narcotraficante Daniel Rendón, alias Don Mario.
En tanto, los servicios informativos Anncol, cercanos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, informaron que la guerrilla propuso el “intercambio humanitario” de 29 personas (tres civiles y 26 uniformados), cautivos en zonas guerrilleras, a cambio de insurgentes presos. El gobierno, sin embargo, no respondió al planteamiento.
DPA, Reuters y AFP, La Jornada, 22 de agosto.
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