Equipar a las instituciones de seguridad pública con armas automáticas y de calibre superior, así como mantener bajo la lupa ciudadana a las instituciones de procuración e impartición de justicia son parte de los compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y Justicia.
De acuerdo con el documento que entregó el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a los gobernadores, que se signará hoy en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), se crearán centros estatales de confianza que servirán para depurar y fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En el acuerdo también se plantean compromisos que deberán asumir medios de comunicación, asociaciones religiosas, organismos intermedios e instituciones académicas.
El acuerdo que se firmará hoy se plantea como un pacto transexenal, en el que participarán los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, además de los sectores privado y social. Los compromisos se presentan con el tiempo de ejecución y los responsables de su realización.
Entre las propuestas del Ejecutivo federal destacan formular una estrategia nacional contra el lavado de dinero que estará lista en seis meses. También se plantea regular la telefonía móvil y fija, tanto en el acceso a bases de datos, como en la ubicación física de los celulares en tiempo real (en caso de que estén involucrados en actividades delictivas).
Se señala que en un plazo de tres años se expedirá la cédula de identidad ciudadana y que se modernizará la tecnología para fortalecer el sistema de aduanas.
En el documento se establece también que se crearán números únicos en todo el país para atender emergencias; el 066 será para denuncias ciudadanas anónimas y el 089 fungirá como mecanismo de recompensas para quien proporcione información sobre las actividades de la delincuencia.
Participación ciudadana
El acuerdo involucra en todo momento la participación de la sociedad, tanto en observatorios, como en el sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos.
Entre los compromisos para el Poder Judicial destaca instalar un sistema biométrico que permita fortalecer el control de personas sujetas a procesos penales federales y con libertada bajo caución, que permitirá reconocer los rasgos de huesos y músculos.
Respecto a los compromisos de los gobiernos estatales, hubo dos puntos que generaron desacuerdo: los centros de evaluación y control de confianza certificados para las instituciones de seguridad y procuración de justicia (los mandatarios señalaron que este mecanismo deben existir también a escala federal) y los recursos que se necesitarán para llevar a cabo las medidas propuestas.
Entre los compromisos destaca la creación de unidades especializadas para el combate al secuestro, desarrollar programas que incorporen a la sociedad y establecer un sistema de información pública.
Los municipios también serán parte del pacto, pues se comprometen a depurar sus instituciones de seguridad, incrementar y etiquetar la asignación de recursos y regular los permisos de portación de armas. También se proponen facilitar, junto con los empresarios, las denuncia de cualquier ilícito o injusticia laboral.
Compromisos
En los compromisos de los medios de comunicación destacan evitar la apología del delito y la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares de las víctimas.
También se plantea incrementar los contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, la prevención del delito y la atención de adicciones.
Las organizaciones religiosas fomentarán en lugares de oración la cultura de la legalidad y la seguridad, así como la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones y la defensa de los derechos humanos.
De acuerdo con el documento que entregó el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, a los gobernadores, que se signará hoy en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), se crearán centros estatales de confianza que servirán para depurar y fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
En el acuerdo también se plantean compromisos que deberán asumir medios de comunicación, asociaciones religiosas, organismos intermedios e instituciones académicas.
El acuerdo que se firmará hoy se plantea como un pacto transexenal, en el que participarán los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, además de los sectores privado y social. Los compromisos se presentan con el tiempo de ejecución y los responsables de su realización.
Entre las propuestas del Ejecutivo federal destacan formular una estrategia nacional contra el lavado de dinero que estará lista en seis meses. También se plantea regular la telefonía móvil y fija, tanto en el acceso a bases de datos, como en la ubicación física de los celulares en tiempo real (en caso de que estén involucrados en actividades delictivas).
Se señala que en un plazo de tres años se expedirá la cédula de identidad ciudadana y que se modernizará la tecnología para fortalecer el sistema de aduanas.
En el documento se establece también que se crearán números únicos en todo el país para atender emergencias; el 066 será para denuncias ciudadanas anónimas y el 089 fungirá como mecanismo de recompensas para quien proporcione información sobre las actividades de la delincuencia.
Participación ciudadana
El acuerdo involucra en todo momento la participación de la sociedad, tanto en observatorios, como en el sistema de denuncia contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos.
Entre los compromisos para el Poder Judicial destaca instalar un sistema biométrico que permita fortalecer el control de personas sujetas a procesos penales federales y con libertada bajo caución, que permitirá reconocer los rasgos de huesos y músculos.
Respecto a los compromisos de los gobiernos estatales, hubo dos puntos que generaron desacuerdo: los centros de evaluación y control de confianza certificados para las instituciones de seguridad y procuración de justicia (los mandatarios señalaron que este mecanismo deben existir también a escala federal) y los recursos que se necesitarán para llevar a cabo las medidas propuestas.
Entre los compromisos destaca la creación de unidades especializadas para el combate al secuestro, desarrollar programas que incorporen a la sociedad y establecer un sistema de información pública.
Los municipios también serán parte del pacto, pues se comprometen a depurar sus instituciones de seguridad, incrementar y etiquetar la asignación de recursos y regular los permisos de portación de armas. También se proponen facilitar, junto con los empresarios, las denuncia de cualquier ilícito o injusticia laboral.
Compromisos
En los compromisos de los medios de comunicación destacan evitar la apología del delito y la difusión de información que ponga en riesgo la seguridad de los familiares de las víctimas.
También se plantea incrementar los contenidos que fomenten la cultura de la legalidad, la prevención del delito y la atención de adicciones.
Las organizaciones religiosas fomentarán en lugares de oración la cultura de la legalidad y la seguridad, así como la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones y la defensa de los derechos humanos.
Georgina Morett y Silvia Arellano, Milenio, 21 de agosto.
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