La migración de mexicanos a Estados Unidos (unos 580 mil al año) produce graves efectos negativos en la población que permanece, entre ellos un continuo nivel de estrés y ansiedad, pero sobre todo provoca la sustitución de la educación por la salida del país como mecanismo de movilidad social, advirtieron funcionarios y especialistas en el tema.
Aseveraron que no hay relación entre el incremento de las remesas y un mayor gasto en la educación de los hijos de migrantes; en cambio, insistieron, aumentan los trastornos familiares.
Durante las conclusiones del seminario Las políticas públicas ante los retos de la migración internacional en México, coordinado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), expertos de instituciones públicas y funcionarios de una decena de dependencias ofrecieron elementos acerca de los rasgos de la emigración, la cual aún es masiva y se realiza en condiciones desfavorables.
En las conclusiones del foro –el cual duró tres días– se alertó además sobre el constante deterioro de las condiciones laborales y salariales de los connacionales que trabajan en el país vecino, derivadas de su bajo grado de escolaridad y competitividad, ante lo cual los investigadores manifestaron: “los mexicanos son los nuevos pobres en Estados Unidos”.
El secretario general del Conapo, Félix Vélez Fernández Varela, expresó que el fenómeno migratorio tenderá a desacelerarse, pero no necesariamente por una mejor situación económica de México, sino por el cambio demográfico en el país, pues tiende a haber menos hijos por familia.
“El escenario más probable es que el número de migrantes tenderá a disminuir en el mediano plazo. Las estimaciones actuales hacen referencia a una salida anual de 580 mil mexicanos”, dijo el titular de Conapo en breve entrevista.
En 31 puntos, los participantes señalaron que es necesario desarrollar políticas públicas para atender los fenómenos e impactos negativos que acarrea la emigración. En principio, los académicos dejaron en claro que se requieren nuevas metodologías para medir con mayor precisión el número de mexicanos que sale del país en busca de mejor calidad de vida. Dijeron que se requiere aprovechar las remesas como detonante de desarrollo en los lugares de origen.
Entre la comunidad académica y de servidores públicos existe preocupación por la disminución en las tasas de retorno; esto es, la posibilidad y el número de veces que un mexicano regresa temporalmente a su hogar en un lapso determinado.
“Es un hecho que las esposas y madres de migrantes que se quedan en sus comunidades están sometidas a un elevado y continuo nivel de estrés y ansiedad, lo que tiene manifestaciones físicas y físico-conductuales”, según las conclusiones del seminario.
De igual forma, apuntaron que se debe atender a las poblaciones migrantes y sus cónyuges ante el aumento de casos de VIH-sida, para lo cual se requiere de la participación no sólo del gobierno, sino también de las organizaciones civiles.
Durante el seminario se analizaron los diagnósticos de 36 expositores nacionales y extranjeros. Acudieron a la cita investigadores de El Colegio de México, la Universidad de Colorado, El Colegio de Michoacán, el de Sonora y el de la Frontera Norte, así como de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, de Sinaloa, de Zacatecas, de Guadalajara y de Veracruz. También especialistas de la Universidad Iberoamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Colegio de la Frontera Sur y el Instituto Mora.
En las conclusiones se admitió que no hay estudios profundos acerca de los impactos de largo plazo del fenómeno migratorio, aunque es un hecho que la migración provoca escasez de mano de obra en el hogar, entre otros trastornos familiares, lo que puede tener impactos negativos en la educación.
En relación con los migrantes que permanecen más tiempo en Estados Unidos, expusieron que tampoco han logrado que sus hijos sigan estudiando, precisamente por su bajo nivel de ingresos y por carecer de documentos.
De ahí la insistencia de los especialistas en que las políticas públicas deben ser dirigidas a grupos en específico, con perspectiva de género, y fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva. El gobierno federal, abundaron, deberá asignar más recursos a los consulados y continuar en la negociación de acuerdos migratorios.
Aseveraron que no hay relación entre el incremento de las remesas y un mayor gasto en la educación de los hijos de migrantes; en cambio, insistieron, aumentan los trastornos familiares.
Durante las conclusiones del seminario Las políticas públicas ante los retos de la migración internacional en México, coordinado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), expertos de instituciones públicas y funcionarios de una decena de dependencias ofrecieron elementos acerca de los rasgos de la emigración, la cual aún es masiva y se realiza en condiciones desfavorables.
En las conclusiones del foro –el cual duró tres días– se alertó además sobre el constante deterioro de las condiciones laborales y salariales de los connacionales que trabajan en el país vecino, derivadas de su bajo grado de escolaridad y competitividad, ante lo cual los investigadores manifestaron: “los mexicanos son los nuevos pobres en Estados Unidos”.
El secretario general del Conapo, Félix Vélez Fernández Varela, expresó que el fenómeno migratorio tenderá a desacelerarse, pero no necesariamente por una mejor situación económica de México, sino por el cambio demográfico en el país, pues tiende a haber menos hijos por familia.
“El escenario más probable es que el número de migrantes tenderá a disminuir en el mediano plazo. Las estimaciones actuales hacen referencia a una salida anual de 580 mil mexicanos”, dijo el titular de Conapo en breve entrevista.
En 31 puntos, los participantes señalaron que es necesario desarrollar políticas públicas para atender los fenómenos e impactos negativos que acarrea la emigración. En principio, los académicos dejaron en claro que se requieren nuevas metodologías para medir con mayor precisión el número de mexicanos que sale del país en busca de mejor calidad de vida. Dijeron que se requiere aprovechar las remesas como detonante de desarrollo en los lugares de origen.
Entre la comunidad académica y de servidores públicos existe preocupación por la disminución en las tasas de retorno; esto es, la posibilidad y el número de veces que un mexicano regresa temporalmente a su hogar en un lapso determinado.
“Es un hecho que las esposas y madres de migrantes que se quedan en sus comunidades están sometidas a un elevado y continuo nivel de estrés y ansiedad, lo que tiene manifestaciones físicas y físico-conductuales”, según las conclusiones del seminario.
De igual forma, apuntaron que se debe atender a las poblaciones migrantes y sus cónyuges ante el aumento de casos de VIH-sida, para lo cual se requiere de la participación no sólo del gobierno, sino también de las organizaciones civiles.
Durante el seminario se analizaron los diagnósticos de 36 expositores nacionales y extranjeros. Acudieron a la cita investigadores de El Colegio de México, la Universidad de Colorado, El Colegio de Michoacán, el de Sonora y el de la Frontera Norte, así como de las universidades Nacional Autónoma de México, Autónoma Metropolitana, de Sinaloa, de Zacatecas, de Guadalajara y de Veracruz. También especialistas de la Universidad Iberoamericana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Colegio de la Frontera Sur y el Instituto Mora.
En las conclusiones se admitió que no hay estudios profundos acerca de los impactos de largo plazo del fenómeno migratorio, aunque es un hecho que la migración provoca escasez de mano de obra en el hogar, entre otros trastornos familiares, lo que puede tener impactos negativos en la educación.
En relación con los migrantes que permanecen más tiempo en Estados Unidos, expusieron que tampoco han logrado que sus hijos sigan estudiando, precisamente por su bajo nivel de ingresos y por carecer de documentos.
De ahí la insistencia de los especialistas en que las políticas públicas deben ser dirigidas a grupos en específico, con perspectiva de género, y fortalecer los programas de salud sexual y reproductiva. El gobierno federal, abundaron, deberá asignar más recursos a los consulados y continuar en la negociación de acuerdos migratorios.
Fabiola Martínez, La Jornada, 24 de agosto.
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