Mexicali, BC, 4 de agosto. El gobierno de Baja California rechazó que exista una campaña de desprestigio contra el general Sergio Aponte Polito, comandante de la segunda Región Militar –con sede en esta capital–, como el militar señaló en una carta que entregó este domingo a medios de comunicación, en la cual sostuvo que es objeto de “resentimiento, calumnia y difamación” por los resultados que las fuerzas castrenses han obtenido en la lucha contra el narcotráfico en la entidad.
El secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, ofreció una conferencia de prensa este lunes, en compañía de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya y Rommel Moreño Manjarrez, respectivamente.
Blake Mora aseguró que las autoridades estatales no han solicitado la remoción del general Aponte Polito, y expresó su satisfacción por la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas en las acciones contra el crimen organizado.
En su carta de 21 cuartillas titulada Todos contra el general, Sergio Aponte aseguró ser víctima de una campaña de filtraciones de información y acciones encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, y el procurador, Rommel Moreño.
De su lado, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso local, el gobierno del Estado, así como los cinco ayuntamientos de Baja California, sostuvieron en un desplegado publicado en la prensa local que mandos militares se incorporaron al combate al crimen organizado en corporaciones policiales, al igual que en labores de información en los centros de mando y control (C4), además de que se emprendió una depuración policiaca y una coordinación con las fuerzas armadas para “detener, procesar y juzgar a cabecillas y miembros del crimen organizado”.
En el desplegado, firmado por los poderes públicos y los ayuntamientos, se plantea que son “las instituciones, no los individuos, los que tienen la responsabilidad histórica de brindar seguridad y confianza a todos los mexicanos”, y negó tener por costumbre “filtrar” información, pues la prudencia es fundamental durante investigaciones en proceso.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública calificó de “lamentables y tristes” los señalamientos del general Aponte Polito, a quien exigió presentar denuncias penales para que se investiguen los hechos de los cuales se quejó.
De su lado, el mayor de infantería retirado del Ejército Justo Buenaventura Jaimes Villarreal, ex director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), acusó a De la Rosa Anaya de bloquear su labor al frente de la corporación, en la cual tenía intención de trabajar “con orden y disciplina”.
Afirmó que el titular de la SSPE le autorizó utilizar el helicóptero de la PEP para un asunto personal –asunto que se conoció en Baja California como “el caso del “helicóptero del amor”–, y reiteró que fue a él, y no a Aponte Polito, a quien se le “fue un tiro” de un arma de fuego el pasado 20 de julio en el restaurante Pampas, al tratar de sacar un teléfono celular de una bolsa de su pantalón, incidente por el cual perdió su empleo como jefe policiaco.
El secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, ofreció una conferencia de prensa este lunes, en compañía de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel de la Rosa Anaya y Rommel Moreño Manjarrez, respectivamente.
Blake Mora aseguró que las autoridades estatales no han solicitado la remoción del general Aponte Polito, y expresó su satisfacción por la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y las fuerzas armadas en las acciones contra el crimen organizado.
En su carta de 21 cuartillas titulada Todos contra el general, Sergio Aponte aseguró ser víctima de una campaña de filtraciones de información y acciones encabezada por el secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa, y el procurador, Rommel Moreño.
De su lado, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso local, el gobierno del Estado, así como los cinco ayuntamientos de Baja California, sostuvieron en un desplegado publicado en la prensa local que mandos militares se incorporaron al combate al crimen organizado en corporaciones policiales, al igual que en labores de información en los centros de mando y control (C4), además de que se emprendió una depuración policiaca y una coordinación con las fuerzas armadas para “detener, procesar y juzgar a cabecillas y miembros del crimen organizado”.
En el desplegado, firmado por los poderes públicos y los ayuntamientos, se plantea que son “las instituciones, no los individuos, los que tienen la responsabilidad histórica de brindar seguridad y confianza a todos los mexicanos”, y negó tener por costumbre “filtrar” información, pues la prudencia es fundamental durante investigaciones en proceso.
El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública calificó de “lamentables y tristes” los señalamientos del general Aponte Polito, a quien exigió presentar denuncias penales para que se investiguen los hechos de los cuales se quejó.
De su lado, el mayor de infantería retirado del Ejército Justo Buenaventura Jaimes Villarreal, ex director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), acusó a De la Rosa Anaya de bloquear su labor al frente de la corporación, en la cual tenía intención de trabajar “con orden y disciplina”.
Afirmó que el titular de la SSPE le autorizó utilizar el helicóptero de la PEP para un asunto personal –asunto que se conoció en Baja California como “el caso del “helicóptero del amor”–, y reiteró que fue a él, y no a Aponte Polito, a quien se le “fue un tiro” de un arma de fuego el pasado 20 de julio en el restaurante Pampas, al tratar de sacar un teléfono celular de una bolsa de su pantalón, incidente por el cual perdió su empleo como jefe policiaco.
Antonio Heras, corresponsal, La Jornada, 5 de agosto.
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