Políticos, académicos e integrantes de organizaciones en “defensa de la vida” cuestionaron “¿por qué se prohíbe fumar, pero se legaliza el aborto? Pretenden ¿entronizar el derecho de matar?”
Sin embargo, confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la inconstitucionalidad de la ley que permite la suspensión del embarazo antes de las 12 semanas por la vía jurídica.
Un grupo de 28 de los 40 exponentes en las audiencias de la Corte que presentaron argumentos en favor de esa inconstitucionalidad, puntualizaron que los ministros deberán tomar su decisión apegados al derecho, con independencia de factores sociales o políticos, lo cual coadyuvará a tomar una decisión justa y prudente.
El ex procurador general de la República Ignacio Morales Lechuga sostuvo que no se debe “entronizar a la muerte”, como se pretende hacerlo en el Distrito Federal, donde se castiga más a un fumador que a quienes practican los abortos y matan la vida en el vientre.
La actual comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, quien participó en este acto en “calidad de ciudadana”, destacó que para que exista la paz en los estados democráticos es necesario garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales, como la vida.
Sostuvo que los principios del derecho natural “no son negociables”, pues sólo así se podrá construir una civilización donde la mujer esté libre de no abortar y se reconozca a todo individuo concebido.
El doctor Jesús Kumate aseguró que la vida se inicia con la fertlización y después vienen las etapas de la vida. Nadie puede decir que al día siguiente de las 12 semanas ya se tiene un ser humano.
En entrevista, el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal destacó que el proyecto de sentencia del ministro Salvador Aguirre Anguiano no tiene aspectos moralistas, sino jurídicos.
Si se declara inconstitucional esa ley, el Gobierno del Distrito Federal estaría obligado a proteger a las mujeres que quieran abortar y ofrecerles alternativas como la adopción, afirmó.
Lo que se busca, indicó, es proteger a la mujer y a su hijo y “no matar a nadie ni meterlo a la cárcel”.
Los que deberían ser castigados son los “aborteros”, dijo.
Sin embargo, confiaron en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la inconstitucionalidad de la ley que permite la suspensión del embarazo antes de las 12 semanas por la vía jurídica.
Un grupo de 28 de los 40 exponentes en las audiencias de la Corte que presentaron argumentos en favor de esa inconstitucionalidad, puntualizaron que los ministros deberán tomar su decisión apegados al derecho, con independencia de factores sociales o políticos, lo cual coadyuvará a tomar una decisión justa y prudente.
El ex procurador general de la República Ignacio Morales Lechuga sostuvo que no se debe “entronizar a la muerte”, como se pretende hacerlo en el Distrito Federal, donde se castiga más a un fumador que a quienes practican los abortos y matan la vida en el vientre.
La actual comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, quien participó en este acto en “calidad de ciudadana”, destacó que para que exista la paz en los estados democráticos es necesario garantizar el pleno respeto a los derechos fundamentales, como la vida.
Sostuvo que los principios del derecho natural “no son negociables”, pues sólo así se podrá construir una civilización donde la mujer esté libre de no abortar y se reconozca a todo individuo concebido.
El doctor Jesús Kumate aseguró que la vida se inicia con la fertlización y después vienen las etapas de la vida. Nadie puede decir que al día siguiente de las 12 semanas ya se tiene un ser humano.
En entrevista, el ex secretario de Gobernación Carlos Abascal destacó que el proyecto de sentencia del ministro Salvador Aguirre Anguiano no tiene aspectos moralistas, sino jurídicos.
Si se declara inconstitucional esa ley, el Gobierno del Distrito Federal estaría obligado a proteger a las mujeres que quieran abortar y ofrecerles alternativas como la adopción, afirmó.
Lo que se busca, indicó, es proteger a la mujer y a su hijo y “no matar a nadie ni meterlo a la cárcel”.
Los que deberían ser castigados son los “aborteros”, dijo.
Eugenia Jiménez, Milenio, 21 de agosto.
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