La Cámara de Senadores se prepara para regular el uso de la telefonía celular, ya que ese medio de comunicación se ha convertido en una de las principales armas para delinquir y facilitar el crecimiento de robos, extorsiones y la industria del secuestro.
Los senadores priístas tienen listo el dictamen de una iniciativa presentada en junio del año pasado por el senador Mario López Valdés, que fue adicionada con la finalidad de crear un marco jurídico que obligue a los concesionarios a llevar un registro de todos los usuarios de teléfono celular, con la obligación de ceder ese banco de datos a las autoridades competentes cuando les sean requeridos o con fines de detención, investigación y enjuiciamiento en materia penal.
Durante la reunión plenaria celebrada en Aguascalientes, los priístas hicieron los últimos ajustes a la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el propósito de que sea más técnica y específica, toda vez que la actual legislación ha permitido que se comercialicen miles de aparatos móviles mediante el sistema de prepago y tarjetas conocidas como chips, que no están registradas a nombre de un usuario específico.
El autor de la iniciativa, López Valdés, comentó que esa falta de regulación ha permitido que secuestradores realicen llamadas a familiares de plagiados sin que se les pueda ubicar por la falta de un registro de usuarios.
La iniciativa plantea la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía celular, elaborado, controlado y actualizado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que será supervisado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en la información proporcionada por operadores de celulares.
Dicho registro será elaborado con los datos del usuario, que deberá acreditar su personalidad con credencial oficial, como la que distribuye el Instituto Federal Electoral, y en caso de tratarse de persona moral, con el registro federal de causantes.
Los concesionarios deberán registrar número de teléfono, de llamada, nombre y dirección del usuario, así como la identificación asignada a éste, aasí como conservar esos datos durante un año a partir de la fecha en que se produjo la comunicación.
La iniciativa de reforma señala como infracción grave el incumplimiento, por parte de los concesionarios, al aportar registros incompletos de la llamada, así como la negativa o demora para entregar la información a las autoridades correspondientes.
El ex secretario de Gobernación Francisco Labastida explicó que se tomó como referente el modelo de Inglaterra. Recordó que las autoridades de ese país lograron la detención casi inmediata de los terroristas que perpetraron un atentado en el metro de Londres, quienes fueron ubicados días después en Italia tras ser rastreados por la utilización de sus teléfonos celulares.
Los senadores priístas tienen listo el dictamen de una iniciativa presentada en junio del año pasado por el senador Mario López Valdés, que fue adicionada con la finalidad de crear un marco jurídico que obligue a los concesionarios a llevar un registro de todos los usuarios de teléfono celular, con la obligación de ceder ese banco de datos a las autoridades competentes cuando les sean requeridos o con fines de detención, investigación y enjuiciamiento en materia penal.
Durante la reunión plenaria celebrada en Aguascalientes, los priístas hicieron los últimos ajustes a la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el propósito de que sea más técnica y específica, toda vez que la actual legislación ha permitido que se comercialicen miles de aparatos móviles mediante el sistema de prepago y tarjetas conocidas como chips, que no están registradas a nombre de un usuario específico.
El autor de la iniciativa, López Valdés, comentó que esa falta de regulación ha permitido que secuestradores realicen llamadas a familiares de plagiados sin que se les pueda ubicar por la falta de un registro de usuarios.
La iniciativa plantea la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía celular, elaborado, controlado y actualizado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que será supervisado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en la información proporcionada por operadores de celulares.
Dicho registro será elaborado con los datos del usuario, que deberá acreditar su personalidad con credencial oficial, como la que distribuye el Instituto Federal Electoral, y en caso de tratarse de persona moral, con el registro federal de causantes.
Los concesionarios deberán registrar número de teléfono, de llamada, nombre y dirección del usuario, así como la identificación asignada a éste, aasí como conservar esos datos durante un año a partir de la fecha en que se produjo la comunicación.
La iniciativa de reforma señala como infracción grave el incumplimiento, por parte de los concesionarios, al aportar registros incompletos de la llamada, así como la negativa o demora para entregar la información a las autoridades correspondientes.
El ex secretario de Gobernación Francisco Labastida explicó que se tomó como referente el modelo de Inglaterra. Recordó que las autoridades de ese país lograron la detención casi inmediata de los terroristas que perpetraron un atentado en el metro de Londres, quienes fueron ubicados días después en Italia tras ser rastreados por la utilización de sus teléfonos celulares.
Andrea Becerril, La Jornada, 24 de agosto.
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