La cadena perpetua a secuestradores se aplica ya en los hechos y legislar en la materia sólo implicaría poner nombre a una sanción que el Código Penal considera hasta por 70 años de cárcel, aunque en la práctica no ha sido suficiente para inhibir este delito, coinciden expertos en el tema de seguridad.
De hecho, algunos especialistas consideran que el endurecimiento de las sanciones no frenará el secuestro o la delincuencia en México, como tampoco lo ha hecho en país alguno.
Ayer, el presidente Felipe Calderón puso sobre la mesa el tema a raíz del secuestro y asesinato de Fernando Martí, al anunciar que envió una nueva iniciativa al Congreso de la Unión para instaurar la cadena perpetua a secuestradores cuyo delito sea cometido con agravantes.
En su mensaje estuvo acompañado por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien un día antes aseguró en una entrevista radiofónica que ante la crisis en el país en materia de secuestros la respuesta no estaba en las sanciones.
Incluso reconoció que la legislación penal actual ya consideraba penas severas. “Hay responsables de secuestro que han sido sentenciados a 80 ó 90 años de prisión actualmente. Yo creo que eso es prácticamente equivalente a una cadena perpetua en el sentido de que difícilmente saldrá de prisión antes de terminar su ciclo biológico de vida. Se trata de dar penas severas, pero sobre todo penas efectivas”.
Con esta visión coincide el abogado Alonso Aguilar Zínser, quien señala que la experiencia en todos los países del mundo es que las penas de muerte o la gravedad de las sanciones a una conducta delictiva no son un medio disuasivo. Lo que inhibe a la delincuencia, explica, es la eficiencia de los órganos de procuración de justicia para detener, procesar y lograr la condena de responsables de los ilícitos.
Para Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública capitalino y federal, una de las primeras estrategias debe ser una depuración seria de los cuerpos policiacos y control y supervisión más estrictos, para impedirles corrupción e incorporarse a las bandas criminales.
Al respecto, Luis De la Barreda Solórzano, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), considera que es necesaria una estrategia integral, que debe contemplar la mejora de las policías locales y federales, a través de equipamiento, capacitación y óptimas condiciones salariales, pasando por un proceso de selección riguroso.
El investigador de la UNAM Miguel Carbonell asegura que el debate de estos últimos días no debe dar lugar a ejercicios de “retórica y populismo penal”.
Jorge Chabat, experto del ITAM, dice que se debe acabar con la impunidad y crear mecanismos para lograr la supervisión de policías a nivel federal y estatal.
De hecho, algunos especialistas consideran que el endurecimiento de las sanciones no frenará el secuestro o la delincuencia en México, como tampoco lo ha hecho en país alguno.
Ayer, el presidente Felipe Calderón puso sobre la mesa el tema a raíz del secuestro y asesinato de Fernando Martí, al anunciar que envió una nueva iniciativa al Congreso de la Unión para instaurar la cadena perpetua a secuestradores cuyo delito sea cometido con agravantes.
En su mensaje estuvo acompañado por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, quien un día antes aseguró en una entrevista radiofónica que ante la crisis en el país en materia de secuestros la respuesta no estaba en las sanciones.
Incluso reconoció que la legislación penal actual ya consideraba penas severas. “Hay responsables de secuestro que han sido sentenciados a 80 ó 90 años de prisión actualmente. Yo creo que eso es prácticamente equivalente a una cadena perpetua en el sentido de que difícilmente saldrá de prisión antes de terminar su ciclo biológico de vida. Se trata de dar penas severas, pero sobre todo penas efectivas”.
Con esta visión coincide el abogado Alonso Aguilar Zínser, quien señala que la experiencia en todos los países del mundo es que las penas de muerte o la gravedad de las sanciones a una conducta delictiva no son un medio disuasivo. Lo que inhibe a la delincuencia, explica, es la eficiencia de los órganos de procuración de justicia para detener, procesar y lograr la condena de responsables de los ilícitos.
Para Alejandro Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública capitalino y federal, una de las primeras estrategias debe ser una depuración seria de los cuerpos policiacos y control y supervisión más estrictos, para impedirles corrupción e incorporarse a las bandas criminales.
Al respecto, Luis De la Barreda Solórzano, director del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), considera que es necesaria una estrategia integral, que debe contemplar la mejora de las policías locales y federales, a través de equipamiento, capacitación y óptimas condiciones salariales, pasando por un proceso de selección riguroso.
El investigador de la UNAM Miguel Carbonell asegura que el debate de estos últimos días no debe dar lugar a ejercicios de “retórica y populismo penal”.
Jorge Chabat, experto del ITAM, dice que se debe acabar con la impunidad y crear mecanismos para lograr la supervisión de policías a nivel federal y estatal.
Francisco Gómez y Silvia Otero, El Universal, 8 de agosto.
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