Pactan; les dan 100 días

Con un plazo de 100 días para dar a conocer avances, el Presidente Felipe Calderón, legisladores, Ministros, Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como líderes sociales, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

En un hecho histórico, el Consejo Nacional de Seguridad Pública se reunió en Palacio Nacional y, en pleno por primera vez, pactó realizar 74 acciones contra la delincuencia.

Nuevas leyes, creación y depuración de cuerpos policiacos, acciones de inteligencia, nuevos centros de readaptación social, instrumentos de denuncias anónimas y un observatorio ciudadano que vigile su cumplimiento son algunos de los compromisos.

La presidenta de México Unido contra la Delincuencia, María Elena Morera, emplazó a las autoridades a revisar el acuerdo para verificar que tenga resultados.

"La premura de ver resultados, la exigencia de sentir más seguridad, no puede esperar a la creación del observatorio ciudadano.

"Por eso, convocamos a que en 100 días revisemos el cumplimiento del acuerdo nacional, a que las universidades y otras instituciones educativas nos ayuden a evaluar los avances en cada uno de los compromisos que hoy hicieron ustedes de cara a la sociedad", apuntó.

A pesar de su emplazamiento, el Presidente Calderón ordenó a Roberto Campa, Secretario Ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, convocar a una nueva reunión en 30 días para revisar los avances.

Durante el evento, el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, reconoció que la delincuencia en México reportó un incremento de 8.6 por ciento en 2007, con respecto a 2006. También aceptó que el crimen organizado ha aumentado su capacidad de fuego y operación.

"La impunidad ha sido un incentivo para la delincuencia, es asunto rentable para la delincuencia.

"La delincuencia tiene poder de intimidación, cooptación y búsqueda de control social y territorial basado en la corrupción", dijo.

Campa informó que en seis meses la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR elaborarán una estrategia nacional contra el secuestro y dio lectura a los compromisos acordados para combatir a la delincuencia organizada.

El Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comprometió a mejorar la impartición de justicia en el País.

Además, anunció que la tarea sustantiva de la Corte será dictar resoluciones justas, pues, consideró, las sentencias no pueden ser objeto de convenios ni resultado de una política pública o de una decisión preestablecida.

Reforma, 22 de agosto.


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