A partir de hoy, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Ana Teresa Aranda, y la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero, tendrán más facultades para determinar el ingreso o expulsión de extranjeros.
Lo anterior, tras un acuerdo –publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– firmado por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con el argumento de que el control del fenómeno migratorio constituye un tema fundamental para la preservación de la seguridad nacional.
Por la mañana, Aranda admitió que el tráfico de personas en México está “fatalmente ligado al crimen organizado”, de ahí que el Estado perseguirá a “esas mafias” que atacan a migrantes o medran con la necesidad de los indocumentados.
En entrevista, comentó que el INM ha consignado a la autoridad competente todos los casos en los que se presume que hay actividades ilícitas, particularmente agresión o secuestro de migrantes.
Señaló que la autoridad migratoria otorga visas humanitarias a los afectados, para que puedan permanecer en el país en tanto levantan la denuncia penal correspondiente.
La funcionaria federal no ofreció datos precisos sobre el número de visas de ese tipo que se han expedido y tampoco del proceso, anunciado en junio pasado, para intentar depurar el INM.
Tampoco dio cifras respecto del número de exámenes antidrogas aplicado a los empleados de ese organismo, cuyo costo no asumió Gobernación, sino la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El pasado 11 de junio, 33 cubanos fueron “sustraídos” por un comando armado justo cuando eran trasladados –en el sur del país– bajo custodia de agentes migratorios.
La subsecretaria aseguró que el proceso continúa, con algunos indiciados “en prisión” (aunque luego dijo que en realidad están “arraigados”), pero sin que haya, hasta el momento, sentencia alguna derivada de aquel suceso.
El proyecto del acuerdo con base en el cual Mouriño se propuso aumentar facultades a Aranda y Romero fue revisado por la Comisión de Mejora Regulatoria desde junio pasado.
Ayer, el DOF publicó el texto en los términos propuestos por Gobernación, con el propósito de que la última palabra en materia de salida, reingreso y estancia de los extranjeros en México corra a cargo de los responsables de los cargos referidos, actualmente en ocupados por Aranda y Romero.
Así, las funcionarias autorizarán los trámites derivados de la Ley General de Población y el reglamento respectivo, en especial para autorizar la readmisión de expulsados o aceptar un nuevo proceso; dar su visto bueno para refrendar la calidad del estatus de un extranjero y dispensar sanciones para refugiados, entre otros.
Las funcionarias podrán avalar directamente prórrogas, revalidaciones, referendos y autorizaciones varias para asilados políticos y refugiados, otorgar calidad de no inmigrante, “visitante distinguido” e imponer sanciones.
Por la mañana, Aranda admitió la situación laboral desfavorable de los paisanos que viven en Estados Unidos, quienes representan 30 por ciento de la población migrante y 5 por ciento de la fuerza laboral de aquel país.
Los mexicanos en Estados Unidos –la mayoría indocumentados– constituyen la principal fuente de mano de obra en diversos sectores, como la agricultura y la construcción, pero la mayor parte tiene poca capacitación y nivel educativo.
Lo anterior, tras un acuerdo –publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF)– firmado por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con el argumento de que el control del fenómeno migratorio constituye un tema fundamental para la preservación de la seguridad nacional.
Por la mañana, Aranda admitió que el tráfico de personas en México está “fatalmente ligado al crimen organizado”, de ahí que el Estado perseguirá a “esas mafias” que atacan a migrantes o medran con la necesidad de los indocumentados.
En entrevista, comentó que el INM ha consignado a la autoridad competente todos los casos en los que se presume que hay actividades ilícitas, particularmente agresión o secuestro de migrantes.
Señaló que la autoridad migratoria otorga visas humanitarias a los afectados, para que puedan permanecer en el país en tanto levantan la denuncia penal correspondiente.
La funcionaria federal no ofreció datos precisos sobre el número de visas de ese tipo que se han expedido y tampoco del proceso, anunciado en junio pasado, para intentar depurar el INM.
Tampoco dio cifras respecto del número de exámenes antidrogas aplicado a los empleados de ese organismo, cuyo costo no asumió Gobernación, sino la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El pasado 11 de junio, 33 cubanos fueron “sustraídos” por un comando armado justo cuando eran trasladados –en el sur del país– bajo custodia de agentes migratorios.
La subsecretaria aseguró que el proceso continúa, con algunos indiciados “en prisión” (aunque luego dijo que en realidad están “arraigados”), pero sin que haya, hasta el momento, sentencia alguna derivada de aquel suceso.
El proyecto del acuerdo con base en el cual Mouriño se propuso aumentar facultades a Aranda y Romero fue revisado por la Comisión de Mejora Regulatoria desde junio pasado.
Ayer, el DOF publicó el texto en los términos propuestos por Gobernación, con el propósito de que la última palabra en materia de salida, reingreso y estancia de los extranjeros en México corra a cargo de los responsables de los cargos referidos, actualmente en ocupados por Aranda y Romero.
Así, las funcionarias autorizarán los trámites derivados de la Ley General de Población y el reglamento respectivo, en especial para autorizar la readmisión de expulsados o aceptar un nuevo proceso; dar su visto bueno para refrendar la calidad del estatus de un extranjero y dispensar sanciones para refugiados, entre otros.
Las funcionarias podrán avalar directamente prórrogas, revalidaciones, referendos y autorizaciones varias para asilados políticos y refugiados, otorgar calidad de no inmigrante, “visitante distinguido” e imponer sanciones.
Por la mañana, Aranda admitió la situación laboral desfavorable de los paisanos que viven en Estados Unidos, quienes representan 30 por ciento de la población migrante y 5 por ciento de la fuerza laboral de aquel país.
Los mexicanos en Estados Unidos –la mayoría indocumentados– constituyen la principal fuente de mano de obra en diversos sectores, como la agricultura y la construcción, pero la mayor parte tiene poca capacitación y nivel educativo.
Fabiola Martínez, La Jornada, 21 de agosto.
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