El gobierno federal reconoció la existencia de un “deterioro institucional y estructural” para combatir la delincuencia, y para revertir el “alto grado de impunidad” y “control territorial” que ejercen grupos criminales presentó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, que mediante 75 puntos pretende depurar y fortalecer las instituciones policiales y de procuración de justicia, con énfasis en el combate al secuestro, lavado de dinero y crimen organizado.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad en Palacio Nacional, durante la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), por los representantes de los tres poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y dirigentes de organizaciones civiles.
El Ejecutivo enviará el próximo mes un paquete de reformas legislativas relativas a cinco leyes y el Código Federal de Procedimientos Penales, que incluyen la creación de una ley de extinción de dominio, aplicable a bienes adquiridos con dinero de procedencia ilícita; enmiendas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) para crear una sola policía federal; a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y una ley general del delito de secuestro.
Delinquir ofrece hoy más beneficios que riesgos
En ese contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, reveló que el índice criminal en el país aumentó 8.6 por ciento durante 2007, en comparación al año anterior, y los plagios aumentaron de 540 casos en 2002 a 785 para 2007.
García Luna, que también funge como presidente del CNSP, aceptó que existe un “elevado nivel de violencia”, ya que los grupos criminales “han incrementado su capacidad de fuego, organización y desarrollo”, lo que provoca que “los beneficios de delinquir son mayores que los riesgos”, ya que además, la fuerza de estos grupos “está en la intimidación, la captación y la búsqueda de control social”.
En lo que fue un diagnóstico de la situación de los cuerpos policiacos, el funcionario federal señaló que 55.9 por ciento de los policías del país únicamente cursaron educación básica, 27 por ciento media superior, y superior sólo 15.6 por ciento; detalló que ganan entre 6 mil y 12 mil pesos mensuales, y se requiere un subsidio mensual de alrededor de mil 500 millones para que los uniformados reciban sueldos de por lo menos 10 mil pesos.
Los 75 compromisos gubernamentales que integran el acuerdo incluyen evaluaciones toxicológicas, poligráficas, situación patrimonial, médica y sicológica a todos los policías del país: 152 mil 147 municipales, 203 mil 434 estatales y 20 mil 353 agentes federales.
Entre las acciones que emprenderán los firmantes del acuerdo, y de las que se deberá entregar resultados con plazos que van desde los 40 días hasta los tres años, destaca la creación de centros estatales de control de confianza en los que se evaluará a policías y funcionarios locales, y el hecho de que los empleados de aduanas, de la PGR, de los centros de readaptación social, y las secretarías de Hacienda, Gobernación ySeguridad Pública, tendrán que acreditar exámenes de confianza.
Estrategia contra plagios
El gobierno federal elaborará en un plazo de seis meses “una estrategia nacional e integral contra el secuestro”, y se apoyará en especial “el fortalecimiento o creación y formación de unidades estatales” para el combate a este ilícito; asimismo, la SSP federal construirá en un plazo de dos años dos centros federales de alta seguridad que tengan módulos especiales para plagiarios.
Las autoridades federales pretenden emitir en seis meses “una estrategia nacional contra el narcomenudeo que sume las capacidades” de los distintos órdenes de gobierno “en el marco de la legislación que determine el Congreso”. Para combatir al crimen organizado, se fortalecerá la capacidad del Ministerio Público federal “para mejorar la eficacia en la obtención de sentencias condenatorias”, y se pondrá en marcha una “estrategia nacional contra el lavado de dinero”, en la que participarán la secretarías de Hacienda, Gobernación y SSP federal, en coordinación con la PGR.
Control de telefonía
En el acuerdo se planteó que en seis meses se establezca una base de datos de equipos de telefonía móvil y fija, a fin de tener “la ubicación física” de los aparatos en “tiempo real”, cuando esas unidades sean utilizadas en actividades delictivas; para ello, las secretarías de Comunicaciones, Economía, SSP federal y PGR, se comprometieron a emitir un “instrumento de regulación, realización de inspecciones y aplicación de las normas en caso de incumplimiento”.
Las autoridades federales pretenden establecer un número único para la atención de emergencias (066) y fomentar la cultura de la denuncia ciudadana anónima a través del 089; se buscará que, en un plazo de tres años, la Secretaría de Gobernación pueda expedir la llamada cédula de identidad.
Esta estrategia buscará rescatar mil espacios públicos deteriorados e inseguros en zonas de alto índice delictivo, y se creará en tres meses un observatorio ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos.
Todos los firmantes asumieron diversos compromisos; inclusive, las asociaciones religiosas promoverán desde sus lugares de oración la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad en Palacio Nacional, durante la 23 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), por los representantes de los tres poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y dirigentes de organizaciones civiles.
El Ejecutivo enviará el próximo mes un paquete de reformas legislativas relativas a cinco leyes y el Código Federal de Procedimientos Penales, que incluyen la creación de una ley de extinción de dominio, aplicable a bienes adquiridos con dinero de procedencia ilícita; enmiendas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) para crear una sola policía federal; a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y una ley general del delito de secuestro.
Delinquir ofrece hoy más beneficios que riesgos
En ese contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, reveló que el índice criminal en el país aumentó 8.6 por ciento durante 2007, en comparación al año anterior, y los plagios aumentaron de 540 casos en 2002 a 785 para 2007.
García Luna, que también funge como presidente del CNSP, aceptó que existe un “elevado nivel de violencia”, ya que los grupos criminales “han incrementado su capacidad de fuego, organización y desarrollo”, lo que provoca que “los beneficios de delinquir son mayores que los riesgos”, ya que además, la fuerza de estos grupos “está en la intimidación, la captación y la búsqueda de control social”.
En lo que fue un diagnóstico de la situación de los cuerpos policiacos, el funcionario federal señaló que 55.9 por ciento de los policías del país únicamente cursaron educación básica, 27 por ciento media superior, y superior sólo 15.6 por ciento; detalló que ganan entre 6 mil y 12 mil pesos mensuales, y se requiere un subsidio mensual de alrededor de mil 500 millones para que los uniformados reciban sueldos de por lo menos 10 mil pesos.
Los 75 compromisos gubernamentales que integran el acuerdo incluyen evaluaciones toxicológicas, poligráficas, situación patrimonial, médica y sicológica a todos los policías del país: 152 mil 147 municipales, 203 mil 434 estatales y 20 mil 353 agentes federales.
Entre las acciones que emprenderán los firmantes del acuerdo, y de las que se deberá entregar resultados con plazos que van desde los 40 días hasta los tres años, destaca la creación de centros estatales de control de confianza en los que se evaluará a policías y funcionarios locales, y el hecho de que los empleados de aduanas, de la PGR, de los centros de readaptación social, y las secretarías de Hacienda, Gobernación ySeguridad Pública, tendrán que acreditar exámenes de confianza.
Estrategia contra plagios
El gobierno federal elaborará en un plazo de seis meses “una estrategia nacional e integral contra el secuestro”, y se apoyará en especial “el fortalecimiento o creación y formación de unidades estatales” para el combate a este ilícito; asimismo, la SSP federal construirá en un plazo de dos años dos centros federales de alta seguridad que tengan módulos especiales para plagiarios.
Las autoridades federales pretenden emitir en seis meses “una estrategia nacional contra el narcomenudeo que sume las capacidades” de los distintos órdenes de gobierno “en el marco de la legislación que determine el Congreso”. Para combatir al crimen organizado, se fortalecerá la capacidad del Ministerio Público federal “para mejorar la eficacia en la obtención de sentencias condenatorias”, y se pondrá en marcha una “estrategia nacional contra el lavado de dinero”, en la que participarán la secretarías de Hacienda, Gobernación y SSP federal, en coordinación con la PGR.
Control de telefonía
En el acuerdo se planteó que en seis meses se establezca una base de datos de equipos de telefonía móvil y fija, a fin de tener “la ubicación física” de los aparatos en “tiempo real”, cuando esas unidades sean utilizadas en actividades delictivas; para ello, las secretarías de Comunicaciones, Economía, SSP federal y PGR, se comprometieron a emitir un “instrumento de regulación, realización de inspecciones y aplicación de las normas en caso de incumplimiento”.
Las autoridades federales pretenden establecer un número único para la atención de emergencias (066) y fomentar la cultura de la denuncia ciudadana anónima a través del 089; se buscará que, en un plazo de tres años, la Secretaría de Gobernación pueda expedir la llamada cédula de identidad.
Esta estrategia buscará rescatar mil espacios públicos deteriorados e inseguros en zonas de alto índice delictivo, y se creará en tres meses un observatorio ciudadano que vigile y supervise el cumplimiento de los compromisos.
Todos los firmantes asumieron diversos compromisos; inclusive, las asociaciones religiosas promoverán desde sus lugares de oración la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia.
Gustavo Castillo, Fabiola Martínez y Claudia Herrera, La jornada, 22 de agosto.
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