El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados inició la discusión interna de la propuesta de reforma energética presentada por los senadores. En ese contexto, un sector de legisladores planteó un proyecto alterno, en el cual se sugiere rechazar los contratos de riesgo con la iniciativa privada en todas las áreas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La propuesta, explicó la diputada Beatriz Pagés Rebollar, es evitar que en la reforma se introduzca la figura de compensaciones a empresas privadas, ya sea porque obtengan resultados en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos, o por riesgos durante las obras.
El documento, que fue difundido ayer y cuenta con el aval de legisladores como Carlos Rojas Gutiérrez, Alfredo Ríos Camarena, José Murat y la propia Pagés, plantea establecer figuras de control en la paraestatal, como un comité de transparencia y un comisario público.
Asimismo, expresa la necesidad de construir dos refinerías para abatir la importación de combustibles, así como diseñar toda una política de transparencia que abarque al sindicato.
En entrevista posterior a la reunión, Pagés Rebollar consideró que el gobierno federal debe dar el primer paso en modernizar la relación con el sindicato y, si en esta revisión se detectan contratos o convenios irregulares, éstos deben desaparecer.
“El sindicato debe ser uno de los más interesados en una reforma en la cual la transparencia beneficie el prestigio que debe tener un gremio tan importante en la vida pública del país”, afirmó.
Estira y afloja entre priístas
El coordinador de la bancada para la reforma energética, Ascensión Orihuela Bárcenas, afirmó que las propuestas de ese bloque de diputados priístas se incorporará, salvo “en algunos detalles menores”, porque –aseguró– más de 90 de los 106 integrantes de la bancada han avalado la iniciativa de los senadores.
Sin embargo, el documento presentado por el sector que no coincide con el proyecto de la bancada del tricolor en el Senado resalta que “las iniciativas del Ejecutivo partían de un diagnóstico parcial y sesgado que exponía las consecuencias, pero no las causas por las cuales el sector energético, principalmente Pemex, se encuentran en la situación actual”.
Además, indica, “a pesar de la enorme propaganda en contrario, las iniciativas son privatizadoras al ceder áreas importantes de Pemex y debilitar al organismo y convertirlo en un simple administrador de contratos, manteniéndolo como exportador de crudo y cediendo a particulares las actividades industriales que generan un valor agregado, creando una industria petrolera paralela”.
Por ello, agrega, un grupo de diputados elaboró una propuesta alternativa que se apega a los estatutos y la declaración de principios del PRI, pues no considera modificar la Constitución ni las leyes reglamentarias y, por tanto, no crea regímenes de excepción.
En ese sentido, se propuso acotar la redacción de los artículos “para clarificar la asignación exclusiva a Pemex de áreas para fines de exploración y explotación petrolera”, y se rechaza “la propuesta que posibilitaba la propiedad sobre los hidrocarburos como forma de remuneración, reafirmándose que los pagos sean siempre en efectivo y no se concedan porcentajes de los productos ni participación en los resultados de las explotaciones”.
Aseguran que de no incluirse estos temas la propuesta estaría incompleta “y daríamos pie a las críticas de que nos limitamos a rechazar las iniciativas del Ejecutivo sin proponer cambios sustanciales que mejoren radicalmente a Pemex”.
Por ejemplo, se plantea que ningún contrato debe tener carácter confidencial o reservado, y que éstos sean turnados simultáneamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para evaluar su legalidad.
Se sugiere reorientar los excedentes petroleros y evitar la discrecionalidad en su distribución, con el propósito de destinar más recursos a inversión y a los estados para proyectos de energías alternativas.
‘También se considera que es posible restablecer al ciento por ciento las reservas probadas sin privatizar a la paraestatal, maximizar la vida útil de los yacimientos y duplicar el monto de las reservas probadas actuales.
La propuesta, explicó la diputada Beatriz Pagés Rebollar, es evitar que en la reforma se introduzca la figura de compensaciones a empresas privadas, ya sea porque obtengan resultados en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos, o por riesgos durante las obras.
El documento, que fue difundido ayer y cuenta con el aval de legisladores como Carlos Rojas Gutiérrez, Alfredo Ríos Camarena, José Murat y la propia Pagés, plantea establecer figuras de control en la paraestatal, como un comité de transparencia y un comisario público.
Asimismo, expresa la necesidad de construir dos refinerías para abatir la importación de combustibles, así como diseñar toda una política de transparencia que abarque al sindicato.
En entrevista posterior a la reunión, Pagés Rebollar consideró que el gobierno federal debe dar el primer paso en modernizar la relación con el sindicato y, si en esta revisión se detectan contratos o convenios irregulares, éstos deben desaparecer.
“El sindicato debe ser uno de los más interesados en una reforma en la cual la transparencia beneficie el prestigio que debe tener un gremio tan importante en la vida pública del país”, afirmó.
Estira y afloja entre priístas
El coordinador de la bancada para la reforma energética, Ascensión Orihuela Bárcenas, afirmó que las propuestas de ese bloque de diputados priístas se incorporará, salvo “en algunos detalles menores”, porque –aseguró– más de 90 de los 106 integrantes de la bancada han avalado la iniciativa de los senadores.
Sin embargo, el documento presentado por el sector que no coincide con el proyecto de la bancada del tricolor en el Senado resalta que “las iniciativas del Ejecutivo partían de un diagnóstico parcial y sesgado que exponía las consecuencias, pero no las causas por las cuales el sector energético, principalmente Pemex, se encuentran en la situación actual”.
Además, indica, “a pesar de la enorme propaganda en contrario, las iniciativas son privatizadoras al ceder áreas importantes de Pemex y debilitar al organismo y convertirlo en un simple administrador de contratos, manteniéndolo como exportador de crudo y cediendo a particulares las actividades industriales que generan un valor agregado, creando una industria petrolera paralela”.
Por ello, agrega, un grupo de diputados elaboró una propuesta alternativa que se apega a los estatutos y la declaración de principios del PRI, pues no considera modificar la Constitución ni las leyes reglamentarias y, por tanto, no crea regímenes de excepción.
En ese sentido, se propuso acotar la redacción de los artículos “para clarificar la asignación exclusiva a Pemex de áreas para fines de exploración y explotación petrolera”, y se rechaza “la propuesta que posibilitaba la propiedad sobre los hidrocarburos como forma de remuneración, reafirmándose que los pagos sean siempre en efectivo y no se concedan porcentajes de los productos ni participación en los resultados de las explotaciones”.
Aseguran que de no incluirse estos temas la propuesta estaría incompleta “y daríamos pie a las críticas de que nos limitamos a rechazar las iniciativas del Ejecutivo sin proponer cambios sustanciales que mejoren radicalmente a Pemex”.
Por ejemplo, se plantea que ningún contrato debe tener carácter confidencial o reservado, y que éstos sean turnados simultáneamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación para evaluar su legalidad.
Se sugiere reorientar los excedentes petroleros y evitar la discrecionalidad en su distribución, con el propósito de destinar más recursos a inversión y a los estados para proyectos de energías alternativas.
‘También se considera que es posible restablecer al ciento por ciento las reservas probadas sin privatizar a la paraestatal, maximizar la vida útil de los yacimientos y duplicar el monto de las reservas probadas actuales.
Enrique Méndez, La Jornada, 6 de agosto.
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