PRD insiste: nueva ley para Pemex

La bancada perredista en la Cámara de Diputados revisó ayer, durante su reunión plenaria, previa a la apertura de sesiones ordinarias en San Lázaro, los fundamentos de la iniciativa de reforma petrolera que dará a conocer el 25 de agosto próximo.

Los representantes del partido del sol azteca abordarán la reforma energética como tema central de sus deliberaciones, cuyos ejes serán garantizar la exclusividad de la nación en el desarrollo de las actividades estratégicas en materia petrolera; dotar a Petróleos Mexicanos (Pemex) de una administración eficaz y transparente, concederle autonomía presupuestal en materia de gestión y garantizar proyectos de planeación estratégica.

Los perredistas pretenden que la nueva Ley Orgánica de Pemex ordene que el proyecto de presupuesto anual se envíe a Hacienda a través de la Secretaría de Energía, con objeto de ser incluido, por separado, en el balance de ingresos y egresos federales.

Tal operación implicaría que el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo federal incluya los egresos de la paraestatal, con objeto de eliminar el filtro y la intervención de Hacienda en torno al gasto de Pemex.

Lo anterior permitiría, en caso de aprobarse, mayor capacidad en el manejo total de los recursos de la paraestatal.

Otra obligación que pretenden incorporar los perredistas al ámbito de Pemex es crear fondos para asegurar el pago de los pasivos de la empresa, que incluya su parte laboral y los fideicomisos para el personal jubilado o pensionado.

Deuda pública
En el terreno hacendario se retirarían los obstáculos que hoy limitan la autonomía de la empresa, para ofrecerle que la deuda contraída mediante el esquema de Pidiregas sea objeto de revisión por la Auditoría Superior de la Federación. Se trata de que la deuda de Pemex se traslade a la pública.

Es indispensable para los perredistas crear una nueva ley orgánica de Pemex con el fin de eliminar las actuales subsidiarias de la empresa y se le contemple como una sola entidad, con un consejo de administración que integren seis personas designadas por el Ejecutivo federal, cuatro representantes sociales y dos del sindicato petrolero.

En torno al manejo de los recursos obtenidos por Pemex por su actividad diaria, los legisladores consideran necesario que las ganancias no se concentren en la Tesorería de la Federación y que el superávit de la operación, al terminar cada ejercicio fiscal, se destine como ingreso propio a los programas de desarrollo.

Roberto Garduño, La Jornada, 15 de agosto.


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