Los agentes federales que cometen delitos o abusos administrativos son amonestados o despedidos, pero no castigados.
Sin embargo, especialistas alertan de la impunidad alrededor de este fenómeno, pues, en lugar de iniciarles un proceso judicial y encarcelarlos, simplemente los corren de las corporaciones.
Arturo Yáñez, investigador y catedrático del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señaló que, ante lo complicado de llevar a juicio a los elementos, las corporaciones optan por el despido.
"De hecho, puede ser que haya 100 averiguaciones previas iniciadas por probables delitos cometidos por los servidores públicos, pero realmente hacen una consignación ante juez penal en 30 casos de cada 100", explicó Yáñez.
Renato Sales Heredia, ex subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lamentó que simplemente se corra a estos elementos de las Policías, pues muchos de ellos terminan como delincuentes porque, desde 1999, la ley les impide ser recontratados en otra corporación.
"Lo que se generó desde 1999 (con esa prohibición) es el incremento en los secuestros y otros delitos precisamente por eso, porque se expulsó a quien se debía consignar, o sea, se les mandó a la calle cuando se les debió haber procesado", expuso.
Al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), la Visitaduría General está facultada para iniciar una averiguación previa, mientras que en la Policía Federal es la Comisión de Honor y Justicia la que puede presentar denuncias penales.
Sin embargo, de las 243 averiguaciones previas que durante 2007 inició la Visitaduría General de la Procuraduría contra 372 servidores públicos de la misma dependencia como probables responsables en la comisión de diversos delitos, sólo en 30 casos, contra 59 personas se ejercitó acción penal.
En el caso de la Policía Federal, la Función Pública reportó 707 elementos inhabilitados, suspendidos o con amonestaciones públicas o privadas en lo que va del presente sexenio.
Dicho número contrasta con los escasos 13 policías dados de baja de la corporación en 2007 "por incumplimiento de requisitos de permanencia", según estadísticas de la Coordinación de Administración y Servicios la PFP.
Por cuestiones derivadas de un proceso judicial, sólo nueve elementos han sido dados de baja, todos en 2006.
Las faltas de los agentes incluyen negligencias administrativas, abuso de autoridad, cohecho, extorsión, violación a procesos de contratación e incumplimiento en declaración de situación patrimonial.
Asuntos pendientes
Legisladores, Gobernadores, el Jefe del GDF y Secretarios de Estado llegan al pacto por la seguridad pública en el País con varios pendientes.
PODER LEGISLATIVO
· Desde marzo de 2007 tiene congelada, sin debate para aprobarla o desecharla, la iniciativa presidencial de cadena perpetua contra plagiarios.
PODER JUDICIAL
· En 2007 concedió la mitad de las casi 16 mil órdenes de aprehensión que solicitó la PGR; negó el resto por falta de elementos.
· Algunas sentencias son para absolver a delincuentes. Recientemente, dos Magistrados anularon sentencias a cinco plagiarios de la banda "Los Varela" y a tres de "Los Diableros".
GABINETE DE SEGURIDAD
· Se reúne cada semana en las instalaciones de la Segob para ajustar operativos; sin embargo, sus resoluciones no se reflejan en una disminución de la violencia.
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
· No ha logrado la operación óptima de Plataforma México, lo que permitiría concentrar toda la información nacional relativa al secuestro.
· Demoró la licitación para adquirir los chips del Registro Público Vehicular, para combatir el robo de autos.
CONAGO
· Armó un proyecto integral para avanzar hacia un nuevo sistema integral contra el crimen organizado que no ha implantado.
· Los Gobernadores tienen pendiente depurar sus cuerpos policiacos.
Sin embargo, especialistas alertan de la impunidad alrededor de este fenómeno, pues, en lugar de iniciarles un proceso judicial y encarcelarlos, simplemente los corren de las corporaciones.
Arturo Yáñez, investigador y catedrático del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, señaló que, ante lo complicado de llevar a juicio a los elementos, las corporaciones optan por el despido.
"De hecho, puede ser que haya 100 averiguaciones previas iniciadas por probables delitos cometidos por los servidores públicos, pero realmente hacen una consignación ante juez penal en 30 casos de cada 100", explicó Yáñez.
Renato Sales Heredia, ex subprocurador de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, lamentó que simplemente se corra a estos elementos de las Policías, pues muchos de ellos terminan como delincuentes porque, desde 1999, la ley les impide ser recontratados en otra corporación.
"Lo que se generó desde 1999 (con esa prohibición) es el incremento en los secuestros y otros delitos precisamente por eso, porque se expulsó a quien se debía consignar, o sea, se les mandó a la calle cuando se les debió haber procesado", expuso.
Al interior de la Procuraduría General de la República (PGR), la Visitaduría General está facultada para iniciar una averiguación previa, mientras que en la Policía Federal es la Comisión de Honor y Justicia la que puede presentar denuncias penales.
Sin embargo, de las 243 averiguaciones previas que durante 2007 inició la Visitaduría General de la Procuraduría contra 372 servidores públicos de la misma dependencia como probables responsables en la comisión de diversos delitos, sólo en 30 casos, contra 59 personas se ejercitó acción penal.
En el caso de la Policía Federal, la Función Pública reportó 707 elementos inhabilitados, suspendidos o con amonestaciones públicas o privadas en lo que va del presente sexenio.
Dicho número contrasta con los escasos 13 policías dados de baja de la corporación en 2007 "por incumplimiento de requisitos de permanencia", según estadísticas de la Coordinación de Administración y Servicios la PFP.
Por cuestiones derivadas de un proceso judicial, sólo nueve elementos han sido dados de baja, todos en 2006.
Las faltas de los agentes incluyen negligencias administrativas, abuso de autoridad, cohecho, extorsión, violación a procesos de contratación e incumplimiento en declaración de situación patrimonial.
Asuntos pendientes
Legisladores, Gobernadores, el Jefe del GDF y Secretarios de Estado llegan al pacto por la seguridad pública en el País con varios pendientes.
PODER LEGISLATIVO
· Desde marzo de 2007 tiene congelada, sin debate para aprobarla o desecharla, la iniciativa presidencial de cadena perpetua contra plagiarios.
PODER JUDICIAL
· En 2007 concedió la mitad de las casi 16 mil órdenes de aprehensión que solicitó la PGR; negó el resto por falta de elementos.
· Algunas sentencias son para absolver a delincuentes. Recientemente, dos Magistrados anularon sentencias a cinco plagiarios de la banda "Los Varela" y a tres de "Los Diableros".
GABINETE DE SEGURIDAD
· Se reúne cada semana en las instalaciones de la Segob para ajustar operativos; sin embargo, sus resoluciones no se reflejan en una disminución de la violencia.
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
· No ha logrado la operación óptima de Plataforma México, lo que permitiría concentrar toda la información nacional relativa al secuestro.
· Demoró la licitación para adquirir los chips del Registro Público Vehicular, para combatir el robo de autos.
CONAGO
· Armó un proyecto integral para avanzar hacia un nuevo sistema integral contra el crimen organizado que no ha implantado.
· Los Gobernadores tienen pendiente depurar sus cuerpos policiacos.
Carole Simmonet y Rolando Herrera, Reforma, 21 de agosto.
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