El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) impuso al PRI una multa de 38 millones de pesos por anuncios no reportados durante las campañas de los comicios de 2006.
En ese contexto, el PAN enfiló sus baterías contra el priísmo de cara al proceso de 2009. Su representante, Roberto Gil, sostuvo: “Roberto Madrazo violó el tope de campaña presidencial en 2006”.
El panista no ocultó que la decisión, para su partido, involucraba ya a los comicios intermedios: “¿Van o no a sancionar la violación del tope de campaña? Esta resolución es un capítulo más de 2006 y es el inicio de 2009. Hoy ustedes deciden qué autoridad quieren ser. ¿La que aplica la ley o la que ayuda a Roberto Madrazo”.
Sería el inicio de un largo debate sobre la sanción que finalmente impuso el IFE al PRI, por cinco votos contra cuatro, estos últimos de consejeros que pugnaban por devolver el proyecto a efecto de profundizar en las investigaciones y por lo cual pugnaron, en su última sesión como integrantes del instituto, Andrés Albo y Teresa González Luna.
El primero cuestionó que el proyecto elaborado por la Unidad de Fiscalización del instituto no había agotado las líneas de investigación y que, ante la falta de respuesta de algunos concesionarios a requerimientos de información, no se había insistido.
Reproches priístas
El representante priísta, Sebastián Lerdo de Tejada, acusó recibo y descalificó la actitud “tan beligerante” de intentar generar la sensación de que el PRI estuvo a punto de violar los topes de campaña.
A lo largo del debate descalificó la postura del PAN de “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, y reprochó que el representante panista infería la violación del tope sin pruebas, “pero si quiere –lo emplazó–, podemos hablar de la injerencia del presidente Vicente Fox en la contienda, que ahí sí hay pruebas”.
Los consejeros, Marco Antonio Gómez Alcántar, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade defendieron, quizá con más vehemencia que el PRI, el dictamen.
Andrade habló de que los criterios que se siguieron en este caso fueron los mismos que en su momento se aplicaron a todos los partidos. Gómez Alcántar unió su argumentación a la causa priísta como propia, y manifestó que tratar de modificar ahora los criterios que en su momento se le aplicaron a otros partidos sería juzgar dos veces al tricolor.
El consejero Benito Nacif le recordó las peculiaridades del caso priísta, tanto por ser uno de los partidos que contrató más promocionales como por el gasto de campaña que ya se le había acreditado previamente. Mientras, Arturo Sánchez demandó aprobar la propuesta de Albo de devolver el expediente para que fuera más preciso.
Frente a esta postura, Lerdo de Tejada criticó a quienes pugnaban por ahondar la investigación y planteó que su partido entregó la información requerida, por lo que la sanción promovida era excesiva. Sostuvo que el tricolor pugna por el fortalecimiento institucional que invite a la consolidación democrática, “y no un IFE en en el cual la vendetta de callejón se imponga a los criterios jurídicos. No queremos un instituto que sea presa del protagonismo improductivo de unos cuantos, no queremos un órgano que secuestre la democracia y con ello secuestre la vida interna de los partidos y se convierta en una valla para el desarrollo democrático”.
Al final, el consejero presidente, Leonardo Valdés, defendió el dictamen y la actuación del IFE para pasar a la votación, tras lo cual se aprobó la sanción contra el PRI.
En ese contexto, el PAN enfiló sus baterías contra el priísmo de cara al proceso de 2009. Su representante, Roberto Gil, sostuvo: “Roberto Madrazo violó el tope de campaña presidencial en 2006”.
El panista no ocultó que la decisión, para su partido, involucraba ya a los comicios intermedios: “¿Van o no a sancionar la violación del tope de campaña? Esta resolución es un capítulo más de 2006 y es el inicio de 2009. Hoy ustedes deciden qué autoridad quieren ser. ¿La que aplica la ley o la que ayuda a Roberto Madrazo”.
Sería el inicio de un largo debate sobre la sanción que finalmente impuso el IFE al PRI, por cinco votos contra cuatro, estos últimos de consejeros que pugnaban por devolver el proyecto a efecto de profundizar en las investigaciones y por lo cual pugnaron, en su última sesión como integrantes del instituto, Andrés Albo y Teresa González Luna.
El primero cuestionó que el proyecto elaborado por la Unidad de Fiscalización del instituto no había agotado las líneas de investigación y que, ante la falta de respuesta de algunos concesionarios a requerimientos de información, no se había insistido.
Reproches priístas
El representante priísta, Sebastián Lerdo de Tejada, acusó recibo y descalificó la actitud “tan beligerante” de intentar generar la sensación de que el PRI estuvo a punto de violar los topes de campaña.
A lo largo del debate descalificó la postura del PAN de “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, y reprochó que el representante panista infería la violación del tope sin pruebas, “pero si quiere –lo emplazó–, podemos hablar de la injerencia del presidente Vicente Fox en la contienda, que ahí sí hay pruebas”.
Los consejeros, Marco Antonio Gómez Alcántar, Marco Antonio Baños y Virgilio Andrade defendieron, quizá con más vehemencia que el PRI, el dictamen.
Andrade habló de que los criterios que se siguieron en este caso fueron los mismos que en su momento se aplicaron a todos los partidos. Gómez Alcántar unió su argumentación a la causa priísta como propia, y manifestó que tratar de modificar ahora los criterios que en su momento se le aplicaron a otros partidos sería juzgar dos veces al tricolor.
El consejero Benito Nacif le recordó las peculiaridades del caso priísta, tanto por ser uno de los partidos que contrató más promocionales como por el gasto de campaña que ya se le había acreditado previamente. Mientras, Arturo Sánchez demandó aprobar la propuesta de Albo de devolver el expediente para que fuera más preciso.
Frente a esta postura, Lerdo de Tejada criticó a quienes pugnaban por ahondar la investigación y planteó que su partido entregó la información requerida, por lo que la sanción promovida era excesiva. Sostuvo que el tricolor pugna por el fortalecimiento institucional que invite a la consolidación democrática, “y no un IFE en en el cual la vendetta de callejón se imponga a los criterios jurídicos. No queremos un instituto que sea presa del protagonismo improductivo de unos cuantos, no queremos un órgano que secuestre la democracia y con ello secuestre la vida interna de los partidos y se convierta en una valla para el desarrollo democrático”.
Al final, el consejero presidente, Leonardo Valdés, defendió el dictamen y la actuación del IFE para pasar a la votación, tras lo cual se aprobó la sanción contra el PRI.
Alonso Urrutia, La Jornada, 15 de agosto.
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