Organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos consideraron que la propuesta del presidente Felipe Calderón de imponer cadena perpetua a secuestradores no es el instrumento decisivo en la lucha contra el delito y plantearon someterla a debate nacional, porque el tema exige una solución integral.
Miguel Concha Malo, director del Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró la cadena perpetua como pena inusitada –como indica el artículo 22 de la Constitución–, por lo que este asunto “debe discutirse en el Congreso de la Unión y en la sociedad”.
No se trata sólo de reformar el Código Penal para ampliar los castigos y presentarlos como solución al problema de la inseguridad pública, es un asunto que involucra investigar la infiltración de la delincuencia en las policías y eliminar la corrupción.
Además, está la exigencia de que la autoridad investigue a los grupos de la delincuencia organizada y que las autoridades judiciales, que poseen información suficiente para prevenir el delito, cumplan con la ley. “Si no lo hacen es porque tienen intereses políticos”, agregó Concha Malo.
En tanto, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que la propuesta de Calderón demuestra la incapacidad del sistema penal para reinsertar a la sociedad a quienes estuvieron detenidos por algún delito.
“Imponer penas más severas no resuelve el problema de fondo, se necesitan cuerpos policiacos más capacitados y honestos, y propuestas con visión integral que consideren factores como la superación de la pobreza, el combate a la exclusión, la restructuración de los cuerpos policiales e impedir la impunidad”.
Concha Malo y Arriaga lamentaron que el asunto esté en el ámbito de la discusión pública, porque se trata de un adolescente cuyos padres son conocidos; el asesinato de Fernando Martí es condenable pero, ¿por qué no se reacciona de la misma manera por el asesinato de mujeres, indígenas y migrantes; ante la pobreza y la violencia, por ejemplo”.
Además de subrayar que todo secuestro y asesinato son condenados por la sociedad, ambos insistieron en que el asunto de la cadena perpetua debe ser analizado con profundidad.
Por otra parte, la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos asentó que la sanción penal propuesta “no es instrumento decisivo en la lucha contra el delito. El mero endurecimiento de las penas no parece ser respuesta adecuada a la exigencia de justicia ni ofrece alguna garantía para disminuir ese delito”.
En un comunicado, las 58 organizaciones de la red sostuvieron que el problema radica en el ineficiente sistema de justicia del país, ya que de cada cien delitos se denuncian 25, de éstos sólo se concluye la investigación de 4.55 y se pone a disposición del juez 1.6 de dichos casos, de los cuales se condena a 1.06.
“Identificamos que el problema real es de impunidad, que raya casi 98 por ciento. Las penas más duras no inhiben el delito, se requiere un sistema eficiente que incremente sustantivamente las posibilidades de que un secuestrador o cualquier delincuente sea detenido y castigado”, acotaron.
Las medidas para combatir al crimen organizado deben partir de un sistema integral de prevención no penal del delito; capacitar a las policías preventivas y formar cuerpos investigadores profesionales y honestos, que realmente investiguen y se alleguen las pruebas de los delitos cometidos.
Miguel Concha Malo, director del Comité de Derechos Humanos Fray Bartolomé, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró la cadena perpetua como pena inusitada –como indica el artículo 22 de la Constitución–, por lo que este asunto “debe discutirse en el Congreso de la Unión y en la sociedad”.
No se trata sólo de reformar el Código Penal para ampliar los castigos y presentarlos como solución al problema de la inseguridad pública, es un asunto que involucra investigar la infiltración de la delincuencia en las policías y eliminar la corrupción.
Además, está la exigencia de que la autoridad investigue a los grupos de la delincuencia organizada y que las autoridades judiciales, que poseen información suficiente para prevenir el delito, cumplan con la ley. “Si no lo hacen es porque tienen intereses políticos”, agregó Concha Malo.
En tanto, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró que la propuesta de Calderón demuestra la incapacidad del sistema penal para reinsertar a la sociedad a quienes estuvieron detenidos por algún delito.
“Imponer penas más severas no resuelve el problema de fondo, se necesitan cuerpos policiacos más capacitados y honestos, y propuestas con visión integral que consideren factores como la superación de la pobreza, el combate a la exclusión, la restructuración de los cuerpos policiales e impedir la impunidad”.
Concha Malo y Arriaga lamentaron que el asunto esté en el ámbito de la discusión pública, porque se trata de un adolescente cuyos padres son conocidos; el asesinato de Fernando Martí es condenable pero, ¿por qué no se reacciona de la misma manera por el asesinato de mujeres, indígenas y migrantes; ante la pobreza y la violencia, por ejemplo”.
Además de subrayar que todo secuestro y asesinato son condenados por la sociedad, ambos insistieron en que el asunto de la cadena perpetua debe ser analizado con profundidad.
Por otra parte, la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos asentó que la sanción penal propuesta “no es instrumento decisivo en la lucha contra el delito. El mero endurecimiento de las penas no parece ser respuesta adecuada a la exigencia de justicia ni ofrece alguna garantía para disminuir ese delito”.
En un comunicado, las 58 organizaciones de la red sostuvieron que el problema radica en el ineficiente sistema de justicia del país, ya que de cada cien delitos se denuncian 25, de éstos sólo se concluye la investigación de 4.55 y se pone a disposición del juez 1.6 de dichos casos, de los cuales se condena a 1.06.
“Identificamos que el problema real es de impunidad, que raya casi 98 por ciento. Las penas más duras no inhiben el delito, se requiere un sistema eficiente que incremente sustantivamente las posibilidades de que un secuestrador o cualquier delincuente sea detenido y castigado”, acotaron.
Las medidas para combatir al crimen organizado deben partir de un sistema integral de prevención no penal del delito; capacitar a las policías preventivas y formar cuerpos investigadores profesionales y honestos, que realmente investiguen y se alleguen las pruebas de los delitos cometidos.
Matilde Pérez, La Jornada, 8 de agosto.
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