Los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de Gobierno capitalino, sindicatos, representantes de la Iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación, acordaron trabajar juntos para reestructurar y reconstruir el sistema de justicia del país.
En una sesión inédita por la asistencia de todos los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional convocados a Palacio Nacional, asumieron el compromiso, con metas y fechas, de trabajar cada uno en el ámbito de sus responsabilidades en pro de la seguridad y en contra de la delincuencia.
El presidente Felipe Calderón, así como los legisladores y el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad no sin antes reconocer responsabilidades, errores y fallas que han llevado a poner en peligro el futuro de México.
“Ésta —aseguró Calderón Hinojosa— no es una carta de buenas intenciones.”
Los funcionarios públicos de todos los niveles reunidos en el salón Tesorería escucharon el reclamo del empresario Alejandro Martí, cuyo hijo fuera secuestrado y asesinado en junio pasado, hecho que desencadenó las reacciones de todos los sectores del país.
Fue Marcelo Ebrard el único que aceptó en público el reto y anunció que dejaría en cargo si no logra resolver el problema de la inseguridad en la capital del país. Más tarde anunció, sin precisar plazo, que se sometería a una consulta revocatoria del mandato para que sea la ciudadanía la que juzgue si se han alcanzado o no las metas en materia de combate a la inseguridad.
En el acto, María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, lanzó un “ya basta” contra quienes utilizan el tema de la inseguridad como un botín político, ya basta de acuerdos que no se cumplen, ya basta de corrupción e inseguridad”.
El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aseguró que todas las acciones en materia de seguridad deben respetar el derecho y las garantías constitucionales, pero precisó que las medidas anunciadas pueden ser objeto de impugnación y se resolverán sólo con apego a derecho.
Ruth Zavaleta, presidenta de los diputados y Santiago Creel, del Senado, se comprometieron a impulsar las reformas pendientes en seguridad, mientras que los gobernadores coincidieron en que, más allá de responsabilidades, culpas o diferencias políticas, en este tema trabajarán en coordinación.
Calderón Hinojosa, en su mensaje de inicio, admitió que la inseguridad y la violencia es resultado de los propios errores u omisiones y de muchos años de indolencia o corrupción convertidos ya en un cáncer.
Esta es una realidad, agregó, ante la cual no podemos cerrar los ojos. “La verdad es que todos somos responsables”.
Juan Francisco Ealy Jr., Director General de EL UNIVERSAL, firmó a nombre de este diario el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. (Con información de Alberto Cuenca y Alberto Morales)
En una sesión inédita por la asistencia de todos los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional convocados a Palacio Nacional, asumieron el compromiso, con metas y fechas, de trabajar cada uno en el ámbito de sus responsabilidades en pro de la seguridad y en contra de la delincuencia.
El presidente Felipe Calderón, así como los legisladores y el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, firmaron el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad no sin antes reconocer responsabilidades, errores y fallas que han llevado a poner en peligro el futuro de México.
“Ésta —aseguró Calderón Hinojosa— no es una carta de buenas intenciones.”
Los funcionarios públicos de todos los niveles reunidos en el salón Tesorería escucharon el reclamo del empresario Alejandro Martí, cuyo hijo fuera secuestrado y asesinado en junio pasado, hecho que desencadenó las reacciones de todos los sectores del país.
Fue Marcelo Ebrard el único que aceptó en público el reto y anunció que dejaría en cargo si no logra resolver el problema de la inseguridad en la capital del país. Más tarde anunció, sin precisar plazo, que se sometería a una consulta revocatoria del mandato para que sea la ciudadanía la que juzgue si se han alcanzado o no las metas en materia de combate a la inseguridad.
En el acto, María Elena Morera, presidenta de México Unido contra la Delincuencia, lanzó un “ya basta” contra quienes utilizan el tema de la inseguridad como un botín político, ya basta de acuerdos que no se cumplen, ya basta de corrupción e inseguridad”.
El presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, aseguró que todas las acciones en materia de seguridad deben respetar el derecho y las garantías constitucionales, pero precisó que las medidas anunciadas pueden ser objeto de impugnación y se resolverán sólo con apego a derecho.
Ruth Zavaleta, presidenta de los diputados y Santiago Creel, del Senado, se comprometieron a impulsar las reformas pendientes en seguridad, mientras que los gobernadores coincidieron en que, más allá de responsabilidades, culpas o diferencias políticas, en este tema trabajarán en coordinación.
Calderón Hinojosa, en su mensaje de inicio, admitió que la inseguridad y la violencia es resultado de los propios errores u omisiones y de muchos años de indolencia o corrupción convertidos ya en un cáncer.
Esta es una realidad, agregó, ante la cual no podemos cerrar los ojos. “La verdad es que todos somos responsables”.
Juan Francisco Ealy Jr., Director General de EL UNIVERSAL, firmó a nombre de este diario el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. (Con información de Alberto Cuenca y Alberto Morales)
Sergio Javier Jiménez y SIlvia Otero, El Universal, 22 de agosto.
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