Horas después de que el Gobierno del Distrito Federal anunció su plan contra la delincuencia, el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, llamó a los gobiernos estatales y municipales del país a suscribir el Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, al que convocó el Presidente Felipe Calderón desde el 5 de febrero pasado.
"Invito a todos los actores de la sociedad a suscribir dicho acuerdo pues combatir el crimen organizado no corresponde a un solo orden o nivel de gobierno sino a toda la sociedad en su conjunto", dijo Mouriño en una conferencia citada con apenas una hora de antelación.
El funcionario explicó que hará llegar a los gobernadores, Alcaldes, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, y a actores sociales, académicos y empresariales la propuesta del Presidente.
El 5 de febrero, Calderón dio un discurso en Querétaro, en el marco del aniversario de la Constitución de 1917, el cual estuvo centrado en el respeto al Estado de Derecho.
"La historia nacional está marcada por la lucha de nuestro pueblo por consolidar un pacto social, por la gesta de nuestra Nación para llegar a acuerdos fundamentales y defender el orden constitucional con la fuerza del Estado mismo", dijo entonces el Mandatario.
Ayer, Mouriño retomó el planteamiento de ese pacto y dijo que los gobiernos tienen la responsabilidad de lograr que las instituciones encargadas de la seguridad pública le cumplan a todos los mexicanos.
Para ello, llamó a concretar la depuración de los cuerpos policiacos.
"Es necesario que cada Gobierno estatal y municipal someta a estrictos controles de confianza a sus cuerpos de seguridad, particularmente a quienes formen parte de grupos o de unidades de combate al secuestro", expresó.
Mouriño aceptó que la delincuencia organizada está infiltrada en las organizaciones del Estado mexicano.
"Quienes se dedican al secuestro tienen estructuras de organización avanzadas, conocimiento de sus víctimas potenciales y márgenes de maniobra que les permiten actuar con altos niveles de impunidad", aseveró.
"Las incidencias más recurrentes de estos delitos son cometidas por bandas cercanas, incluso establecidas en los lugares donde se perpetran, es por ello que hacemos un respetuoso exhorto a todos los gobiernos estatales y municipales para que de manera coordinada le demos a este tema la más alta prioridad", añadió.
También planteó la necesidad de modificar el marco jurídico para que los secuestradores reciban cadena perpetua.
En tanto, presumió que el Gobierno tiene acosados a los delincuentes.
"Estamos mermando su capacidad operativa, mermando su capacidad financiera, reduciendo sus márgenes de impunidad y de maniobra también, y ello lejos de aumentar sus capacidades para poderse dedicar a delinquir en otras áreas, pues los tiene realmente acosados por parte del Gobierno federal", apuntó.
"Invito a todos los actores de la sociedad a suscribir dicho acuerdo pues combatir el crimen organizado no corresponde a un solo orden o nivel de gobierno sino a toda la sociedad en su conjunto", dijo Mouriño en una conferencia citada con apenas una hora de antelación.
El funcionario explicó que hará llegar a los gobernadores, Alcaldes, así como a los Poderes Legislativo y Judicial, y a actores sociales, académicos y empresariales la propuesta del Presidente.
El 5 de febrero, Calderón dio un discurso en Querétaro, en el marco del aniversario de la Constitución de 1917, el cual estuvo centrado en el respeto al Estado de Derecho.
"La historia nacional está marcada por la lucha de nuestro pueblo por consolidar un pacto social, por la gesta de nuestra Nación para llegar a acuerdos fundamentales y defender el orden constitucional con la fuerza del Estado mismo", dijo entonces el Mandatario.
Ayer, Mouriño retomó el planteamiento de ese pacto y dijo que los gobiernos tienen la responsabilidad de lograr que las instituciones encargadas de la seguridad pública le cumplan a todos los mexicanos.
Para ello, llamó a concretar la depuración de los cuerpos policiacos.
"Es necesario que cada Gobierno estatal y municipal someta a estrictos controles de confianza a sus cuerpos de seguridad, particularmente a quienes formen parte de grupos o de unidades de combate al secuestro", expresó.
Mouriño aceptó que la delincuencia organizada está infiltrada en las organizaciones del Estado mexicano.
"Quienes se dedican al secuestro tienen estructuras de organización avanzadas, conocimiento de sus víctimas potenciales y márgenes de maniobra que les permiten actuar con altos niveles de impunidad", aseveró.
"Las incidencias más recurrentes de estos delitos son cometidas por bandas cercanas, incluso establecidas en los lugares donde se perpetran, es por ello que hacemos un respetuoso exhorto a todos los gobiernos estatales y municipales para que de manera coordinada le demos a este tema la más alta prioridad", añadió.
También planteó la necesidad de modificar el marco jurídico para que los secuestradores reciban cadena perpetua.
En tanto, presumió que el Gobierno tiene acosados a los delincuentes.
"Estamos mermando su capacidad operativa, mermando su capacidad financiera, reduciendo sus márgenes de impunidad y de maniobra también, y ello lejos de aumentar sus capacidades para poderse dedicar a delinquir en otras áreas, pues los tiene realmente acosados por parte del Gobierno federal", apuntó.
Julio César Ramírez, Reforma, 12 de agosto.
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