De los 28 compromisos asumidos por el Ejecutivo federal como parte del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, una decena estaba en marcha antes de la firma del documento o sólo se agregaron variantes a proyectos existentes.
Por ejemplo, se indica que al concluir este año la Secretaría de Salud ampliará la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida, para adictos, con más de 300 puntos de cobertura nacional, un plan que se anunció en 2007, financiado con los 205 millones de dólares decomisados a Zhenli Ye Gon.
Se incluye también la propuesta de habilitar el 066 en todo el país para emergencias y el 089 para denuncias, que hasta ahora no prosperó.
Destacan compromisos como sujetar “a evaluación permanente y de control de confianza a través de organismos certificados al personal de instituciones policiales, de procuración de justicia, del Instituto Nacional de Migración, de aduanas y de los centros de readaptación social federales”, cuando presuntamente estas medidas rigen desde el inicio de la gestión.
La novedad sería el seguimiento a los elementos dados de baja de estas instituciones, y comunicar los resultados a un órgano observador, aunque esta también ya era propuesta del pasado.
También se garantiza la modernización de las aduanasen dos años, cuando desde diciembre de 2006 se descubrió una red de traficantes de seudoefedrina, que llevó a declarar en ese momento a las autoridades hacendarias que se fortalecería la seguridad aduanal.
Por ejemplo, se indica que al concluir este año la Secretaría de Salud ampliará la red de Centros de Atención Primaria Nueva Vida, para adictos, con más de 300 puntos de cobertura nacional, un plan que se anunció en 2007, financiado con los 205 millones de dólares decomisados a Zhenli Ye Gon.
Se incluye también la propuesta de habilitar el 066 en todo el país para emergencias y el 089 para denuncias, que hasta ahora no prosperó.
Destacan compromisos como sujetar “a evaluación permanente y de control de confianza a través de organismos certificados al personal de instituciones policiales, de procuración de justicia, del Instituto Nacional de Migración, de aduanas y de los centros de readaptación social federales”, cuando presuntamente estas medidas rigen desde el inicio de la gestión.
La novedad sería el seguimiento a los elementos dados de baja de estas instituciones, y comunicar los resultados a un órgano observador, aunque esta también ya era propuesta del pasado.
También se garantiza la modernización de las aduanasen dos años, cuando desde diciembre de 2006 se descubrió una red de traficantes de seudoefedrina, que llevó a declarar en ese momento a las autoridades hacendarias que se fortalecería la seguridad aduanal.
Sergio Javier Jiménez y Silvia Otero, El Universal, 22 de agosto.
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