Será “austera” la defensa de los derechos humanos

La Secretaría de Gobernación tiene listo el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, en el que se contemplan metas austeras para fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que permitan elevar los índices del Estado de Derecho y de confianza en las leyes entre los ciudadanos.

De acuerdo con el anteproyecto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2008-2012, el gobierno de Felipe Calderón buscará mejorar su calificación en los índices percepción del Estado de Derecho de -0.49 a 0.35 por ciento —siendo cien la calificación más alta— y aumentar de 34.69 a 40 por ciento la confianza en las leyes entre los ciudadanos.

El gobierno federal pretende incrementar de 0.06 a 0.16 su calificación en los índices de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos (donde cien es la mejor calificación) y aumentar de 67 a 70 el porcentaje de atención eficaz a las recomendaciones emitidas por la CNDH.

Otra de las metas será disminuir de 45.60 a 40 por ciento la percepción de que el gobierno federal no respeta los derechos humanos.

También instrumentará 19 programas con contenidos de derechos humanos, los cuales serán puestos en marcha en todas las secretarías de Estado.

El documento —sujeto a análisis en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria— se basa en cuatro objetivos: fortalecer la perspectiva de los derechos humanos en la elaboración de las políticas públicas; fortalecer e institucionalizar mecanismos jurídicos y administrativos que garanticen su defensa y promoción.

Asimismo, en consolidar una cultura de respeto y defensa de los derechos humanos; y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones internacionales derivadas de tratados e instrumentos jurídicos en la materia.

En la exposición de objetivos se detalla que el gobierno federal señala que para “construir un verdadero Estado constitucional e institucionalmente sólido, debe considerarse el respeto irrestricto de los derechos humanos como parte del quehacer gubernamental, por lo que resultan necesarios mecanismos eficientes de coordinación en la administración pública federal que permitan avanzar en el conocimiento y contenido esencial” de los mismos.
Susana Hernández, Milenio, 29 de agosto.

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