Bogotá, 15 de agosto. Al menos siete personas murieron y 52 más resultaron heridas tras el estallido de una bomba en la localidad de Ituango, en un ataque supuestamente cometido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó el gobernador de la provincia de Antioquia (noroeste), Luis Alfredo Ramos.
El artefacto, escondido en un bote de basura, explotó la noche del jueves en la plaza central del pueblo, que estaba llena de gente por la celebración de una fiesta regional, añadió el funcionario.
Unas horas después de dicho incidente, las fuerzas de seguridad arrestaron a un hombre conocido con el alias de Pájaro, presunto militante del Frente 18 de las FARC, a quien se le atribuye la responsabilidad por el atentado.
Entre las víctimas mortales se encuentra el ex secretario de Gobierno de Ituango, Alberto Calle Gallo; los heridos de mayor gravedad, 17 en total, fueron trasladados en helicóptero a hospitales de la ciudad de Medellín.
En este contexto, la Fiscalía General de Colombia anunció su intención de llevar a juicio al actual líder máximo de las FARC, Guillermo Sáenz, alias Alfonso Cano, y otros tres jefes guerrilleros, por su presunta responsabilidad en un ataque cometido en noviembre de 1998 en la ciudad de Mitú (sureste), en el que murieron 30 personas y 50 policías fueron tomados como rehenes.
Por otra parte, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJC) anunció su intención de acudir ante cualquier instancia internacional, incluidas Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional de La Haya, en caso de que continúe la “presión” de ciertas “autoridades públicas”, en alusión al presidente Álvaro Uribe.
El juez Jaime Arrubia advirtió en entrevista con Radio Caracol que la CSJC está padeciendo una fuerte campaña de desprestigio por las investigaciones que mantiene sobre el caso de la narcoparapolítica, en el cual 70 legisladores oficialistas, 31 de ellos presos actualmente, se han visto involucrados con grupos paramilitares de extrema derecha.
Las acusaciones de injerencia parecen apuntar al mandatario colombiano, quien en repetidas ocasiones ha criticado los fallos del Poder Judicial.
El pasado lunes, el gobernante señaló a la corte por haber colaborado en la manipulación de testigos por parte de los senadores de oposición Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y sugirió que “algunos sectores de la justicia le han querido pedir plata” a un senador.
El artefacto, escondido en un bote de basura, explotó la noche del jueves en la plaza central del pueblo, que estaba llena de gente por la celebración de una fiesta regional, añadió el funcionario.
Unas horas después de dicho incidente, las fuerzas de seguridad arrestaron a un hombre conocido con el alias de Pájaro, presunto militante del Frente 18 de las FARC, a quien se le atribuye la responsabilidad por el atentado.
Entre las víctimas mortales se encuentra el ex secretario de Gobierno de Ituango, Alberto Calle Gallo; los heridos de mayor gravedad, 17 en total, fueron trasladados en helicóptero a hospitales de la ciudad de Medellín.
En este contexto, la Fiscalía General de Colombia anunció su intención de llevar a juicio al actual líder máximo de las FARC, Guillermo Sáenz, alias Alfonso Cano, y otros tres jefes guerrilleros, por su presunta responsabilidad en un ataque cometido en noviembre de 1998 en la ciudad de Mitú (sureste), en el que murieron 30 personas y 50 policías fueron tomados como rehenes.
Por otra parte, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJC) anunció su intención de acudir ante cualquier instancia internacional, incluidas Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional de La Haya, en caso de que continúe la “presión” de ciertas “autoridades públicas”, en alusión al presidente Álvaro Uribe.
El juez Jaime Arrubia advirtió en entrevista con Radio Caracol que la CSJC está padeciendo una fuerte campaña de desprestigio por las investigaciones que mantiene sobre el caso de la narcoparapolítica, en el cual 70 legisladores oficialistas, 31 de ellos presos actualmente, se han visto involucrados con grupos paramilitares de extrema derecha.
Las acusaciones de injerencia parecen apuntar al mandatario colombiano, quien en repetidas ocasiones ha criticado los fallos del Poder Judicial.
El pasado lunes, el gobernante señaló a la corte por haber colaborado en la manipulación de testigos por parte de los senadores de oposición Piedad Córdoba y Gustavo Petro, y sugirió que “algunos sectores de la justicia le han querido pedir plata” a un senador.
DPA, Reuters, Notimex y AP, La Jornada, 16 de agosto.
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