La Suprema Corte de Justicia iniciará hoy el debate sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal, con dos incógnitas decisivas: cuál será la postura del ministro Juan Silva Meza, y cómo votarán tres ministros de reciente ingreso.
El proyecto de Salvador Aguirre Anguiano propone invalidar la despenalización en las primeras 12 semanas de gestación, y dejar una pena simbólica de 3 a 6 meses de cárcel o 100 a 300 días de servicio en favor de la comunidad.
Para invalidar la reforma se requiere el voto de al menos 8 de los 11 ministros; el consenso al interior de la Corte, prácticamente desde que inició el caso, es que será imposible lograr esta mayoría. Para declarar que es constitucionalmente válida, basta una mayoría de seis.
El ministro, que trabajó más de un año en el proyecto con cuatro de sus secretarios, eliminó 126 temas científicos, médicos, religiosos, filosóficos, morales y éticos, para reducir el caso a un debate estrictamente constitucional.
Es previsible que Aguirre será apoyado por sus colegas Mariano Azuela y el presidente Guillermo Ortiz, quienes en 2002 -durante los debates por la llamada Ley Robles-, fueron radicales en su convicción de que la Constitución protege la vida en todas sus etapas.
También es casi un hecho que en el bando opuesto estarán Genaro Góngora y José de Jesús Gudiño, únicos ministros que en esa ocasión votaron contra una tesis de jurisprudencia en que la Corte afirmó que la Constitución protege la vida del producto de la concepción.
La postura de Silva Meza, en cambio, es más ambigua. El ministro estuvo con los ocho que aprobaron la jurisprudencia, pero también participó en un voto minoritario en favor de la despenalización en casos de violación, en el que sostuvo:
"El precepto reclamado reconoce una realidad social y un problema de salud pública del México actual, pero fundamentalmente en el tema constitucional respeta tres garantías individuales esenciales: el derecho a una maternidad libre y consciente, el derecho a la salud y los derechos de la víctima del delito de violación".
Olga Sánchez Cordero también apoyó la jurisprudencia. Pero su rechazo a la despenalización por violación fue por razones técnicas, ya que a su juicio se le dieron al Ministerio Público facultades excesivas.
De los ocho integrantes de la mayoría que aprobaron la jurisprudencia, cuatro ya fueron reemplazados. De los nuevos, solo José Ramón Cossío ha dado señales claras de que apoyará a Góngora y Gudiño.
En los votos anexos a la sentencia de 2002 -cuando la Corte no logró mayorías suficientes para invalidar la Ley Robles-, Azuela expuso su filosofía católica al señalar que el aborto siempre debe ser considerado delito, pero que el Estado puede perdonar en ciertos casos.
"No podría entenderse el cristianismo sin la figura del perdón. De ahí que no deba resultar extraño que se dé el mismo fenómeno en el mundo jurídico", afirmó el ex presidente de la Corte en un voto particular.
La despenalización aprobada en el DF va contra de los principios de Azuela y otros ministros, porque es la primera que se ha hecho en México en que la interrupción del embarazo no sólo no es un delito, sino que ni siquiera se le denomina "aborto".
Las tendencias
De acuerdo con posturas previas, el voto de los ministros podría ir en la siguientes direcciones:
Contra la despenalización:
· Salvador Aguirre
· Mariano Azuela
· Guillermo Ortiz
Así lo dijeron (los tres) en 2002:
"La protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución como de los tratados internacionales".
Tal vez contra la despenalización, pero difícil de predecir:
· Juan Silva
· Olga Sánchez Cordero
A favor de la despenalización
· Genaro Góngora
· José de Jesús Gudiño
· José Ramón Cossío
Así lo dijo (Gudiño) en 2002:
"La Carta Magna no prevé sanciones penales, ni obliga al legislador ordinario a establecerlas en caso alguno".
De reciente ingreso, se desconoce su postura:
· Margarita Luna
· Sergio Valls
· Fernando Franco
A discusión
El orden del debate que sobre el aborto inicia hoy la Corte, será el siguiente:
1 Definir si José Luis Soberanes en particular y la CNDH en general, tenían legitimación para promover la demanda. El GDF alega que Soberanes no tuvo aprobación de su Consejo Consultivo.
2 Resolver si la Constitución consagra el derecho a la vida humana, y si lo hace sin limitaciones ni restricciones. El ministro Aguirre considera que sí. Refuerza con la derogación de la pena de muerte en 2005.
3 Resolver si la Constitución protege la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Aguirre considera que sí. Afirma que son irrelevantes los debates médicos y morales sobre cuándo inicia la vida, tema que no compete a la Corte definir.
4 Definir con precisión las conductas que fueron despenalizadas y si la reforma es inconstitucional. Aguirre considera que sí, porque hay "desprotección total" para el producto de la concepción, desde ésta hasta la semana 12.
5 Si los argumentos anteriores no reúnen los 8 votos necesarios, aún se podrán analizar argumentos sobre incompetencia de la ALDF para legislar en materia de salud. Aguirre señala que la ALDF erró al nulificar los derechos del concebido.
6 Analizar si la reforma viola principios de certidumbre y permite actuación discrecional de la autoridad. Aguirre concluye que la norma es confusa, porque solo habla de "interrupción" del embarazo, sin aclarar que ésta debe producir la muerte del concebido.
El proyecto de Salvador Aguirre Anguiano propone invalidar la despenalización en las primeras 12 semanas de gestación, y dejar una pena simbólica de 3 a 6 meses de cárcel o 100 a 300 días de servicio en favor de la comunidad.
Para invalidar la reforma se requiere el voto de al menos 8 de los 11 ministros; el consenso al interior de la Corte, prácticamente desde que inició el caso, es que será imposible lograr esta mayoría. Para declarar que es constitucionalmente válida, basta una mayoría de seis.
El ministro, que trabajó más de un año en el proyecto con cuatro de sus secretarios, eliminó 126 temas científicos, médicos, religiosos, filosóficos, morales y éticos, para reducir el caso a un debate estrictamente constitucional.
Es previsible que Aguirre será apoyado por sus colegas Mariano Azuela y el presidente Guillermo Ortiz, quienes en 2002 -durante los debates por la llamada Ley Robles-, fueron radicales en su convicción de que la Constitución protege la vida en todas sus etapas.
También es casi un hecho que en el bando opuesto estarán Genaro Góngora y José de Jesús Gudiño, únicos ministros que en esa ocasión votaron contra una tesis de jurisprudencia en que la Corte afirmó que la Constitución protege la vida del producto de la concepción.
La postura de Silva Meza, en cambio, es más ambigua. El ministro estuvo con los ocho que aprobaron la jurisprudencia, pero también participó en un voto minoritario en favor de la despenalización en casos de violación, en el que sostuvo:
"El precepto reclamado reconoce una realidad social y un problema de salud pública del México actual, pero fundamentalmente en el tema constitucional respeta tres garantías individuales esenciales: el derecho a una maternidad libre y consciente, el derecho a la salud y los derechos de la víctima del delito de violación".
Olga Sánchez Cordero también apoyó la jurisprudencia. Pero su rechazo a la despenalización por violación fue por razones técnicas, ya que a su juicio se le dieron al Ministerio Público facultades excesivas.
De los ocho integrantes de la mayoría que aprobaron la jurisprudencia, cuatro ya fueron reemplazados. De los nuevos, solo José Ramón Cossío ha dado señales claras de que apoyará a Góngora y Gudiño.
En los votos anexos a la sentencia de 2002 -cuando la Corte no logró mayorías suficientes para invalidar la Ley Robles-, Azuela expuso su filosofía católica al señalar que el aborto siempre debe ser considerado delito, pero que el Estado puede perdonar en ciertos casos.
"No podría entenderse el cristianismo sin la figura del perdón. De ahí que no deba resultar extraño que se dé el mismo fenómeno en el mundo jurídico", afirmó el ex presidente de la Corte en un voto particular.
La despenalización aprobada en el DF va contra de los principios de Azuela y otros ministros, porque es la primera que se ha hecho en México en que la interrupción del embarazo no sólo no es un delito, sino que ni siquiera se le denomina "aborto".
Las tendencias
De acuerdo con posturas previas, el voto de los ministros podría ir en la siguientes direcciones:
Contra la despenalización:
· Salvador Aguirre
· Mariano Azuela
· Guillermo Ortiz
Así lo dijeron (los tres) en 2002:
"La protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución como de los tratados internacionales".
Tal vez contra la despenalización, pero difícil de predecir:
· Juan Silva
· Olga Sánchez Cordero
A favor de la despenalización
· Genaro Góngora
· José de Jesús Gudiño
· José Ramón Cossío
Así lo dijo (Gudiño) en 2002:
"La Carta Magna no prevé sanciones penales, ni obliga al legislador ordinario a establecerlas en caso alguno".
De reciente ingreso, se desconoce su postura:
· Margarita Luna
· Sergio Valls
· Fernando Franco
A discusión
El orden del debate que sobre el aborto inicia hoy la Corte, será el siguiente:
1 Definir si José Luis Soberanes en particular y la CNDH en general, tenían legitimación para promover la demanda. El GDF alega que Soberanes no tuvo aprobación de su Consejo Consultivo.
2 Resolver si la Constitución consagra el derecho a la vida humana, y si lo hace sin limitaciones ni restricciones. El ministro Aguirre considera que sí. Refuerza con la derogación de la pena de muerte en 2005.
3 Resolver si la Constitución protege la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Aguirre considera que sí. Afirma que son irrelevantes los debates médicos y morales sobre cuándo inicia la vida, tema que no compete a la Corte definir.
4 Definir con precisión las conductas que fueron despenalizadas y si la reforma es inconstitucional. Aguirre considera que sí, porque hay "desprotección total" para el producto de la concepción, desde ésta hasta la semana 12.
5 Si los argumentos anteriores no reúnen los 8 votos necesarios, aún se podrán analizar argumentos sobre incompetencia de la ALDF para legislar en materia de salud. Aguirre señala que la ALDF erró al nulificar los derechos del concebido.
6 Analizar si la reforma viola principios de certidumbre y permite actuación discrecional de la autoridad. Aguirre concluye que la norma es confusa, porque solo habla de "interrupción" del embarazo, sin aclarar que ésta debe producir la muerte del concebido.
Víctor Fuentes, Reforma, 25 de agosto.
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