Violencia provoca éxodo de empresas

Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), afirmó que Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey, Culiacán y el Distrito Federal son urbes que han sido abandonadas por los empresarios ante el alto nivel de secuestros y violencia de los meses recientes.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, dijo que el clima de inseguridad que prevalece en el país, en concreto en la Ciudad de México, afecta el ambiente de negocios, las inversiones, la generación de empleos y el pago de impuestos.

El dirigente informó que envió una carta al gobierno federal para exigir acciones efectivas contra la delincuencia y evitar que se repita la tragedia del empresario Alejandro Martí, cuyo hijo de 14 años fue secuestrado y asesinado. En la misiva, miembros de la ANTAD expresan su indignación y frustración por el lamentable desenlace del caso.

“Lo que estamos viendo con lo que acaba de reportar el Sistema Nacional de Seguridad Pública (35 por ciento de aumento en los secuestros) nos debe indicar que el crimen organizado está ganando impunemente espacios al aparato de justicia”, señaló el presidente del organismo.

Sostuvo que ese clima se traduce en una reducción de inversiones, por lo que urgió a los políticos a que dejen de lado sus diferencias y no pierdan el tiempo en discusiones inútiles sobre temas que no son de interés de la ciudadanía.

Inversión en seguridad

Por su parte, la Concamin informó ayer que la inseguridad le cuesta a la iniciativa privada 120 mil millones de dólares cada año, monto que equivale a 15 por ciento del PIB. Con base en cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente del organismo, Ismael Plascencia, indicó que la suma supera la riqueza generada por los sectores agropecuario, minero, construcción y generación de electricidad, gas y agua, que es de 12 por ciento del PIB.

En conferencia de prensa, comentó que es alarmante el recrudecimiento de la inseguridad e indicó que desde hace un mes se han detectado más asaltos al trasporte industrial, por lo que planteó que el costo de la vigilancia recaiga en el gobierno federal.

Cifras de la Cámara Americana de Comercio refieren que las empresas mexicanas destinan cada año 5 por ciento de sus utilidades a pagos de vigilancia privada.

Según Plascencia, el clima de inseguridad es crítico en todo el país, no sólo en el DF, e indicó que por el momento no se tienen reportes de empresas que quieran sacar sus inversiones por la ola de violencia. “Si mezclamos el crimen con la difícil situación económica el futuro es complicado”, afirmó.

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial exigió a los tres niveles de gobierno detener la guerra de declaraciones y trabajar de manera conjunta para abatir la impunidad y corrupción de los cuerpos policiacos. El organismo comentó que crímenes como el de Fernando Martí dan mala imagen de México en el exterior e inhiben las inversiones. “El gobierno debe tomar medidas extremas y dejar caer todo el peso de la ley a los policías involucrados en estos ilícitos”, agregó.
Antonio Hernández y Redacción, Milenio, 7 de agosto.

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