Los aspirantes a magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) advirtieron ayer que uno de los retos a enfrentar es la infiltración de dinero ilícito en las campañas, y para lo cual no hay una legislación adecuada.
Al comparecer ante comisiones del Senado, Carlos Vargas Baca, Santiago Nieto Castillo y David Cienfuegos Salgado alertaron a los legisladores sobre el peligro que significa que dinero proveniente del narcotráfico penetre en los comicios de 2009.
Señalaron que la legislación actual no prevé la anulación de candidatos cuyas campañas sean financiadas con dinero sucio.
"El asunto del dinero ilícito y de la malversación de recursos públicos se debe incluir en la ley como causal de nulidad, y que se haga una legislación que lo vuelva viable. Actualmente, cuando un candidato ya tomó posesión es irreparable el daño", señaló Vargas.
"No es un tema coyuntural, sino que es un problema estructural. La justicia electoral no puede dar la espalda a al tema de la delincuencia organizada", sostuvo por su parte Nieto Castillo.
Consideró que el primer control debe ser instrumentado por partidos en sus estatutos, y se debe añadir una respuesta legislativa para prever la cancelación de candidaturas y la nulidad de una elección ante la comprobación del uso de dinero ilícito.
Además, apunto Nieto Castillo, se debe sancionar a los partidos políticos con acciones judiciales.
"Los criterios que dicten los juzgadores no van a ser suficientes ante la posibilidad de dinero ilícito, al no ser posible la revocación del mandato", alertó Cienfuegos.
Otro de los aspirantes, Rafael Elizondo Gasperín, se refirió al reto de enfrentar casos "en donde haya oscuridad en la competencia", así como al nuevo instrumento legal de atracción de los casos por parte del tribunal, en caso de gravedad.
El senador panista Alejandro González Alcocer reconoció que la legalidad de una candidatura se realiza a posteriori, y admitió la necesidad de revisar el tema en dos momentos: cuando se registra un candidato y cuando tome posesión, si gana.
Ricardo Monreal alertó a los aspirantes sobre el momento político que deberán enfrentar como magistrados.
"Deben saber que la función electoral ahora se va a convertir en un elemento delicado y peligroso. No será un día de campo", dijo el senador del PRD.
También comparecieron los aspirantes Mónica Cacho, Claudia Pastor, Juan Carlos Silva Adaya, Eduardo Hernández y Roberto Martínez.
Al comparecer ante comisiones del Senado, Carlos Vargas Baca, Santiago Nieto Castillo y David Cienfuegos Salgado alertaron a los legisladores sobre el peligro que significa que dinero proveniente del narcotráfico penetre en los comicios de 2009.
Señalaron que la legislación actual no prevé la anulación de candidatos cuyas campañas sean financiadas con dinero sucio.
"El asunto del dinero ilícito y de la malversación de recursos públicos se debe incluir en la ley como causal de nulidad, y que se haga una legislación que lo vuelva viable. Actualmente, cuando un candidato ya tomó posesión es irreparable el daño", señaló Vargas.
"No es un tema coyuntural, sino que es un problema estructural. La justicia electoral no puede dar la espalda a al tema de la delincuencia organizada", sostuvo por su parte Nieto Castillo.
Consideró que el primer control debe ser instrumentado por partidos en sus estatutos, y se debe añadir una respuesta legislativa para prever la cancelación de candidaturas y la nulidad de una elección ante la comprobación del uso de dinero ilícito.
Además, apunto Nieto Castillo, se debe sancionar a los partidos políticos con acciones judiciales.
"Los criterios que dicten los juzgadores no van a ser suficientes ante la posibilidad de dinero ilícito, al no ser posible la revocación del mandato", alertó Cienfuegos.
Otro de los aspirantes, Rafael Elizondo Gasperín, se refirió al reto de enfrentar casos "en donde haya oscuridad en la competencia", así como al nuevo instrumento legal de atracción de los casos por parte del tribunal, en caso de gravedad.
El senador panista Alejandro González Alcocer reconoció que la legalidad de una candidatura se realiza a posteriori, y admitió la necesidad de revisar el tema en dos momentos: cuando se registra un candidato y cuando tome posesión, si gana.
Ricardo Monreal alertó a los aspirantes sobre el momento político que deberán enfrentar como magistrados.
"Deben saber que la función electoral ahora se va a convertir en un elemento delicado y peligroso. No será un día de campo", dijo el senador del PRD.
También comparecieron los aspirantes Mónica Cacho, Claudia Pastor, Juan Carlos Silva Adaya, Eduardo Hernández y Roberto Martínez.
Guadalupe Irízar, Reforma, 25 de septiembre.
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