Analizan en Madrid el fenómeno migratorio

Rivas Vaciamadrid, 10 de septiembre. El fenómeno de la migración es tan antiguo como la historia de la humanidad, que se ha gestado en gran medida gracias a las diásporas voluntarias e involuntarias y al carácter nómada del ser humano. En el albor del siglo XXI, el mundo asiste al incesante y masivo flujo de personas que por voluntad o por necesidad elige la ruta de la migración para mejorar su nivel de vida. En la actualidad se calcula que más de 200 millones de personas son “migrantes” –es decir, dos veces la población de México–; sin embargo, por su carácter difuso y por su situación “legal” es un colectivo vulnerable a los atropellos y a la represión. Esta es una de las tendencias o “realidades” por las que lucha el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que este jueves inicia su tercera edición en esta localidad del sur de Madrid.

Hay una idea que prácticamente ningún experto en asuntos migratorios ni, por supuesto, los representantes de las organizaciones civiles se atreven a negar: que los migrantes, sean legales o ilegales, pero sobre todo éstos últimos, son “cada vez más vulnerables”. Según explicó Ignacio Díaz Aguilar, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) los motivos del empeoramiento de la situación de los migrantes son dos: por un lado, el “desentendimiento” de los países de origen con relación a sus ciudadanos que optaron por la ruta de la migración; y, el segundo, por el endurecimiento global, pero sobre todo en los países ricos, de las medidas que “criminalizan” y “persecución” de la opción vital que supone la migración. Además de que en los llamados países de “tránsito” –como el caso de México con los ciudadanos centroamericanos que aspiran a llegar a Estados Unidos, por ejemplo– se adoptan medidas si acaso más represivas y discriminatorias que en los países de destino.

Según uno de los estudios elaborados por la Organización de las Unidas (ONU) sobre el fenómeno migratorio, se calcula que en el mundo existen alrededor de 200 millones de personas que son migrantes, de las cuales más de 60 por ciento viven en los países más industrializados y con mayor renta per cápita, es decir, seis de cada diez migrantes viven en Estados Unidos, Europa, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Pero también hay una fuerte presencia de migrantes en los países en desarrollo, es decir, las potencias emergentes de Asia, África y América Latina, donde se calcula que existen alrededor de 75 millones de migrantes.

Ni la ONU ni ningún otro organismo internacional han hecho público hasta ahora sus estimaciones sobre el número de la población considerada “ilegal” o “sin papeles”, que son también los más vulnerables a la explotación laboral, la discriminación administrativa y los abusos de poder. Lo que no ha sido óbice para que todos los expertos y representantes civiles que inician este jueves los debates del FSMM coincidan en que uno de los “focos rojos” es, precisamente, la lucha por los derechos de este colectivo. Los efectos más sensibles y “dramáticos” de la criminalización de la migración es el incremento de las personas que mueren cada día en su intento por cruzar las fronteras que dividen los países pobres de los ricos, y, de manera silenciosa pero igual de perniciosa, “el sometimiento, la explotación y el esclavismo” en la que viven millones de estos llamados “ilegales”.

Díaz Aguilar, una de las voces españolas más acreditadas para hablar de asuntos de migración y asilo, añadió una situación adversa más para el futuro inmediato de este numeroso colectivo: la situación de crisis económica endurecerá aún más las políticas migratorias, que, como se ha visto ya en Estados Unidos y Europa, tienden a la criminalización del colectivo y al aumento de las medidas represivas, como las redadas sorpresivas, las identificaciones masivas a pie de calle o el rechazo sistemático a medidas de regularización masiva.

Uno de los puntos que más preocupa al FSMM es la reciente aprobación en la Unión Europea de la llamada “directiva de la vergüenza” o de la “infamia”, según explicó el brasileño Luiz Baseggio, teólogo y activista por los derechos de los migrantes. Criticó con dureza la falta de “memoria” de los países europeos, que cuando sufrieron una de las peores crisis humanitarias y económicas de su historia, en las postrimerias del siglo XIX, viajaron de forma masiva hacia América Latina, donde encontraron cobijo y pudieran hacer su vida sin vivir “bajo la sospecha de la criminalización”. Ahora, 100 años después, se aprobó una normativa que autoriza a las policías europeas a retener hasta 18 meses a ciudadanos extranjeros sin situación regular en centros de internamiento, para posteriormente ser expulsados. “Los inmigrantes no pueden ser el chivo expiatorio de la crisis, porque eso es típico de una mentalidad racista que los considera indeseables pero necesarios y prefiere que sean vulnerables porque así es más fácil explotarlos. Nos quieren pero sin derechos, porque así somos rentables”, afirmó.

Armando G. Tejeda, corresponsal, La Jornada, 11 de septiembre.


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