La Secretaría de Seguridad Pública federal culminó las pruebas toxicológicas a cuatro mil 89 funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), en tanto que la Secretaría de la Función Pública se encargó de los exámenes de situación patrimonial, y en las próximas semanas podrían comenzar a proceder legalmente en contra de quien haya elementos, informaron fuentes federales.
Durante 16 días todo el personal del INM fue sometido a pruebas toxicológicas —que incluso son analizadas y comparadas en laboratorios e instancias de EU— a raíz del escándalo desatado por la liberación de 33 cubanos por parte de un grupo armado, el 11 de junio pasado.
En los últimos ocho meses Migración debió despedir a 43 funcionarios presuntamente coludidos con bandas de traficantes de personas, según informes de la Secretaría de Gobernación.
El Segundo Informe de Labores de Gobernación precisa que las pruebas se aplicaron a 4 mil 89 servidores públicos.
Como parte de los anuncios del secretario Juan Camilo Mouriño, se instalaron equipos GPS a autobuses que trasladan indocumentados, sin precisar cuántos y el costo de la inversión.
La Segob informa que concluyó el estudio de inversión para la construcción de una estación migratoria dentro del Programa de Migración para la Frontera Sur.
Hasta agosto, abunda el Informe, hubo 85 bajas administrativas, 38 suspensiones y 11 destituciones, como parte del combate a la corrupción en el INM.
Por ejemplo, cita, el 28 de abril pasado el INM presentó una denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada por intento de extorsión y presunto involucramiento de ex funcionarios migratorios con redes de tráfico de cubanos en Cancún, Quintana Roo.
En junio, la oficina a cargo de Cecilia Romero modificó la estructura orgánica y ocupacional del Instituto, que consistió en la creación de 365 plazas, 59 de ellas consideradas “de mando” y 306 de personal “de enlace”.
Aunque la Segob anunció un proceso de reestructuración del INM, este año refleja un decremento en su presupuesto, según la petición hecha a la Cámara de Diputados para el año próximo.
Durante 16 días todo el personal del INM fue sometido a pruebas toxicológicas —que incluso son analizadas y comparadas en laboratorios e instancias de EU— a raíz del escándalo desatado por la liberación de 33 cubanos por parte de un grupo armado, el 11 de junio pasado.
En los últimos ocho meses Migración debió despedir a 43 funcionarios presuntamente coludidos con bandas de traficantes de personas, según informes de la Secretaría de Gobernación.
El Segundo Informe de Labores de Gobernación precisa que las pruebas se aplicaron a 4 mil 89 servidores públicos.
Como parte de los anuncios del secretario Juan Camilo Mouriño, se instalaron equipos GPS a autobuses que trasladan indocumentados, sin precisar cuántos y el costo de la inversión.
La Segob informa que concluyó el estudio de inversión para la construcción de una estación migratoria dentro del Programa de Migración para la Frontera Sur.
Hasta agosto, abunda el Informe, hubo 85 bajas administrativas, 38 suspensiones y 11 destituciones, como parte del combate a la corrupción en el INM.
Por ejemplo, cita, el 28 de abril pasado el INM presentó una denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada por intento de extorsión y presunto involucramiento de ex funcionarios migratorios con redes de tráfico de cubanos en Cancún, Quintana Roo.
En junio, la oficina a cargo de Cecilia Romero modificó la estructura orgánica y ocupacional del Instituto, que consistió en la creación de 365 plazas, 59 de ellas consideradas “de mando” y 306 de personal “de enlace”.
Aunque la Segob anunció un proceso de reestructuración del INM, este año refleja un decremento en su presupuesto, según la petición hecha a la Cámara de Diputados para el año próximo.
Jorge Ramos Pérez, El Universal, 13 de septiembre.
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