En medio del entorno de violencia que afecta al país por el incremento de las ejecuciones vinculadas al crimen organizado, el pleno del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) aprobó este viernes en Palacio Nacional la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro.
Dicha estrategia fue propuesta por la Conferencia Nacional de Procuradores e implica la formación de unidades especializadas de policías, fiscales y agentes del Ministerio Público (MP) dedicadas exclusivamente al combate de las bandas de plagiarios.
La sesión del CNSP, a la que asistieron el presidente Felipe Calderón; miembros de su gabinete; el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y los 31 gobernadores, se desarrolló sin cuestionamientos sobre el contexto de inseguridad nacional, debido a que previamente se limaron diferencias durante un desayuno privado, al que no acudió el mandatario capitalino.
Fue por ello que en ningún momento de la reunión –efectuada en Palacio Nacional– los integrantes del CNSP hicieron referencia a los asesinatos recientes perpetrados por el crimen organizado en el país, como los 12 decapitados en Yucatán o los 24 ejecutados que fueron arrojados en La Marquesa, a unos kilómetros del Distrito Federal.
Un minuto de silencio por víctimas de Michoacán
Los atentados en Michoacán fueron recordados por los asistentes, quienes guardaron un minuto de silencio al inicio de los trabajos, en los que se repitió la logística de la reunión anterior, por lo que Calderón y Ebrard, si bien permanecieron las dos horas en el salón Tesorería de Palacio Nacional, no estuvieron cerca en ningún momento.
En la sesión se evaluaron los avances del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Legalidad y la Justicia firmado hace un mes. Los funcionarios que hicieron uso de la palabra destacaron que hasta el momento se han cumplido cinco de las 74 metas anticrimen planteadas en la sesión anterior. La primera, a la que más tiempo se dedicó durante el encuentro, es la relativa a la aprobación de la estrategia nacional antiplagio.
En el segundo punto se habló sobre el fortalecimiento del marco legal, que busca hacer más eficaz la acción de las instituciones de procuración de justicia, mediante las iniciativas de ley de extinción de dominio y la modificación del marco penal federal, las cuales están en manos del Senado.
La tercera meta se refiere a la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que previo a la sesión fue discutida entre el presidente Felipe Calderón y los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), durante el desayuno en el que se acordó conformar un grupo que analizará el contenido de esta propuesta, misma que podría ser avalada la semana entrante.
En cuarto lugar se destacó la expedición de licencias colectivas de portación de armas de fuego autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que permitirá a los cuerpos policiacos estatales y municipales contar con arsenal más sofisticado para hacer frente al embate del crimen organizado.
En este punto, el titular de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván, precisó que el pasado 11 de septiembre autorizó que las policías del país adquieran armas automáticas y de mayor calibre, para lo que –destacó– deben cumplir varios requisitos, como someter a sus elementos a exámenes de control de confianza.
La quinta meta, que ya fue cumplida, corresponde al Poder Judicial. Recientemente, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo en el que aumenta las facultades de jurisdicción para que los jueces federales con sede en los estados de México, Jalisco y Tamaulipas, así como en el Distrito Federal puedan conocer y desahogar procesos contra delincuentes que operen en cualquier parte del país. Esta medida busca que las autoridades ministeriales puedan consignar a delincuentes peligrosos directamente ante juzgados ubicados cerca de algún penal de máxima seguridad.
Antes de este acuerdo sólo podían conocer de presuntos hechos delictivos que se cometieran en la jurisdicción territorial que tenían asignada a partir de su nombramiento como juzgadores.
En su oportunidad, Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República, explicó ante los miembros del CNSP que la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro contiene cinco ejes centrales: la formación de las unidades especializadas, el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita tener los mejores instrumentos para combatir este delito mediante la llamada Plataforma México, una campaña de prevención del plagio, homogeneización de la legislación penal en materia de secuestro y creación de módulos de alta seguridad en los reclusorios, para internar ahí a los secuestradores.
El procurador explicó que en la actualidad, sólo 16 entidades cuentan con unidades especializadas para atacar el secuestro, dos más están en proceso de crearlas y las 14 restantes no cuentan con ellas.
Asimismo, refirió que su administración se comprometió a aportar 11.5 millones de pesos en equipo a cada una de las entidades para que pongan en funcionamiento dichas unidades.
Dicha estrategia fue propuesta por la Conferencia Nacional de Procuradores e implica la formación de unidades especializadas de policías, fiscales y agentes del Ministerio Público (MP) dedicadas exclusivamente al combate de las bandas de plagiarios.
La sesión del CNSP, a la que asistieron el presidente Felipe Calderón; miembros de su gabinete; el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, y los 31 gobernadores, se desarrolló sin cuestionamientos sobre el contexto de inseguridad nacional, debido a que previamente se limaron diferencias durante un desayuno privado, al que no acudió el mandatario capitalino.
Fue por ello que en ningún momento de la reunión –efectuada en Palacio Nacional– los integrantes del CNSP hicieron referencia a los asesinatos recientes perpetrados por el crimen organizado en el país, como los 12 decapitados en Yucatán o los 24 ejecutados que fueron arrojados en La Marquesa, a unos kilómetros del Distrito Federal.
Un minuto de silencio por víctimas de Michoacán
Los atentados en Michoacán fueron recordados por los asistentes, quienes guardaron un minuto de silencio al inicio de los trabajos, en los que se repitió la logística de la reunión anterior, por lo que Calderón y Ebrard, si bien permanecieron las dos horas en el salón Tesorería de Palacio Nacional, no estuvieron cerca en ningún momento.
En la sesión se evaluaron los avances del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Legalidad y la Justicia firmado hace un mes. Los funcionarios que hicieron uso de la palabra destacaron que hasta el momento se han cumplido cinco de las 74 metas anticrimen planteadas en la sesión anterior. La primera, a la que más tiempo se dedicó durante el encuentro, es la relativa a la aprobación de la estrategia nacional antiplagio.
En el segundo punto se habló sobre el fortalecimiento del marco legal, que busca hacer más eficaz la acción de las instituciones de procuración de justicia, mediante las iniciativas de ley de extinción de dominio y la modificación del marco penal federal, las cuales están en manos del Senado.
La tercera meta se refiere a la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que previo a la sesión fue discutida entre el presidente Felipe Calderón y los miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), durante el desayuno en el que se acordó conformar un grupo que analizará el contenido de esta propuesta, misma que podría ser avalada la semana entrante.
En cuarto lugar se destacó la expedición de licencias colectivas de portación de armas de fuego autorizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que permitirá a los cuerpos policiacos estatales y municipales contar con arsenal más sofisticado para hacer frente al embate del crimen organizado.
En este punto, el titular de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván, precisó que el pasado 11 de septiembre autorizó que las policías del país adquieran armas automáticas y de mayor calibre, para lo que –destacó– deben cumplir varios requisitos, como someter a sus elementos a exámenes de control de confianza.
La quinta meta, que ya fue cumplida, corresponde al Poder Judicial. Recientemente, el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo en el que aumenta las facultades de jurisdicción para que los jueces federales con sede en los estados de México, Jalisco y Tamaulipas, así como en el Distrito Federal puedan conocer y desahogar procesos contra delincuentes que operen en cualquier parte del país. Esta medida busca que las autoridades ministeriales puedan consignar a delincuentes peligrosos directamente ante juzgados ubicados cerca de algún penal de máxima seguridad.
Antes de este acuerdo sólo podían conocer de presuntos hechos delictivos que se cometieran en la jurisdicción territorial que tenían asignada a partir de su nombramiento como juzgadores.
En su oportunidad, Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República, explicó ante los miembros del CNSP que la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro contiene cinco ejes centrales: la formación de las unidades especializadas, el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita tener los mejores instrumentos para combatir este delito mediante la llamada Plataforma México, una campaña de prevención del plagio, homogeneización de la legislación penal en materia de secuestro y creación de módulos de alta seguridad en los reclusorios, para internar ahí a los secuestradores.
El procurador explicó que en la actualidad, sólo 16 entidades cuentan con unidades especializadas para atacar el secuestro, dos más están en proceso de crearlas y las 14 restantes no cuentan con ellas.
Asimismo, refirió que su administración se comprometió a aportar 11.5 millones de pesos en equipo a cada una de las entidades para que pongan en funcionamiento dichas unidades.
Alfredo Méndez y Claudia Herrera, La Jornada, 20 de septiembre.
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