Los juristas que presentarán la demanda de juicio político contra el presidente Felipe Calderón argumentaron 10 razones por las cuales el paquete de iniciativas de reforma energética presentado por el Ejecutivo al Senado, es violatorio de la Constitución.
En el documento que el grupo encabezado por Raúl Carrancá y Rivas, Jaime Cárdenas, Jesús González Schmal y otros abogados, entregará a la Cámara de Diputados y la PGR para buscar iniciar un juicio de desafuero contra el jefe del Ejecutivo, establece que “pretender que se apruebe una reforma en la legislación secundaria, que es contraria a los artículos 25, 27 y 28, para privatizar bienes nacionales, no solamente es solicitar al Congreso de la Unión la creación de una norma afectada de invalidez por no tener soporte en la ley fundamental; es atentar y solicitar la complicidad de las instituciones para acabar con la independencia y la soberanía de la nación, pues en el siglo XXI decir que el petróleo mueve al mundo no es una metáfora: es un hecho”.
En el borrador del texto que presentarán en los próximos días ante la Cámara de Diputados y la PGR, los juristas acusaron a Calderón de cometer traición a la patria, delito previsto en el artículo 123 Constitucional y que impone hasta 40 años de cárcel.
Señalaron que con las seis iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Senado, éste busca beneficiar al capital privado extranjero en demérito de la independencia, soberanía e integridad de la nación, mediante la violación de tres artículos de la Carta Magna.
“Calderón pretende que la representación de la voluntad general de la sociedad —el Congreso de la Unión— apruebe leyes que son totalmente contrarias al texto y espíritu de la Ley Fundamental de la República, con la finalidad de entregar a la iniciativa privada extranjera bienes naturales de dominio directo, inalienables e imprescriptibles de la nación, así como áreas y funciones estratégicas de la economía nacional que son exclusivas del Estado a través del sector público, además de otorgar a naciones e intereses extranjeros la facultad de intervenir en lo que sólo corresponde atender y resolver a los mexicanos”, afirman los juristas.
Explicaron que con el paquete de iniciativas se atacan los bienes jurídicos tutelados por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
En el documento que el grupo encabezado por Raúl Carrancá y Rivas, Jaime Cárdenas, Jesús González Schmal y otros abogados, entregará a la Cámara de Diputados y la PGR para buscar iniciar un juicio de desafuero contra el jefe del Ejecutivo, establece que “pretender que se apruebe una reforma en la legislación secundaria, que es contraria a los artículos 25, 27 y 28, para privatizar bienes nacionales, no solamente es solicitar al Congreso de la Unión la creación de una norma afectada de invalidez por no tener soporte en la ley fundamental; es atentar y solicitar la complicidad de las instituciones para acabar con la independencia y la soberanía de la nación, pues en el siglo XXI decir que el petróleo mueve al mundo no es una metáfora: es un hecho”.
En el borrador del texto que presentarán en los próximos días ante la Cámara de Diputados y la PGR, los juristas acusaron a Calderón de cometer traición a la patria, delito previsto en el artículo 123 Constitucional y que impone hasta 40 años de cárcel.
Señalaron que con las seis iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Senado, éste busca beneficiar al capital privado extranjero en demérito de la independencia, soberanía e integridad de la nación, mediante la violación de tres artículos de la Carta Magna.
“Calderón pretende que la representación de la voluntad general de la sociedad —el Congreso de la Unión— apruebe leyes que son totalmente contrarias al texto y espíritu de la Ley Fundamental de la República, con la finalidad de entregar a la iniciativa privada extranjera bienes naturales de dominio directo, inalienables e imprescriptibles de la nación, así como áreas y funciones estratégicas de la economía nacional que son exclusivas del Estado a través del sector público, además de otorgar a naciones e intereses extranjeros la facultad de intervenir en lo que sólo corresponde atender y resolver a los mexicanos”, afirman los juristas.
Explicaron que con el paquete de iniciativas se atacan los bienes jurídicos tutelados por los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Liliana Padilla, Milenio, 8 de septiembre.
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