El Senado aprobó ayer la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que ordena la integración del registro nacional de usuarios de teléfonos celulares con el fin de impedir que esos aparatos sean utilizados para amenazar, extorsionar o exigir rescates por ciudadanos secuestrados.
Con esa modificación el concesionario estará obligado a llevar un control de los usuarios de teléfonos móviles.
“Llevarán un registro de todas las llamadas, día con día, fecha, hora y duración de cada una, así como de los mensajes. Por un año deberán conservar toda la información”, señala.
Para adquirir un teléfono celular, el usuario deberá presentar credencial de elector, pasaporte o clave única del registro nacional de población (CURP), así como constancia de domicilio oficial –como recibo de agua, luz o teléfono–, y tendrá que imprimir una huella dactilar.
En el caso de extorsiones telefónicas, la sanción aplicable será de cinco a 10 años de cárcel y de 200 a 500 días de multa, y a los concesionarios que no cumplan con exigir la identificación y el domicilio de los usuarios se les sancionará con 10 mil a 100 mil días de salario minimo.
El pleno también aprobó ayer una reforma al Código Penal Federal por la que se le adicionó el artículo 182-S para que se consolide el marco legal y se traduzca en la posibilidad de dar vigencia a una disposición que autorice la cancelación de líneas telefónicas, fijas o móviles, que sean utilizadas en la consumación de un delito de extorsión o fraude.
Suspensión del servicio
La propuesta de adición a ese artículo la presentó el perredista Tomás Torres Mercado. Dijo que se concederá al Ministerio Público federal, a los de los estados y al del Distrito Federal, en concurrencia, auxilio o coordinación del primero, una facultad discrecional para solicitar directamente y por simple oficio a la Comisión Federal de Telecomunicaciones la “suspensión inmediata del servicio telefónico de referencia”.
El priísta Mario López Valdez, autor de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, afirmó en el pleno: “a mí en lo personal me tocó vivir una experiencia de un secuestro, y cuando tuve la oportunidad de negociar ese secuestro, me llamaban de pronto en el mismo momento de Querétaro, de San Luis Potosí, de Nuevo Léon, de Quintana Roo, de Baja California, y no era más que la oportunidad que tenía el delincuente de utilizar la tecnología para lastimar a la sociedad”.
Añadió que aun cuando mostró a la autoridad los números de los que los plagiarios estaban llamado, no existía “la posibilidad de ejercer ninguna acción de castigo contra ese delincuente”, debido a que en el país existen 80 millones de teléfonos celulares, de los cuales 95 por ciento están en un sistema de prepago.
Es decir, abundó López Valdez, “no tienen identidad, no sabemos en manos de quién están, y esos números están en muchos de los casos en manos de delincuentes que los utilizan para amenazar, extorsionar” y exigir pago de rescate por secuestros.
El perredista Pablo Gómez destacó en tribuna que “este proyecto que se consulta en realidad es una reacción muy tardía de parte del Poder Legislativo a una situación de desorden que existe desde el inicio de la telefonía celular en el país”.
Apuntó que con el sistema de prepago se vendieron aparatos “como si se tratara de chocolates, sin la menor relación del usuario con la empresa telefónica”.
Con esa modificación el concesionario estará obligado a llevar un control de los usuarios de teléfonos móviles.
“Llevarán un registro de todas las llamadas, día con día, fecha, hora y duración de cada una, así como de los mensajes. Por un año deberán conservar toda la información”, señala.
Para adquirir un teléfono celular, el usuario deberá presentar credencial de elector, pasaporte o clave única del registro nacional de población (CURP), así como constancia de domicilio oficial –como recibo de agua, luz o teléfono–, y tendrá que imprimir una huella dactilar.
En el caso de extorsiones telefónicas, la sanción aplicable será de cinco a 10 años de cárcel y de 200 a 500 días de multa, y a los concesionarios que no cumplan con exigir la identificación y el domicilio de los usuarios se les sancionará con 10 mil a 100 mil días de salario minimo.
El pleno también aprobó ayer una reforma al Código Penal Federal por la que se le adicionó el artículo 182-S para que se consolide el marco legal y se traduzca en la posibilidad de dar vigencia a una disposición que autorice la cancelación de líneas telefónicas, fijas o móviles, que sean utilizadas en la consumación de un delito de extorsión o fraude.
Suspensión del servicio
La propuesta de adición a ese artículo la presentó el perredista Tomás Torres Mercado. Dijo que se concederá al Ministerio Público federal, a los de los estados y al del Distrito Federal, en concurrencia, auxilio o coordinación del primero, una facultad discrecional para solicitar directamente y por simple oficio a la Comisión Federal de Telecomunicaciones la “suspensión inmediata del servicio telefónico de referencia”.
El priísta Mario López Valdez, autor de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, afirmó en el pleno: “a mí en lo personal me tocó vivir una experiencia de un secuestro, y cuando tuve la oportunidad de negociar ese secuestro, me llamaban de pronto en el mismo momento de Querétaro, de San Luis Potosí, de Nuevo Léon, de Quintana Roo, de Baja California, y no era más que la oportunidad que tenía el delincuente de utilizar la tecnología para lastimar a la sociedad”.
Añadió que aun cuando mostró a la autoridad los números de los que los plagiarios estaban llamado, no existía “la posibilidad de ejercer ninguna acción de castigo contra ese delincuente”, debido a que en el país existen 80 millones de teléfonos celulares, de los cuales 95 por ciento están en un sistema de prepago.
Es decir, abundó López Valdez, “no tienen identidad, no sabemos en manos de quién están, y esos números están en muchos de los casos en manos de delincuentes que los utilizan para amenazar, extorsionar” y exigir pago de rescate por secuestros.
El perredista Pablo Gómez destacó en tribuna que “este proyecto que se consulta en realidad es una reacción muy tardía de parte del Poder Legislativo a una situación de desorden que existe desde el inicio de la telefonía celular en el país”.
Apuntó que con el sistema de prepago se vendieron aparatos “como si se tratara de chocolates, sin la menor relación del usuario con la empresa telefónica”.
Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 26 de septiembre.
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