El presidente Felipe Calderón anunció el envío de siete iniciativas de ley al Congreso para reglamentar la reforma constitucional en materia penal que incluye la extinción de dominio para permitir el decomiso de bienes producto del narcotráfico, terrorismo, secuestro, delincuencia organizada, lavado de dinero, robo de vehículos o trata de personas.
Además hoy se publicará el decreto que regulará la entrega de recompensas a los ciudadanos que proporcionen información sobre las actividades de los delincuentes.
El presidente Calderón dijo que este paquete de reformas se envía en cumplimiento al compromiso adquirido por el gobierno federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Legalidad y la Justicia.
Los primeros avances se evaluarán hoy en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entre las reformas planteadas por el Ejecutivo se encuentra la regulación de la flagrancia en la comisión de un delito, el aseguramiento preventivo de bienes en poder de la delincuencia, el arraigo domiciliario, la reclusión en centros de máxima seguridad, el derecho de las víctimas de un delito a participar y ofrecer pruebas en un proceso y su protección, así como la de los testigos.
También se incluyen como delitos contra la administración de justicia las conductas cometidas por autoridades que no registren las detenciones de manera oportuna o retengan a un presunto delincuente por más tiempo del que les permite la Constitución.
Las iniciativas que servirán para aterrizar la reforma constitucional penal pretenden dotar de instrumentos para enfrentar al crimen organizado.
El jefe del Ejecutivo recordó que la capacidad financiera de la delincuencia se ha multiplicado y les ha permitido corromper y cooptar, por lo que para detener a los criminales “no basta la acción policiaca, sino que es indispensable atacar las fuentes de su poderío económico”.
Por ello, se propone la Ley de Extinción de Dominio, que permitirá que todos los bienes de los delincuentes sean transferidos al gobierno en un fideicomiso para reparar el daño de las víctimas y brindarles apoyo y asistencia.
Lo que buscamos, explicó el mandatario, es que sus recursos no queden en manos de las organizaciones criminales, además de combatir la práctica común de la delincuencia organizada, de utilizar prestanombres para encubrir el origen ilícito de esos recursos.
En materia penal, el gobierno propone ampliar el concepto de flagrancia para detener a un delincuente no sólo cuando comete un delito, sino “también en el momento inmediato posterior a haberlo cometido”.
Se pide facultar al Poder Judicial para decretar, a petición del Ministerio Público, el arraigo domiciliario de presuntos responsables de un ilícito para el caso de la delincuencia organizada y “medidas especiales” para que puedan ser recluidos en centros de máxima seguridad, para evitar que escapen.
Así como fortalecer las facultades de la policía para recibir las denuncias ciudadanas que no pueden presentarse ante el Ministerio Público Federal y darles facultades de investigación y aseguramiento preventivo de los bienes.
Además se plantean reglas para la protección a las víctimas del delito y testigos.
Claves
Llegan al Senado
El Senado recibió por la noche la miscelánea de reformas penales y de justicia enviada por el presidente Felipe Calderón, con las leyes secundarias que complementarían la reforma constitucional de abril pasado. Será turnada el próximo martes a los legisladores.
El paquete incluye: decreto que expide la Ley de Extinción de Dominio; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Amparo; al Código Federal de Procedimientos Penales; a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
También reformas a las leyes la Policía Federal Preventiva, Orgánica de la PGR; a la federal de Responsabilidades de Servidores Públicos; a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo.
Además hoy se publicará el decreto que regulará la entrega de recompensas a los ciudadanos que proporcionen información sobre las actividades de los delincuentes.
El presidente Calderón dijo que este paquete de reformas se envía en cumplimiento al compromiso adquirido por el gobierno federal en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Legalidad y la Justicia.
Los primeros avances se evaluarán hoy en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entre las reformas planteadas por el Ejecutivo se encuentra la regulación de la flagrancia en la comisión de un delito, el aseguramiento preventivo de bienes en poder de la delincuencia, el arraigo domiciliario, la reclusión en centros de máxima seguridad, el derecho de las víctimas de un delito a participar y ofrecer pruebas en un proceso y su protección, así como la de los testigos.
También se incluyen como delitos contra la administración de justicia las conductas cometidas por autoridades que no registren las detenciones de manera oportuna o retengan a un presunto delincuente por más tiempo del que les permite la Constitución.
Las iniciativas que servirán para aterrizar la reforma constitucional penal pretenden dotar de instrumentos para enfrentar al crimen organizado.
El jefe del Ejecutivo recordó que la capacidad financiera de la delincuencia se ha multiplicado y les ha permitido corromper y cooptar, por lo que para detener a los criminales “no basta la acción policiaca, sino que es indispensable atacar las fuentes de su poderío económico”.
Por ello, se propone la Ley de Extinción de Dominio, que permitirá que todos los bienes de los delincuentes sean transferidos al gobierno en un fideicomiso para reparar el daño de las víctimas y brindarles apoyo y asistencia.
Lo que buscamos, explicó el mandatario, es que sus recursos no queden en manos de las organizaciones criminales, además de combatir la práctica común de la delincuencia organizada, de utilizar prestanombres para encubrir el origen ilícito de esos recursos.
En materia penal, el gobierno propone ampliar el concepto de flagrancia para detener a un delincuente no sólo cuando comete un delito, sino “también en el momento inmediato posterior a haberlo cometido”.
Se pide facultar al Poder Judicial para decretar, a petición del Ministerio Público, el arraigo domiciliario de presuntos responsables de un ilícito para el caso de la delincuencia organizada y “medidas especiales” para que puedan ser recluidos en centros de máxima seguridad, para evitar que escapen.
Así como fortalecer las facultades de la policía para recibir las denuncias ciudadanas que no pueden presentarse ante el Ministerio Público Federal y darles facultades de investigación y aseguramiento preventivo de los bienes.
Además se plantean reglas para la protección a las víctimas del delito y testigos.
Claves
Llegan al Senado
El Senado recibió por la noche la miscelánea de reformas penales y de justicia enviada por el presidente Felipe Calderón, con las leyes secundarias que complementarían la reforma constitucional de abril pasado. Será turnada el próximo martes a los legisladores.
El paquete incluye: decreto que expide la Ley de Extinción de Dominio; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Amparo; al Código Federal de Procedimientos Penales; a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
También reformas a las leyes la Policía Federal Preventiva, Orgánica de la PGR; a la federal de Responsabilidades de Servidores Públicos; a la Ley de Amparo y a la Ley Federal de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo.
Lorena López, Milenio, 19 de septiembre.
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