CNDH y ONG reprueban estrategia de la Segob

Tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como diversas organizaciones sociales reprobaron el Programa Nacional de Derechos Humanos que la Secretaría de Gobernación dio a conocer la semana pasada.

Defensores de derechos humanos, incluido el ombudsman José Luis Soberanes, coincidieron en que el documento sólo se redactó para “salir del paso”, pues integra figuras violatorias de estos derechos y no estipula una política nacional sobre el tema.

Cuestionado desde antes de su aparición, por la demora de dos años en su publicación, este programa no consideró el diagnóstico elaborado en 2003 por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, en el que se establecen los retos y las deficiencias del país en la materia.

Para Soberanes y las asociaciones civiles, este programa es una prueba de la falta de compromiso del gobierno calderonista por la defensa de los derechos humanos.

El plan oficial se publicó de urgencia el viernes 29, dos días antes del segundo Informe de gobierno, porque se hacía referencia al documento.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, opinó sobre el programa: “Lo leí y no me despertó ningún entusiasmo particularmente; creo que fue algo para cumplir, para salir del paso.

“No le veo cuestiones sustanciales ni compromisos reales. Creo que el tema de los derechos humanos sigue siendo la gran asignatura de los gobiernos de este país”, sentenció.

Para Edgar Cortez, de la Red de Organizaciones Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos, “no levanta ninguna expectativa social; nuevamente es un programa que no tiene nada para trascender”.

El documento, añadió, tiene aspectos que difieren de los derechos humanos, como el tema del arraigo, en el que se establece que debe aplicarse bajo los más estrictos criterios legales, cuando se trata de una figura que es contraria por sí misma a los principios del debido proceso y a la presunción de inocencia. Este tipo de señalamientos, consideró el activista, provoca que disminuya la credibilidad.

Además, establece la necesidad de promover una reforma para incluir en la Constitución los derechos humanos; esta propuesta, señaló Edgar Cortéz, la han formulado en reiteradas ocasiones las organizaciones civiles y no ha avanzado.

Al criticar el mecanismo de elaboración, dijo que no tuvo un proceso real, “nítido y diverso” de participación de las organizaciones, pese a que se convocó a foros.

El Centro de Comunicación Social (Cencos) destacó que después de cinco foros regionales de consulta ciudadana que coordinó la Secretaría de Gobernación y cuatro foros organizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los que participaron diversos sectores de la sociedad civil, la propuesta de programa presentada por organizaciones fue rasurada por el Ejecutivo.

El documento de 31 cuartillas si bien menciona cuestiones básicas para una política de Estado que garantice el pleno respeto a los derechos humanos, por otra parte omite el desarrollo del planteamiento jurídico y sólo esboza los objetivos, estrategias y líneas de acción, con lo que el esfuerzo por crear un programa que contenga una política de Estado en materia de derechos humanos que asegure el respeto, protección, promoción y garantía de los mismos queda sólo en un catálogo de buenos propósitos.


Claves
Puntos en favor
Representantes de organizaciones no gubernamentales evalúan que el Programa de Derechos Humanos del gobierno federal tiene puntos positivos, si se logran cumplir.

Entre ellos destacan impulsar la sustitución progresiva y verificable de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública, particularmente las referentes a la actuación policial.

Igualmente garantizar que el uso de la fuerza sólo será aplicado como último recurso y con estricto apego a las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad, en función de la amenaza existente.

También impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar, acordes con los compromisos internacionales adoptados en materia de derechos humanos por el Estado mexicano.

Además garantizar la prohibición de exigir certificados de no gravidez para la mujer cuando busque empleo, así como la promoción de acciones afirmativas y diversas acciones en materia de no discriminación y salud sexual y reproductiva.

Eugenia Jiménez, Milenio, 7 de septiembre.


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